El 10 por ciento del territorio argentino está en manos de extranjeros o a la venta, según un estudio elaborado por la Federación Agraria Argentina y ratificado por el propio gobierno nacional. La extranjerización del suelo es un tema de debate que ya alcanzó estado parlamentario y convocó duras críticas en un documento de la Iglesia Católica.

 

La cuestión de las tierras es, junto a la explotación minera y la reciente estatización de algunos servicios públicos, parte de un conjunto de temas en los que el gobierno prefiere el silencio, si bien las tres cuestiones son un manojo de llaves para abrir las puertas a un desembarco empresario sin control. A diferencia de la década menemista, donde la venta de activos del Estado fue el negocio, ahora está en juego la integridad territorial y sus recursos naturales. El acceso a grandes extensiones de tierra, desde la década de 1990, permitió la diversificación de la inversión extranjera que, además de integrarse a los procesos de privatización de empresas estatales, desembarcó en el campo. Así fueron llegando silenciosamente empresarios estadounidenses, británicos, italianos, canadienses y belgas.

 

A mediados de 2004 la Federación Agraria contaba que unos 31,4 millones de hectáreas correspondientes a las mejores tierras cultivables del país estaban en venta o en proceso de ser vendidas a inversores extranjeros. De esa cifra, 17 millones (53,8 por ciento) ya habían sido vendidas a conglomerados extranjeros mientras que unos 14,5 millones (46,2 por ciento) estaban hipotecadas en la banca pública.

 

La concentración en la propiedad de tierras aumentó a partir de 1996 cuando la aprobación para la venta de campos en zonas de seguridad a extranjeros pasó a depender de la Secretaría de Seguridad Interior. Esta repartición era la responsable de cumplir con la ley de tierras en zonas fronterizas, dictada por el general Edelmiro Farrell en 1944, cuando Juan Perón era su vicepresidente. La ley sostiene la “conveniencia nacional de que los bienes ubicados en zonas de seguridad pertenezcan a ciudadanos argentinos nativos”. Con ese argumento Farrel y Perón expropiaron tierras a extranjeros para preservar el territorio nacional.

 

Nuevos Campesinos

 

Pero las cosas cambiaron y ahora los mayores terratenientes del país, después del Estado, dueño de las tierras fiscales, son los italianos Carlo y Luciano Benetton, con un millón de hectáreas productivas en la Patagonia. La empresa chilena Arauco, asociada con capitales argentinos, compró casi el 6 por ciento del territorio de Misiones. El inglés Charles Lewis es el dueño de la mayor parte de El Bolsón y el Lago Escondido, en la frontera con Chile. El grupo estadounidense aig posee en Salta 1,5 millones de hectáreas, casi el 7 por ciento de la superficie de la provincia. El magnate Ted Turner compró 55 mil hectáreas en Neuquén y Tierra del Fuego.

 

Las empresas mineras y los emprendimientos turísticos para la práctica de deportes invernales también compraron tierras en toda la extensión de la cordillera de los Andes. El mayor propietario privado de recursos naturales (como el agua), tanto en la Patagonia como en los esteros del Iberá, en Corrientes, es el magnate estadounidense Douglas Tompkins. Tiene en sus tierras la naciente y la desembocadura del río Santa Cruz, el más caudaloso de la Patagonia, desde la cordillera al Atlántico.

 

Expropiación en puerta

 

Frente a esta realidad, la diputada kirchnerista Araceli Méndez de Ferreira, de la provincia de Corrientes, presentó un proyecto de ley para expropiar tierras estratégicas para la seguridad y soberanía nacionales y a favor de las comunidades aborígenes. La acompañan con el proyecto 30 diputados oficialistas, de la ari, la Unión Cívica Radical y el Partido Socialista. “La apropiación de recursos naturales de carácter estratégico, como el agua, puede provocar consecuencias fatales a mediano plazo para la población argentina en su conjunto, con la consiguiente afectación de los derechos humanos fundamentales de sus habitantes”, señala en sus fundamentos.

El proyecto apunta directamente al estadounidense Douglas Tompkins, que en Corrientes está asentado sobre el Acuífero Guaraní, y compró tierras cortando caminos de comunicación entre pobladores chacareros.

 

Palabra de Dios

 

La Iglesia Católica también se muestra preocupada a través del documento de más de cien páginas “Una tierra para todos”, cuya elaboración demandó casi siete años y en el que participaron varias comisiones de la Conferencia Episcopal. Allí denuncia que “la falta de una política estatal fundada en una equilibrada distribución de las tierras rurales, en el marco del predominio de una concepción utilitaria de la propiedad como un bien de mercado y no como bien social, fue generando en nuestro país un fuerte proceso de concentración de las tierras productivas”.

 

Los obispos sostienen que “este proceso, con casi tres décadas de duración, continúa actualmente vigente y afecta principalmente a pequeños y medianos productores agrícolas”, debido a que “el principal factor de concentración no es la ampliación de la frontera agrícola por ventas de tierras fiscales, sino la venta de derechos de posesión de pequeños productores empobrecidos a grandes corporaciones de capitales, nacionales y extranjeras”. Se trata de un documento comprometido en una nueva etapa de la Iglesia, oxigenada con la llegada del cardenal Jorge Bergoglio a la conducción.

 

Una encuesta elaborada en marzo pasado asegura que el 60 por ciento de la población teme que el país pierda soberanía si las tierras pasan a manos extranjeras. Lo cierto es que desde el gobierno optaron por ignorar el tema y hasta el jefe de gabinete, Alberto Fernández, asegura que “no estamos propiciando una expropiación de territorios”.

 

Fabián Kovacic

Convenio Brecha-Rel-UITA

18 de setiembre de 2006