Se trata de la empresa española ENCE y de la finlandesa
Botnia, las cuales recibirían a cambio de 30 mil dólares
anuales y por un plazo de 30 años, dos predios de 384 y 550
hectáreas respectivamente. Además, Amigos de la Tierra
planteó a LA REPUBLICA que "el gobierno del presidente Jorge
Batlle continúa con su política de entrega de la soberanía
nacional cuando falta menos de un mes para que un nuevo
gobierno sea elegido en las elecciones nacionales el próximo
31 de octubre".
Amigos de la Tierra indicó que "según las fuentes del Poder
Ejecutivo, la concesión de la Zona Franca era un requisito
trascendente para que la empresa Botnia se decidiera
finalmente a realizar la inversión necesaria para emplazar
una planta de celulosa en la zona de Fray Bentos, sobre el
río Uruguay". Además, este tipo de acción se basa en "que la
actividad forestal en Uruguay es fuertemente subsidiada por
el Estado a partir de la llamada Ley de Promoción Forestal
del año 1988, la cual promete la generación de gran cantidad
de puestos de trabajo y el ingreso de divisas al país por el
aumento de las exportaciones. A cambio las empresas que se
dedican a la explotación forestal reciben exoneraciones
impositivas, líneas de créditos altamente favorables e
inversiones en infraestructura realizadas por el Estado".
En cuanto al monto dedicado en nuestro país a la forestación
Amigos de la Tierra puntualizó: "Desde la aprobación de la
mencionada ley al año 2000, el Estado destinó a la
forestación más de 69 millones de dólares en subsidios
directos, 55 millones más en las líneas de créditos y 234
millones mas como inversiones en infraestructura".
Amigos de la Tierra destacó que "el gobierno del presidente
Jorge Batlle, a escasos cinco meses de dejar su cargo,
decide otorgarle a las dos empresas forestales mencionadas
dos predios para funcionar como zonas libres de impuestos.
Sin tener en cuenta la tierra que les falta a miles de
familias uruguayas para producir su sustento, la tierra que
no se les otorga mediante el Instituto Nacional de
Colonización a miles de asalariados rurales que la exigen
desde hace años para trabajar, esa tierra va a parar a manos
de empresas forestales extranjeras por treinta años".
Diario La República
15 de Octubre de 2004
