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Un estudio determina
que 2006 fue el año de mayor producción de petróleo y que en 2007 comenzaría a
reducirse paulatinamente, al tiempo que se incrementa la producción de
agrocombustibles.
En América Latina,
Uruguay y Colombia serían “tierra fértil”
para la producción de
agrodiesel.
El año 2006 marcó el momento
de producción máxima de petróleo crudo en el mundo. Un estudio de Energy Watch
Group (EWG), una ONG alemana de investigación y análisis de
políticas energéticas, llega a la conclusión de que las reservas de crudo
actualmente comprobadas se agotarían en 28 años y no en 42 como se había
calculado hasta ahora.
Los cálculos de EWG
parten de los patrones de descubrimiento y producción actuales, en lugar de
basarse exclusivamente en información sobre reservas comprobadas. A partir de
este último dato, la Agencia Internacional de Energía1
(AIE)
y la Administración de Información Energética de Estados Unidos llegan a valores
de disponibilidad tres veces más altos.
En un entorno de expansión
económica y de creciente demanda de combustibles, tanto la información más
pesimista -tal la proporcionada por el EWG-, como las más optimistas
acerca de las reservas de petróleo disponibles conllevan un mensaje inequívoco:
el crudo, en tanto fuente de energía fósil, se está terminando. Con ello aumenta
la necesidad de incorporar otros combustibles, de origen vegetal, al tiempo que
se plantea la pregunta: ¿dónde ampliar las plantaciones de caña de azúcar,
palmeras aceiteras, soja, maíz y colza?
En el caso del agrodiesel,
se han identificado varios países emergentes como destinos atractivos para las
inversiones destinadas a la producción de carburantes vegetales, para completar
la lista de los principales productores, hasta el momento Estados Unidos,
Brasil, Argentina, Malasia, Indonesia, Países
Bajos, Alemania, Bélgica y España. Según un estudio
reciente de los investigadores Matt Johnston y Tracey Holloway,
del Centro para la Sustentabilidad y el Ambiente Global (SAGE, por sus
siglas en inglés) del Instituto Nelson de la Universidad de Wisconsin
(EE.UU.), que compara 226 países, cinco de ellos estarían en buenas
condiciones para atraer inversiones para la producción de agrodiesel, por
ofrecer bajos costos de producción, seguridad jurídica y buenas condiciones
políticas generales: Malasia, Tailandia, Colombia,
Uruguay y Ghana. Todos los países en conjunto podrían producir 51 mil
millones de litros anualmente, cubriendo entre 4 y 5 por ciento de la demanda
anual de petróleo. Ante el crecimiento de la demanda, amparada y estimulada por
disposiciones tendientes a aumentar la participación de los agrocombustibles en
el consumo total de combustibles, sobre todo en la Unión Europea,
Brasil y EE.UU., es de esperar que la superficie dedicada a
plantaciones para agrocombustibles en lugar de cultivos para la alimentación
aumentará fuertemente.
Tanto en Colombia
como en Uruguay la legislación vigente estimula las plantaciones con
fines de producción de agrocombustibles. En el caso de Colombia la Ley
818, de julio de 2003, enmendada por la Ley 939, de diciembre de 2004, y varios
decretos de reglamentación establecen exoneraciones fiscales a la producción de
la palma de aceite, entre otros, por un plazo de diez años.
También en Uruguay
las inversiones destinadas a la producción de agrocombustibles se consideran “de
interés nacional”, y el Poder Ejecutivo está facultado para exonerarlas parcial
o totalmente del pago de impuestos. La Ley 17.567, “Combustibles alternativos,
renovables y sustitutivos de los derivados del petróleo elaborados con materia
prima nacional de origen animal o vegetal”, fue publicada en el Diario
Oficial el 29 de octubre de 2002. Su sanción ocurrió en medio de una crisis
económica, financiera y social devastadora.
Actualmente, el Parlamento
uruguayo está estudiando un proyecto de ley sobre la producción, la
comercialización y la utilización de agrocombustibles presentado por el gobierno
en julio de 2006. Este proyecto se inscribe en la misma lógica de la legislación
sobre la exoneración tributaria de plantaciones forestales, a partir de 1987,
que sirvió como punto de partida para el desarrollo de los monocultivos de
eucaliptos y pinos para la fabricación de celulosa.
Una vez más, queda sin
calcular el costo social, ambiental y económico real para la economía en su
conjunto, así como el impacto efectivo sobre el empleo en el país, ponderando
los puestos de trabajo creados por los nuevos sectores de producción, por un
lado, y aquellos que se podrían perder en otras ramas de actividad, por el otro.
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