Últimamente, desde distintos ámbitos, se han apuntado los preocupantes impactos de los agrocombustibles (mal llamados "biocombustibles") en los países del Sur. En particular, se ha destacado la huella ecológica que generarán las políticas principalmente europeas, estadounidenses y japonesas que promueven el uso a gran escala de biocarburantes en el transporte. Se han detallado los problemas que ello tendrá sobre la pérdida de soberanía alimentaria, a lo que se añade un inevitable sentimiento de desconfianza en términos ambientales que no puede dejar de inspirar un modelo agrícola sustentado directamente en el petróleo, la contaminación del agua y la deforestación. Al preguntarse sobre a quién benefician en realidad los agrocombustibles, varios investigadores comienzan a describir la convergencia de los agro-petronegocios que permite los matrimonios DuPont-BP, Abengoa-General Motors, Repsol-Acciona, etc.

Nada de ‘bio’

Pero ahí no se acaba todo: el biodiesel y el bioetanol no se teletransportan de los campos a los tanques de gasolina. Y aquí se ubica un aspecto muy poco ‘bio’ en el auge de los agrocombustibles: La creciente necesidad de integración de infraestructuras que implica su transporte y exportación. Salen a la luz entonces el -lamentablemente- resucitado Plan Puebla Panamá (PPP) y la Iniciativa para la Integración de las Infraestructuras Sudamericanas (IIRSA). Estos megaproyectos consideran a la rebelde geografía latinoamericana como un obstáculo para la extracción de materias primas y el transporte de mercancías. Su misión es doblegarla mediante corredores intermodales de autopistas, represas hidroeléctricas, hidrovías, tendidos eléctricos, oleoductos, etc. Ni qué decir de los importantes beneficios que estos proyectos traerán a empresas como las españolas Iberdrola y Gamesa (parque eólico en México), ACS (gestión portuaria y dragados en Brasil) e incluso a desconocidas consultoras como TYPSA o Norcontrol.

A pesar de las promesas de ‘desarrollo local’ que hacen (evocando la agotada teoría del ‘derrame de riqueza’), resultan nefastos porque se sitúan sobre territorios indígenas y comunidades campesinas, y atraviesan zonas de alta biodiversidad. En su diseño ha participado, sin ninguna consulta de las poblaciones locales, una de las principales entidades generadoras de deuda del continente, y de la cual España es miembro: el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Esta entidad promueve hoy los agrocombustibles de distintas maneras.

El banco estima que a América Latina le tomará 14 años convertirse en una zona productora de biodiesel y bioetanol y que se requerirán 200.000 millones de dólares. Por un lado apoya la expansión de cultivos de palma de Colombia y de caña de azúcar y soja en la amazonía brasileña. El propio presidente del BID, Luis Alberto Moreno, codirige un grupo del sector privado, la Comisión Interamericana del Etanol, conjuntamente con Jeb Bush (ex gobernador del Estado de Florida) y el ex primer ministro japonés Junichiro Ko zumi.

Por el otro lado le importa asegurar un fluido vaciado de los commodities hacia los puertos, no únicamente atlánticos, sino también del Pacífico, de cara a los mercados asiáticos. Así, recomienda a Brasil gastar en infraestructuras 1.000 millones de dólares por año durante 15 años. Aspira también a acelerar proyectos de IIRSA rechazados por la sociedad civil, como por ejemplo la Hidrovía Paraguay-Paraná-Plata, el proyecto de navegabilidad del Río Meta, el Complejo del Río Madera, Ferro Norte (red ferrovial que conectaría a los sojeros estados de Paraná, Mato Grosso, Rondonia y São Paulo). Ante todo esto, evitar la intensificación de estos megaproyectos, con la deuda externa y ecológica que generan, es otra razón más para denunciar la insostenibilidad de los bionegocios, ser originales y cambiar de modelo de desarrollo.

Mónica Vargas Collazos

Tomado de diagonalperiodico.net

5 de julio de 2007

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