Cada 3 de diciembre, día en que se conmemora la muerte en Bhopal, India, de miles de personas como consecuencia de un “escape” masivo de agrotóxicos, es habitual que en cada país se realicen campañas de denuncia y de prevención sobre las consecuencias del empleo de plaguicidas.

El actual sistema mundial de alimentación es insostenible y socialmente injusto, ya que cada día deja hambrientos a más de 840 millones de personas, violando el derecho de todos a una adecuada nutrición. Entre los que sufren hambre, cientos de millones son trabajadores agrícolas, cuyo trabajo –vaya paradoja– es explotado para la producción de alimentos. Se trata de un sistema que genera 545 mil millones de dólares anuales en exportaciones del sector agropecuario, en tanto que 8 millones de personas mueren cada año de hambre y de enfermedades relacionadas con el hambre.

Este sistema promueve métodos de producción que envenenan anualmente, con agrotóxicos, entre 3 y 4 millones de trabajadores rurales y mata un promedio de 3.300 trabajadores rurales todos los meses. Además, impacta negativamente en otros aspectos sociales, además de los económicos y ambientales.

Este 3 de diciembre se cumple un nuevo aniversario (el vigésimo) de la muerte en Bophal de 8.000 personas, envenenadas tras el escape de más de 40 toneladas de isocianato de metilo, cianuro de hidrógeno y otros gases que se filtraron de la fábrica Union Carbide Corporation. La cifra de seres humanos afectados por este accidente ha ido en ascenso a lo largo de estos años, llegando a 16.000 el número de fallecidos a causa de enfermedades relacionadas con aquella exposición. Cada 3 de diciembre no sólo se recuerda aquel hecho sino que en todo el mundo los grupos sociales suelen subrayar las graves consecuencias sobre la salud humana del uso de plaguicidas y promocionar prácticas agrícolas alternativas.

La situación en Uruguay

Uruguay no está libre de este modelo. En zonas productivas del país el uso de agrotóxicos es indiscriminado, con las consecuencias previsibles sobre personas y ambiente. En este país hay unos 95 mil trabajadores rurales asalariados. De ellos, quienes están más expuestos a los agrotóxicos son los que laboran en la horticultura protegida (invernaderos), la citricultura y la fruticultura.

Recientemente, el decano de la Facultad de Agronomía, Gonzalo Pereira, señaló que en los últimos siete años la importación de herbicidas se había incrementado en 417 por ciento y la de insecticidas en 52, mientras se habían acumulado cada año 400 toneladas de envases plásticos de agroquímicos en el campo.

Los efectos negativos de los agrotóxicos comenzaron a ser denunciados en Uruguay desde 1992, año en que se detectó por primera vez en el país la presencia de agrotóxicos clorados en bebes recién nacidos y en leche materna de mujeres que no trabajaban en la agricultura, suponiéndose que se habían contaminado por los alimentos ingeridos. (1)

En 2000, un estudio indicaba que en Uruguay se comercializaban 43 plaguicidas prohibidos, retirados, severamente restringidos o no aprobados por diferentes gobiernos. Entre ellos se encontraban: Aldicarb, Bromuro de metilo, Carbofuran, Metamidofos y Paraquat, entre otros. (2)

En las zonas del planeta donde se emplean altas dosis de agrotóxicos se han detectado malformaciones en recién nacidos. En Uruguay ese es el caso de las áreas arroceras. (3)

La principal causa de muerte de personas intoxicadas, según el Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico (CIAT) de la Facultad de Medicina, es precisamente la contaminación por agrotóxicos, que a su vez ocupa el segundo lugar en la estadística general de intoxicaciones. (4)

Los trabajadores citrícolas uruguayos vienen denunciando desde 1998 las fumigaciones aéreas sistemáticas de los cultivos, fundamentalmente con malation, en el mismo momento en que ellos realizan actividades en los montes.

La mayor parte de la red fluvial del Uruguay presenta altos niveles de contaminación por agrotóxicos. Los casos más graves se dan en los departamentos de Montevideo y Canelones, donde se concentra el grueso de la industria y de la población del país. En el Río de la Plata se han detectado residuos de insecticidas clorados (Aldrin, Dieldrin y DDT), los cuales seguramente provienen de tierras agrícolas que, a través del agua de lluvia, son depositados en ríos y arroyos. (5)

Este año, la localidad de Quebracho, departamento de Paysandú, fue escenario de un desastre ambiental. Según denunció el diario "El Telégrafo" de Paysandú, “a partir del domingo 7 de marzo 2004 –e incluso antes– vecinos de la zona vieron bagres, bogas, dorados y todo tipo de mojarras muertos en el arroyo Guaviyú”. La Intendencia Municipal reconoció que "el desastre fue consecuencia del lavado en el arroyo de maquinaria y/o recipientes utilizados en aplicaciones de agrotóxicos por parte de algún productor rural aguas arriba", y precisó que "en la zona se planta soja y luego de la lluvia los productores realizan aplicaciones con agrotóxicos". (6)

El análisis de las muestras de agua y de peces muertos tomados en el arroyo arrojó la presencia de los insecticidas cipermetrina y endosulfan en concentraciones hasta diez veces superiores a las autorizadas.

En Bella Unión y Cainsa, centros poblados del nórdico departamento de Artigas, fronterizo con Brasil, sus habitantes son regularmente fumigados con agrotóxicos por aviones que realizan aplicaciones indiscriminadas de esos productos. Esta situación se repite año a año, y puede tener consecuencias terribles sobre la salud de las personas, fundamentalmente de los niños, así como perjudicar severamente a otras actividades productivas que se desarrollan en la zona, como el cultivo del tomate, el durazno, el maíz dulce, el melón, los viñedos, las huertas familiares, la horticultura a campo, la apicultura, entre otras.

Organizaciones sociales de esas zonas han reclamado que:

• se alerte a los trabajadores y a la población local acerca de los riesgos que genera la aplicación de agrotóxicos;

• se difunda, a través de los medios de comunicación (radios, periódicos y televisión) los momentos y lugares de las fumigaciones;

• se evite el pasaje de los aviones fumigadores por sobre los centros poblados;

• se opte por tratamientos con menores dosis o alternativos.

Por otra parte han convocado a los organismos estatales competentes a tomar cartas en el asunto y pronunciarse públicamente, a fin de proteger la salud pública y el ambiente.

Como consecuencia de estos reclamos, en mayo último el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca prohibió “las aplicaciones aéreas de productos fitosanitarios en todo tipo de cultivo a una distancia inferior a 500 metros de cualquier zona urbana o suburbana y centro poblado."

Sin embargo, la situación permanece incambiada. Y se ha agravado desde que en Bella Unión, en el barrio Las Láminas, en el Pueblo Cuareim y en la localidad de Cainsa para esta zafra se ha sembrado arroz a pocos metros de esos centros poblados.

Reflexiones y propuestas

Aunque es posible que los empleadores, la industria comercializadora de agrotóxicos y los asesores –inclusive los del gobierno– afirmen lo contrario, en la práctica siempre existe un efecto negativo relacionado con el uso o la exposición a los agrotóxicos, tanto para la salud de los ciudadanos como para el ambiente en general. En Uruguay se inicia un período nuevo, marcado por la llegada por primera vez de la izquierda al gobierno, en marzo, en el cual se deben incorporar estos temas a la agenda del sistema político para impulsar, junto a éste y a las organizaciones de la sociedad civil que han venido denunciando estas situaciones, políticas agrarias alternativas.

Uruguay se comprometió en estos años –a partir de normativas nacionales y de la ratificación de convenios y protocolos internacionales– a dejar de utilizar algunos de los plaguicidas más cuestionados a nivel mundial y que aquí aún se siguen empleando. Entre los acuerdos internacionales ratificados por el país figuran el Protocolo de Montreal, para eliminar el uso del bromuro de metilo, el Convenio de Estocolmo, para eliminar el uso del mirex y el DDT, y el Convenio 184 de OIT sobre Salud y Seguridad en la Agricultura.

Estas leyes y normativas deben ser ahora instrumentadas, con participación de los sindicatos de trabajadores rurales, las gremiales de productores, la Universidad de la República y los organismos gubernamentales competentes.

Ya casi nadie pone en duda los valores de calidad, tanto nutritiva como ambiental, de una agricultura basada en criterios ecológicos. Es muy probable que hoy ningún agricultor se sienta orgulloso de una agricultura convencional basada en el uso indiscriminado de agrotóxicos y el despilfarro de energía, teniendo en cuenta los riesgos que este tipo de producción agraria presentan para la salud humana y el medio ambiente y su dependencia de insumos externos innecesarios, que dejan en los sistemas productivos poco margen económico para los agricultores.

El desarrollo de las pequeñas producciones agrícolas apunta a la preservación de la soberanía alimentaria, un concepto que se ha mostrado clave en momentos de crisis y que permite descubrir los valores de multifuncionalidad de la agricultura, especialmente por su papel en la conservación del ambiente y la salud de los ciudadanos.

La trasnacionalización del sector agropecuario uruguayo ha generado una creciente concentración de los recursos y del capital y una continua pérdida de autonomía de los productores familiares, así como favorecido la emigración rural, afectando negativamente la equidad social en el campo. Por lo tanto, es legítimo dudar de la sustentabilidad del crecimiento del agro uruguayo.

Las principales demandas de los pequeños productores familiares y los trabajadores –responsables de la mayor parte de la producción de alimentos– pasan por la implementación de políticas agrarias que vayan más allá de lo productivo y se adecuen a sus necesidades y a las del resto de la ciudadanía.

Leonardo de León

© Rel-UITA

3 de diciembre de 2004

Notas:

(1) Pedro de.Salterain, Agricultura, Plaguicidas y Contaminación Ambiental. Montevideo. Item, Redes. 1992. 115 pp.

(2) Elola S, Agrotóxicos "remedios peligrosos". Análisis de la situación de los plaguicidas más tóxicos en Uruguay. Ed.: RAP-AL y CEUTA, 1994.

(3) M Chiappe y D. Piñeiro. “La agricultura uruguaya en el marco de la Integración Regional y su impacto sobre la sustentabilidad”. Ponencia presentada al V Congreso Latinoamericano de Sociología Rural-Alasru. Universidad Autónoma de Chapingo, México, 13 al 18 de octubre de 1998.

(4) L Banchero y S. Kausas. Consecuencias en la salud del uso de agrotóxicos en el área de influencia de la Soc. De Fom. Rural de Sta. Rosa, Facultad de Agronomía, Montevideo. 1989.

(5) M Chiappe y D. Piñeiro, “La agricultura uruguaya en el marco de la Integración Regional y su impacto sobre la sustentabilidad”, ponencia presentada al V Congreso Latinoamericano de Sociología Rural-Alasru. Universidad Autónoma de Chapingo. México, 13 al 18 de octubre de 1998.

(6) Diario "El Telégrafo", 13 de marzo de 2004. www.eltelegrafo.com