En 
                    los últimos cuatro días, cuatro activistas de la Campaña 
                    para la Justicia en Bhopal han llevado a cabo una huelga de 
                    hambre para exigir al Gobierno de la India que extendiese un 
                    certificado de "no objeción", necesario para seguir adelante 
                    con los trámites legales que se llevan a cabo en Estados 
                    Unidos para conseguir la limpieza de los restos de la mayor 
                    catástrofe industrial de la historia.
                    
                     
                    
                    
                    Los responsables de la Campaña aseguran que 5.000 toneladas 
                    de basura contaminada siguen junto a la planta de la empresa 
                    Union Carbide –ahora subsidiaria de Dow Chemical– en 
                    Bhopal, y que su limpieza puede costar unos 500 millones de 
                    dólares, por lo que exigen a los tribunales de Estados 
                    Unidos que obliguen a pagarla a la compañía.
                    
                     
                    
                    En 
                    diciembre de 1984, la planta de Unión Carbide en Bhopal, la 
                    capital del estado central indio de Madhya Pradesh, tuvo un 
                    escape de 27 toneladas de gas letal, que causó la muerte 
                    inmediata a unas 8.000 personas.
                    
                     
                    
                    
                    Según los datos de la Campaña para la Justicia en Bhopal, 
                    otras 12.000 personas han muerto posteriormente, al tiempo 
                    que las enfermedades degenerativas se han extendido en la 
                    zona, donde miles de niños han nacido con malformaciones en 
                    las últimas dos décadas. lo que eleva la cifra de afectados 
                    a más de 150.000.
                    
                     
                    
                    
                    Union Carbide aceptó la "responsabilidad moral" por el 
                    accidente y pagó 470 millones de dólares por un acuerdo 
                    realizado en 1989, sin ir a juicio, pero las compensaciones 
                    solicitadas son mucho más elevadas. 
                    
                    
                     
                    
                    
                    EFE
                    
                    
                    24 de junio de 2004