-Usted fue coordinador del proyecto de Incidencia y Educación para Eliminar Plaguicidas en América Central. Entre el 3 y el 5 de mayo pasados tuvo lugar la fase final de evaluación de ese proyecto. ¿Cuáles fueron los logros más importantes del mismo?

-Cuando comenzamos el proyecto la RAPAC prácticamente era desconocida. En el evento se pudo notar ahora que la red ya es una autoridad en materia de plaguicidas, tiene un reconocimiento de diferentes instancias. Allí participaron la diputada Violeta Menjívar, presidenta de la Comisión de Salud y Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa, el director general de Sanidad Animal y Vegetal del Ministerio de Agricultura y Ganadería, representantes de alcaldías, universidades, autoridades de Nicaragua. Se ha trabajado en cuatro países de la región, en buscar presionar desde la ciudadanía para lograr la prohibición de los 12 plaguicidas que más daño causan en América Central.

Pudimos colocar el tema en la agenda de los distintos países: en el caso de El Salvador y Nicaragua en las Comisiones Nacionales de Plaguicidas, en Guatemala en el Congreso, en El Salvador la Asamblea Legislativa debe todavía pronunciarse respecto a este tema y en Honduras se ha conversado con los funcionarios encargados de tomar decisiones en la materia. Si el proyecto no se hubiera realizado, este tipo de discusión no hubiera alcanzado el nivel que alcanzó, y sobre todo el conocimiento de la gente, de los periodistas, que ya tienen el asunto agendado.

-¿Cuáles fueron los objetivos fundamentales del proyecto?

-Con la Red de Acción en Plaguicidas pretendemos incidir sobre las investigaciones que determinan cuáles son los plaguicidas que nos causan daño y lograr que se prohíba o limite su uso. Al mismo tiempo, tratamos de ofrecer alternativas de producción orgánica, porque la Red no sólo debe criticar, denunciar, sino también proponer. En ese sentido, hemos presentado un proyecto de ley de promoción y fomento de la producción agropecuaria orgánica nacional con énfasis en los pequeños y medianos agricultores. Esta propuesta ha caído muy bien entre los legisladores de la comisión de Ganadería y Agricultura de El Salvador.

Sabemos que es difícil para el agricultor pequeño y mediano independizarse de los agroquímicos si no hay un programa de gobierno que los apoye. Con el proyecto apuntamos a que se creen instancias gubernamentales en esa vía. Presentamos un plan para la instauración de una Dirección General de Agricultura Orgánica, financiada por impuestos, que debería realizar actividades de capacitación y otorgar incentivos para que el agricultor se dedique a la agricultura orgánica y pueda certificar su producto, organizar ferias, mercadear mejor y promover en los mercados internacionales a los productos orgánicos. Contamos con que en poco tiempo el proyecto sea aprobado por el parlamento.

Paralelamente, estamos haciendo alianzas con diversas organizaciones no gubernamentales que trabajan con los agricultores, organizaciones de desarrollo local comprometidas con el medio ambiente, con los consumidores.

Ahora bien, los trabajadores agrícolas no perciben suficientemente la importancia que tiene este tema para su propia seguridad, su propia salud, pese a que según establecen todas las estadísticas (tanto a nivel nacional como de la Organización Panamericana de la Salud) el 90 por ciento de los intoxicados por el uso de plaguicidas son precisamente los trabajadores agrícolas.

-La UITA está promoviendo a nivel mundial la ratificación del convenio 184 y la recomendación 192 de la OIT, referidas a la salud y la seguridad en la agricultura.

-En la RAPAC, seguramente apoyaremos esa preocupación. Todo lo que contribuya a la salud de los trabajadores agrícolas, al respeto del medio ambiente va en el sentido de nuestra lucha, por lo cual no veo ningún problema para respaldar esta iniciativa.

-¿Cómo valora usted el cumplimiento de los objetivos del proyecto?

-Las actividades previstas se cumplieron todas, e incluso se hicieron más que las programadas. Así fue que alcanzamos un nivel de participación ciudadana muy importante: en todas las iniciativas que presentamos a los diferentes organismos nos acompañó la gente, e incluso se logró que se interesaran los periodistas. Sin embargo, nos queda el saborcito amargo de no haber podido hasta ahora lograr que se prohibieran los 12 plaguicidas. Hay que tener en cuenta que nos enfrentamos a un rival muy poderoso como los vendedores de agroquímicos, que tienen una enorme influencia en los niveles políticos de todos los países. Ellos también han jugado su partido. Aun así, hemos llegado a concienciar a muchos políticos. Aquí en El Salvador la Comisión Nacional de Plaguicidas limitó el uso de los 12 agroquímicos cuestionados. En 10 meses se va a evaluar el resultado de tal medida, y veremos si con esas restricciones se logra reducir el número de intoxicados.

Marcial Cabrera

© Rel-UITA
21 de mayo de 2004