Seis toneladas de agrotóxicos prohibidos serán

enviadas a Francia para su incineración. En el marco de un plan regional financiado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), las instituciones nacionales analizan medidas que contemplan la prohibición y restricción progresiva de sustancias altamente nocivas, y la destrucción de los remanentes de Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs). Para conocer los detalles de este programa, Sirel conversó con Helio Zamora, director de Seguridad Química de la Dirección de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (MARENA).

-¿Cuáles son las características del programa para la eliminación de los remanentes de COPs en Nicaragua?

-Es parte de un proyecto a nivel mesoamericano financiado por la OPS, en coordinación con los ministerios de Agricultura, Salud y Ambiente de los diferentes países, para la eliminación de los remanentes de DDT en la región. Como en Nicaragua el DDT no se utiliza y los remanentes, unas diez toneladas, fueron eliminados hace años, pedimos a la OPS poder incluir en el proyecto la eliminación de un poco más de seis toneladas de COPs que todavía están almacenados.

-¿Qué tipo de investigación se hizo para detectar esta cantidad de agrotóxicos?

-En 1998 se hizo un inventario en todo el país que nos llevó a eliminar unas 400 toneladas de agrotóxicos a través de un proyecto financiado por el Banco Mundial. Lo que hicimos ahora fue un reinventario para detectar qué había pasado con los remanentes que no se habían podido destruir en aquel entonces. Descubrimos estas seis toneladas de COPs y otras 30 de otro tipo de agrotóxicos que pensamos poder destruir más adelante.

-¿Para cuándo se tiene previsto la eliminación de estas seis toneladas?

-Una vez que la OPS aceptó nuestra propuesta de incluir en el programa las seis toneladas de COPs, comenzamos a trabajar con los ministerios de todos los países de la región, utilizando los formularios del Convenio de Basilea que regula la exportación y movimientos transfronterizos de desechos peligrosos, y con la filial colombiana de la empresa francesa TREDI, que ganó la licitación.

El proyecto es muy grande y complejo y prevé recoger en diferentes puertos del Océano Atlántico los remanentes de todos los países, para después llevarlo a Francia para su incineración. Se trata de un programa totalmente gratuito para los países ya que está financiado enteramente por la OPS. Como hubo varios atrasos por lo complicado que resultó la coordinación entre todos los países, y los diferentes permisos y requisitos que pedía el gobierno francés, se tiene previsto concluir el envío antes de que finalice el año.

-¿Qué piensan hacer con las 30 toneladas que todavía están en el país?

-Como firmante del Convenio de Estocolmo, Nicaragua tiene que priorizar la eliminación de los COPs y en este sentido estamos cumpliendo. Las 30 toneladas de remanentes de otros tipos de agrotóxicos que tenemos aseguradas y contabilizadas, las queremos eliminar el próximo año a través de un proyecto del Fondo Mundial del Ambiente (GEF, por sus siglas en inglés) en conjunto con el PNUD, en el marco del Convenio de Estocolmo mismo.

-La Ley 274, que regula y controla los agrotóxicos y otras sustancias tóxicas, prevé que sean los mismos importadores quienes se hagan cargo de los costos de eliminación de los remanentes. ¿Cómo se está manejando ese tema?

-Cuando en 1998 se eliminaron las 400 toneladas de agrotóxicos, el Estado de Nicaragua fue quien financió el programa, ya que el Banco Mundial otorgó un préstamo y no una donación. En el caso de las seis toneladas, sólo se logró detectar una empresa privada que tiene remanentes, mientras que los otros son remanentes de instituciones estatales. Estamos hablando aproximadamente de una media tonelada que excede las seis que ya fueron incluidas en el programa de la OPS, así que estamos pidiendo a esta empresa que aporte para que se eliminen también estos desechos. En este sentido la Ley 274 nos respalda en nuestra demanda.

-Nicaragua vive una situación de fuerte contaminación por el uso indiscriminado de agrotóxicos. ¿Qué están planeando para que esto no vuelva a suceder?

-Recientemente la Asamblea Nacional ratificó el Convenio de Rotterdam y esto nos va a permitir controlar y detener la entrada de productos que ya fueron prohibidos en el país. En cuanto a los otros productos, tenemos una muy buena coordinación con los otros ministerios y estamos implementando fuertes medidas de control para que se respeten los decretos de prohibición y restricción de agrotóxicos y, al mismo tiempo, no se vayan acumulando tantos desechos como en el pasado. Tenemos previsto preparar una red de monitoreo, regulación y control con la participación de los ministerios de Agricultura, Sanidad y Ambiente, para ir detectando en todo el territorio dónde todavía quedan desechos que no han sido reportados.