Leonardo de León |
De León, asesor de la Regional
Latinoamericana de la UITA, subrayó la total inacción del
gobierno en esta materia.
“Hace años que los trabajadores arroceros denuncian que los
industriales del sector no respetan las normativas vigentes
y fumigan a escasa distancia de los centros poblados urbanos
y suburbanos”, recordó.
En ciudades como Bella Unión, en el norteño departamento de
Artigas, fronterizo con Brasil, se han registrado casos de
leucemia, asma y otras graves enfermedades que han llegado a
provocar el fallecimiento de niños.
“Un equipo de médicos, genetistas, neumopediatras y
toxicólogos de Bella Unión está evaluando el impacto de los
agrotóxicos en esa zona. Esperamos que a la brevedad se
conozcan los resultados de esta investigación”, informó el
ingeniero agrónomo.
“Nosotros queremos un arroz que nos alimente, no que nos
mate. No estamos en contra de la producción de arroz, sino
de cómo está concebida actualmente”, señaló por su lado Luis
López, de la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas (UTAA).
Las fumigaciones aéreas no afectan sólo a los trabajadores
arroceros sino también a los de la caña de azúcar, que
operan en las cercanías de los arrozales, y al conjunto de
la población de las áreas afectadas, destacó.
La normativa vigente en Uruguay estipula que las fumigaciones
no pueden desarrollarse a menos de 500 metros de los centros
poblados, pero esa disposición no se cumple. “Los gringos
pusieron arroz cerca de las ciudades”, agregó.
De acuerdo a López, “hay plantíos de arroz a 50 o 60 metros
del barrio Las Láminas de Bella Unión y por ahí pasan los
aviones que fumigan. Capaz que ni el mismo trabajador que
opera de banderillero de los aviones conoce lo que está
echando”.
De León explicó que “en general en Uruguay se utilizan
insecticidas muy tóxicos, que cuando se aplican con mochila
pueden ser mucho más controlados, pero no así en una
fumigación aérea. En las plantaciones de soja se emplea el
Furadan, que es muy nocivo. Se había dejado de utilizarlo
pero ahora se volvió a hacerlo”, aseguró por su lado De
León.
Luis López |
López sostuvo además que los actuales propietarios de los
arrozales "son grandes burgueses que fueron directivos de la
industria azucarera CALNU. Entre ellos hay brasileros, pero
la mayoría de las tierras pertenecen al estatal Instituto de
Colonización.”
Esa situación es paradójica, estableció por su lado De León.
“Por un lado hay decenas de miles de uruguayos que continúan
esperando hace años que Colonización les entregue tierras
para trabajarlas, y por otro vemos cómo se destinan tierras
del Instituto a plantaciones de este tipo que no tienen
ningún fin social, ni siquiera el de afincar gente”. El
gobierno de izquierda que se instalará en marzo deberá
revertir esta situación, agregó.
El 15 de febrero, los productores del norte del país preveen
la organización de una marcha en la que estarán presentes
todas estas reivindicaciones. “Entre los planteos que
tenemos está el de reforma agraria”, dijo López. “Gran
cantidad de trabajadores rurales tienen necesidad de contar
con un pedacito de tierra para sacarle provecho, y con esto
no perdemos de vista el problema de los asalariados. Lo que
queremos es vivir mejor, y esa preocupación es común a todos
los trabajadores rurales”, concluyó.
Diario
La Juventud
14 de
enero de 2005