Durante los meses de marzo y abril del presente año, pobladores de Santa Rosa, Departamento de Canelones, mantuvieron una serie de reuniones y comunicaciones con autoridades del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), con el objetivo de denunciar fumigaciones aéreas llevadas a cabo sobre la Ruta 82 km 54.500 en cultivos de soja transgénica. Dichas aplicaciones de agrotóxicos fueron realizadas sobre escuelas y zonas rurales.

La respuesta obtenida de parte del Ministerio fue que dentro de las regulaciones decretadas no existe marco legal que descalifique o impida este tipo de aplicaciones, ya que la normativa prohíbe realizar aplicaciones aéreas de agrotóxicos a una distancia inferior a 500 metros de cualquier zona urbana o suburbana y centros poblados.

Dado que la zona donde se realizaron fumigaciones aéreas es considerada rural, ello implica que la normativa vigente no es aplicable a los predios de pequeños productores familiares hortícola/frutícolas, ni a la escuela (a la cual asisten 41 alumnos) y tampoco importa que la aplicación se haga hasta el borde de la ruta 82.

Dentro de los agrotóxicos utilizados en los cultivos transgénicos de soja está el “paquete tecnológico” de herbicidas, funguicidas e insecticidas que de por si individualmente son muy contaminantes y mezclados potencian su peligrosidad, tanto para el ambiente como para la salud de la gente.

El objetivo de las reuniones realizadas en Santa Rosa con las autoridades del MGAP era proponer que el departamento de Canelones fuera declarado libre de aplicaciones aéreas. Lamentablemente, este deseo fue truncado desde las autoridades del Ministerio, ya que su respuesta fue que “no se puede impedir a los productores que desean cultivar soja, aunque estas tierras estén al lado de una escuela o en medio de centros poblados rurales”.

En este momento el MGAP está elaborando un reglamento para que no se realicen aplicaciones aéreas sobre las escuelas.

Este hecho es lamentable, ya que no se toma en cuenta la realidad del departamento. Por un lado, se trata del segundo más poblado del Uruguay y donde se concentra la mayor población rural del país y como si esto no fuese suficiente, el 100% de su producción hortícola y frutícola es consumida en Montevideo. La medida que pretende implementar el MGAP sobre aplicaciones aéreas será totalmente insuficiente, ya que en cualquier lugar donde se siembre soja transgénica, ésta siempre implicará masivas aplicaciones aéreas de agrotóxicos. O sea, que la población en su conjunto será siempre afectada por las mismas.

No solo Santa Rosa se opone

y cuestiona este modelo

Productores convencionales y orgánicos y pobladores de la ciudad del Sauce, también ubicada en el departamento de Canelones, se oponen a este monocultivo sojero. No desean que sus tierras terminen en manos de consorcios argentinos ni brasileños o que después de ser arrendadas por un par de años queden inservibles. Productores, académicos, autoridades y pobladores de otros departamentos del interior también se oponen a este modelo y ven con mucha preocupación el avance agresivo de este cultivo.

La Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR) también se adhiere a la oposición a este modelo destructivo y avasallador y esta posición se ha fortalecido aún más después de la publicación de un estudio realizado por nuestra organización (*) sobre los impactos de la soja transgénica en Uruguay. La CNFR lo sintetiza muy bien en su comunicado de prensa del 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, tomando cifras ilustrativas sobre los impactos que está causando este modelo, haciendo hincapié en la extranjerización y concentración de la tierra:

- Resalta que la soja ocupa casi la mitad del área agrícola nacional, desplazando paulatinamente a otros cultivos orientados al mercado y sustituyendo los sistemas de rotaciones agrícola-ganaderas de relativo buen éxito en cuanto a la conservación del recurso suelo y la generación de alimentos.

-  El 92% del área cultivada con soja continua es arrendada (o bajo medianería), y que por parte de los empresarios no existe ningún compromiso de conservar nuestros recursos naturales.

-  En relación a la generación de empleo por hectárea, la lechería y empresas familiares ocupan 23 personas cada 1000 hectáreas, en tanto que la soja apenas supera las 2 personas en la misma superficie.

Compartimos la inquietud que manifiesta la CNFR en generar un ordenamiento productivo que haga que el país se mueva con los productores y para su población.

Si este modelo sojero sigue avanzando en el departamento de Canelones, que es el principal abastecedor de frutas y verduras de los montevideanos, o sea la mitad de la población uruguaya, los afectados serán muchos más.

Recientemente el gobierno ha autorizado la importación de frutas y verduras y mientras las áreas de la producción de alimentos estén siendo invadidas por el cultivo de la soja transgénica, la importación no será una excepción sino la regla.

No esperemos que los suelos queden destruidos y la gente del campo se haya ido a engrosar las filas de la pobreza a los cinturones de Montevideo o de otras ciudades del interior país. Es tiempo de decidir. Este modelo “productivo” solo llevará a la destrucción de nuestras mayores riquezas, la gente, la tierra y nuestra agua.

¿No será tiempo que nuestros gobernantes piensen en nuestras riquezas y no en regalarlas a las multinacionales?