En la exasperación de esta espera, (transcurrida bajo el
sofocante sol veraniego de los primeros meses y las lluvias
torrenciales del invierno tropical, protegiéndose sólo con
pobres champas de plástico negro y con la comida y los
medicamentos que escasean cada día más), los bananeros han
decidido iniciar una
huelga de hambre y de sed
que los ha llevado al borde de la muerte, de
un sacrificio extremo para convencer a los diputados a tomar
en consideración lo que les corresponde de derecho después
de décadas de abandono, abusos y violencia, la violencia del
desinterés que los ha transformado en fantasmas para los
políticos de este país.
Los y las "sin voces" obligados a levantar las cabezas con
el sacrificio de sus mismas vidas.
Hace un mes y medio y después de cuatro meses de culpable
silencio, la Junta Directiva de la Asamblea Nacional
prometió solucionar sus demandas en diez días.
Los puntos principales eran la reforma al Presupuesto de la
República para insertar una partida de 103 millones de
córdobas, convenida con la Comisión Interinstitucional del
Gobierno, para la cobertura de los gastos médicos de
las miles de personas afectadas por el Nemagón, la
introducción y aprobación del Proyecto de Ley de Pensión
Vitalicia, la reforma al artículo 1 de la Ley 456 para
reconocer la insuficiencia renal crónica como enfermedad
profesional y una resolución para proteger de manera
definitiva la Ley especial 364, necesaria para poder
incriminar a las transnacionales norteamericanas que han
producido y utilizado el Nemagón en Nicaragua, de cualquier
tipo de abrogación o reforma. El resto de las 19 demandas
presentadas a las instituciones nicaragüenses en
marzo fueron ya tratados durante las negociaciones con el
gobierno que desembocaron en los Acuerdos preliminares del
13 de mayo del 2005. Pero los días han pasados
inexorablemente en la espera de que los diputados respetaran
sus promesas.
Una vez más
los bananeros han tenido que poner en peligro sus mismas
vidas para
poder ser escuchados y tomados en serio
A las 8.30 del lunes 8 de agosto, 12 ex trabajadores y
trabajadoras de las bananeras han decidido por lo tanto
iniciar una huelga de hambre y de sed, recostándose frente
al edificio de la Cruz Roja nicaragüense, con un alto riesgo
de complicaciones físicas en sus cuerpos ya muy deteriorados
por las enfermedades provocadas por el Nemagón. El día
siguiente los diputados han suspendido los trabajos
parlamentarios y se han ido "tranquilamente" de vacaciones
hasta el 5 de septiembre, desinteresándose completamente de
lo que sucedía en los locales de la Cruz Roja.
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Lo que debería ser un caso social, un
caso de Estado, dónde las instituciones
deberían de estar al frente de la lucha
para que los mismos ciudadanos y
ciudadanas afectadas puedan defender y
reclamar sus derechos negados y
violados, se transforma en un caso más
donde el Estado demuestra su ausencia y
resalta el vacío, penoso y estridente,
que se ha creado entre el mundo de la
política nicaragüense y los sectores más
marginados de este país.
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Frente a esta enésima demostración de desinterés,
insensibilidad e inhumanidad, que involucra también a
la Procuraduría de los Derechos Humanos que en las semanas
anteriores se ha negado a recibir a una delegación de los
bananeros, los afectados por el Nemagón han decidido
levantar el nivel de la protesta ocupando los locales de la
Cruz Roja.
Mientras dos de las personas en huelga de hambre y de
sed eran llevados de emergencia al hospital ante el evidente
estado de deshidratación y la complicación de enfermedades
ya presentes, los medios de comunicación y varias
organizaciones de la sociedad civil empezaron a difundir las
noticias de lo que estaba ocurriendo y a hacer presión sobre
los diputados para que abrieran un canal de negociación con
las personas en huelga.
Los comentarios se pusieron cada vez más duros, tanto que
dos de los bananeros en huelga, Victorino Espinales y Manuel
Hernández, declararon a la prensa que "para nosotros lo que
hay en el Parlamento es un demonio y no se puede combatir de
cualquier manera... tal vez entregando la vida...". La
situación empeoraba con el pasar de las horas y también la
Cruz Roja empezó a pedirles a los diputados que
intervinieran porque se estaba procurando un daño muy grave
a los hospitales que estaban quedando sin reservas de
sangre.
El miércoles 10
de agosto dieron inicio los primeros
contactos con los diputados por parte de la sociedad
civil. Ese mismo día se logró una reunión José
Figueroa, diputado del Frente Sandinista. Ante la resolución
de los huelguistas y al peligro cada vez más contundente del
deterioro irreversible de sus condiciones, los miembros de
la Junta Directiva del Parlamento lo delegaron para iniciar
una negociación.
El jueves 11 de
agosto, después de casi cuatro días de
huelga y con los físicos casi completamente deshidratados,
las doce personas en huelga de hambre y de sed finalmente
decidieron suspender la huelga en virtud de la firma de los
Acuerdos con la Junta Directiva de la Asamblea Nacional. Los
huelguistas fueron en seguida sometidos a una cura de
rehidratación y dos de las mujeres presentes han sido
hospitalizadas a causa de las condiciones delicadas en que
se encontraban.
Ha concluido de esta manera una enésima etapa de esta lucha
infinita de casi seis meses y que se espera pueda terminar
con éxito durante las próximas semanas.
Pero queda cada vez más inexplicable e indignante la actitud
de esta clase política, incapaz o desinteresada frente al
sufrimiento de miles de personas que en el pasado cometieron
el "error" de trabajar como esclavos y esclavas en las
bananeras envenenadas por las transnacionales
norteamericanas y buscar, luego, como responsabilizarlas de
sus responsabilidades.
"Error" que es fruto de la imposibilidad de elegir en un
sistema de explotación y pobreza extrema, donde hombres y
mujeres sufren cada día más las políticas económicas
impuestas por el "mundo desarrollado".
Lo que debería ser un caso social, un caso de Estado, dónde
las instituciones deberían de estar al frente de la lucha
para que los mismos ciudadanos y ciudadanas afectadas
puedan defender y reclamar sus derechos negados y violados,
se transforma en un caso más donde el Estado demuestra su
ausencia y resalta el vacío, penoso y estridente, que se ha
creado entre el mundo de la política nicaragüense y los
sectores más marginados de este país.
Giorgio Trucchi
16 de agosto de 2005
Fotos:
EDN y Giorgio Trucchi
