El juicio realizado en abril de 2004, durante el cual se
había sentenciado a dos productores alemanes a cumplir dos
años de cárcel o a indemnizar a la familia Talavera con 50
millones de guaraníes (unos 8 mil dólares), fue invalidado
como consecuencia de presiones de los poderosos productores
de soja del departamento de Itapúa. Tras esas presiones,
jueces, fiscales y médicos fueron trasladados y la decisión
judicial anulada.
Un nuevo juicio se iniciará el 7 de junio, pero ya se sabe
que su instrucción está plagada de irregularidades y
defectos que obstaculizarán el camino para sentenciar a los
responsables de la muerte del niño.
Comprar impunidad en Paraguay aún resulta una práctica
corriente, más aun si se trata de encubrir a poderosos
personajes. Es posible, por ejemplo, obtener que por un
puñado de dinero jueces borren con el codo una sentencia que
escribieron con la mano.
De gestos de ese tipo se han beneficiado los productores
sojeros alemanes Herman Schelender y Alfredo Laustenlager,
quienes hace tan sólo un año habían sido sentenciados por el
Tribunal de la ciudad de Encarnación, fronteriza con
Argentina, por la muerte, el 7 de enero del 2003, de Silvino
Talavera. La intoxicación por agroquímicos también afectó a
tres hermanos del niño fallecido y a varios vecinos cercanos
a la humilde vivienda de la familia Talavera Villasboa.
Al cabo de seis meses, luego de que los condenados
presentaran apelación, el juicio fue anulado. Para llegar a
esta instancia mucho pesó la presión ejercida por otros
productores sojeros de la zona, quienes no sólo lograron que
el Tribunal de Segunda Instancia de Encarnación invalidara
la sentencia sino que además trasladara a los jueces que
dictaminaron en la causa a favor de la familia Talavera y al
fiscal de la localidad de Edelira Víctor Florentín, quien
había decidido imputar a los autores de la masiva
intoxicación.
Pesaron igualmente los intereses económicos que la empresa
transnacional Monsanto tiene en la zona, pues los
productores sojeros del departamento de Itapúa son
importantes compradores de la semilla transgénica y los
agroquímicos comerciados por esta firma a nivel local.
De todas maneras, la familia Talavera Villasboa no está sola
en este nuevo proceso, porque, como en la primera ocasión,
cuenta con el apoyo de la Coordinadora Nacional de Mujeres
Rurales e Indígenas (Conamuri), que solventará los gastos
del proceso judicial, de un grupo de organizaciones no
gubernamentales y de la Red de Acciones contra el Uso de
Plaguicidas en América Latina (RAP-AL), que a nivel
internacional prestará su asesoramiento.
Amenazas e
intimidaciones
La Conamuri ha denunciado por diversos medios de prensa
locales que la madre de Silvino, Petrona Villasboa, miembro
activa de esta organización, está recibiendo amenazas e
intimidaciones constantes para que no inicie un nuevo juicio
por la muerte de Silvino. Los autores de esas amenazas son
el sojero imputado Hernán Schlender y Julio Alvarenga,
secretario de Medio Ambiente de la Municipalidad de Edelira
y cuñado del anterior.
Por otra parte, el fiscal Mario Duré Ramos, que sustituyó a
su colega Víctor Florentín, sería pariente de la esposa de
Schlender.
Para Julia Franco, secretaria de Organización de la Conamuri,
el nuevo juicio oral también representa un gran reto para su
organización. En primer lugar, porque en apenas un año ha
debido hacer frente a dos procesos que han implicado un
esfuerzo económico importante para la agrupación. La
Conamuri -destacó- confía en que se podrá encarar la
querella con éxito, porque se cuenta con argumentos sólidos
y con pruebas contundentes para demostrar a jurado que
Silvino murió intoxicado por agroquímicos y no por
deshidratación masiva, como había alegado el perito médico
judicial Guido Servían, quien, se especula, también habría
sido sobornado por los poderosos sojeros.
Problemas de salud
El otro gran desafío que debe afrontar la familia Talavera
Villasboa es la recuperación total de los jóvenes hermanos
de Silvino. El caso más delicado sería el de Sofía, quien
con tan sólo 13 años afronta reiterados problemas en la
vista, fuertes cefaleas con mareos y náuseas y dolencias en
el aparato reproductivo. Su hermano mayor, Nicolás, sufre de
complicaciones en la próstata, y Justiniano, el menor de
todos, también se queja de dolores reiterados en el estómago
y la cabeza. Petrona y su marido Juan cuentan con otros 7
hijos más a los que también deben cuidar y mantener con el
poco dinero que aporta la venta de hortalizas producidas en
su pequeña chacra.
El tratamiento que deben afrontar los tres hermanos enfermos
resulta muy oneroso para la familia, que no cuenta con un
seguro público de salud y carece de recursos económicos como
para pagar costosos estudios sanitarios. La Conamuri, además
de solventar el costo del proceso, también está ayudando
económicamente a la familia a asumir algunos tratamientos,
principalmente los de Sofía.
Son muchos desafíos para una humilde familia campesina. Sin
embargo, la valentía de los Talavera Villasboa y el deseo de
obtener justicia los impulsa a seguir adelante enfrentando
nada menos que a poderosos sojeros y a la empresa Monsanto,
y con la sola cooperación de una organización de mujeres y
de otras pocas entidades no gubernamentales.
Rosalía Ciciolli
© Rel-UITA
19 de mayo de 2005
