El pasado martes 3 de agosto, Colombia se comprometió a utilizar todos los mecanismos para evitar que las posibles futuras fumigaciones con glifosato lleguen a Ecuador a causa del viento.

También se comprometió a avisar con antelación a Ecuador sobre las fumigaciones para alertar a los técnicos que investigan sobre los supuestos daños a la salud de los habitantes de la zona fronteriza limítrofe con Colombia.

Según la APDH, ese acuerdo es "poco serio, contraproducente y lesivo para la soberanía y los derechos ambientales de la población de frontera".

"La propuesta ecuatoriana parece buscar el aplauso de Bogotá y Washington, pero no la protección de nuestros habitantes de frontera", afirmó la APDH en un comunicado.

La APDH opinó que la Cancillería es "inepta" y formuló un llamamiento a las empresas estatales y a la sociedad para que "obliguen" al presidente, Lucio Gutiérrez, y a su canciller, Patricio Zuquilanda, a exigir a Colombia que establezca una franja de diez kilómetros en la frontera libre de fumigaciones.

El vicecanciller, Edwin Jhnoson, recordó que aunque la tesis de los diez kilómetros fue manejada por Nina Pacari, cuando fue canciller en 2002, ésta no se concretó.

"No se planteó nunca oficialmente, estaríamos interfiriendo en la soberanía colombiana y eso es inaceptable", indicó hoy el viceministro.

Anotó que continuarán las investigaciones sobre las denuncias de los habitantes de la zona fronteriza sobre supuestos daños en su salud y en las plantaciones como consecuencia de las fumigaciones en Colombia, pero advirtió que el asunto tomará tiempo.

EFE

5 de agosto de 2004