agrotóxicos

 Paraguay

Los campesinos del distrito de San Pedro del Paraná demuestran una total frustración a la hora de relatar los vaivenes que les toca vivir desde que hace un poco más de un mes osaron denunciar a los productores japoneses de soja por utilizar plaguicidas prohibidos, altamente contaminantes para los seres humanos y el ambiente.

Durante una visita al lugar, los campesinos nos mostraron con impotencia y dolor sus cultivos de mandioca, poroto y arroz, totalmente inutilizados a causa de los agrotóxicos y las secuelas que sus pequeños hijos aún presentan por efectos de la terrible contaminación de que fueron víctimas. A consecuencia de ello, estos infatigables hombres, mujeres y niños de campo dieron inicio a una lucha por la dignidad, que promete ser larga y difícil, debido a que el gobierno paraguayo no demuestra mucho interés por otorgar soluciones de fondo a un problema que se repite cada vez con más frecuencia en el sector rural.

Tras la caída de la dictadura de Alfredo Stroessner, en 1989, los campesinos dieron inicio a una larga lucha por la obtención de la tierra propia, que llega hasta hoy. Esa interminable cruzada de años ahora se extiende más allá de su objetivo inicial, pues los labriegos se ven obligados también a combatir a los productores sojeros para evitar que sus cultivos se destruyan y que sus familias mueran envenenadas.

Poco a poco, los pobladores rurales de San Pedro del Paraná están dando con la fórmula ideal para obtener sus reivindicaciones. En medio de la inseguridad y la inexperiencia en luchas sociales, los líderes de los labriegos siguen adelante para obtener respuestas concretas del gobierno a sus peticiones. Respuestas que hasta ahora se muestran esquivas, por la debilidad y el sometimiento que los sucesivos gobiernos paraguayos demuestran ante los poderosos, una tradición en las sucesivas administraciones estatales y que, al parecer, Nicanor Duarte Frutos no está muy dispuesto a romper.

Para muestra basta un botón. El fiscal de San Pedro del Paraná, Adriano Ayala González, fue removido de su cargo y trasladado a otra jurisdicción, luego que imputara a varios productores japoneses sospechosos de intoxicar a los pobladores de las colonias y de destruir sus cultivos. Pero dentro de todas las limitaciones y del escaso apoyo que lograron obtener, estos humildes agricultores aseguran que proseguirán con su lucha y que no se rendirán fácilmente. Así, amenazan con tomar medidas drásticas en caso que el gobierno no responda a sus reclamos a corto plazo, por ejemplo el cierre de la ruta 9, que une la ciudad de Encarnación con Asunción, como parte de las protestas que acompañarán a la gran marcha campesina que se realizará en marzo en la capital del país. Ellos no quieren llegar a este extremo, pero se sienten obligados por las circunstancias, ya que se encuentran huérfanos de la ayuda estatal ante un drama que no ocasionaron.

Inexpertos pero firmes

Otilio González es un hombre reservado, casi taciturno, que sin mucha experiencia en la lucha por las reivindicaciones campesinas fue elegido por sus compañeros para presidir la coordinadora de agricultores afectados por los agrotóxicos en San Pedro del Paraná, sólo por haber demostrado ser recto y justo.

Esta organización está integrada por representantes elegidos por las 423 familias residentes en las nueve compañías que sufrieron la contaminación masiva: San Roque, -ú Pyajhumí, Santo Domingo, Pindoyú, Misiones i, Tacuara, San Ignacio y Potrerito. Otilio relató en guaraní que él y sus compañeros son conscientes de que la lucha no será ni fácil ni corta, pero se mantienen firmes ante el reto. Intuyen que el gobierno de Duarte, aunque parece demostrar mucho interés por el caso enviando a sus representantes a la zona, no pretende siquiera enfrentarse a los productores japoneses de soja. El dirigente y sus compañeros labriegos dijeron conocer incluso los fluidos intercambios existentes entre el Presidente de la República y estos productores, a tal punto que durante nuestra estadía en San Pedro del Paraná fuimos testigos del desaire que el ministro de Agricultura, Antonio Ibáñez, hizo a los agricultores. El enviado presidencial y los campesinos tenían pactada una reunión para las 10 de la mañana, en una pequeña escuela de apenas un aula y unos pocos bancos para sentarse, pero Ibáñez dejó a los agricultores y sus familias esperando durante casi cuatro horas bajo el sol calcinante, con hambre y sed, mientras él compartía con los japoneses un jugoso asado regado de abundantes bebidas de todo tipo. El ministro se hizo presente en la reunión recién a las 14 horas.

González afirmó que la actitud de Ibáñez no le extrañaba en absoluto, máxime cuando tienen conocimiento cierto de los reiterados aportes económicos que los colonos japoneses hicieron a la campaña proselitista de Duarte cuando éste era aspirante a la Presidencia de la República. Los labriegos son también concientes de que ahora el primer mandatario debe devolver de alguna manera los favores recibidos.

Es por eso que los agricultores dudan del real interés de Duarte por resolver sus problemas y realizar un estricto control sobre los productos que los japoneses utilizan para fumigar sus cultivos de soja. Sin embargo, y a pesar de éste y otros obstáculos, González señaló que seguirán solicitando al gobierno nacional una serie de compensaciones por la tragedia que afrontan diariamente desde que denunciaron a los japoneses. Por ahora cuentan con el apoyo de organizaciones no gubernamentales como la Coordinadora Campesina de Desarrollo Agrario (CCDA), la Organización Nacional Campesina (ONAC) y la Pastoral Social Nacional, dependiente de la Iglesia Católica.

Exigen pago de indemnización

Durante el diálogo que mantuvimos con los líderes campesinos sólo un par de horas antes de que volvieran a reunirse con el ministro Ibáñez, Otilio y sus compañeros hablaron sobre la lucha que mantienen, las peticiones que hicieron al Estado, los obstáculos que se les presentan en el medio y las frustraciones que deben vencer a diario para seguir adelante con las negociaciones.

- ¿Cuál es el primer punto del petitorio que ustedes presentaron al gobierno?

- Nuestra principal petición por la cual lucharemos hasta el final es que el Estado pague una indemnización a las 423 familias que fueron víctimas de la contaminación con los plaguicidas y que perdieron absolutamente todos sus cultivos. Vamos a seguir con este petitorio hasta las últimas consecuencias, a pesar de que el ministro Ibáñez ya nos insinuó durante sus reiteradas visitas que el gobierno no cuenta con la capacidad necesaria como para pagar el monto solicitado por hectárea. Demandamos el pago de 3 millones de guaraníes (500 dólares) por cada una de las 840 hectáreas de cultivos que perdimos a causa de los pesticidas. Insistiremos con eso, porque no podremos seguir adelante sin la ayuda del gobierno. Nosotros perdimos absolutamente todo, tenemos deudas con las financieras y nunca podremos recuperar lo que perdimos sin la ayuda estatal.

- ¿Qué pasos piensan seguir ahora?

- Solicitar al gobierno que someta a todos los miembros de las 423 familias afectadas por la contaminación a análisis laboratoriales para conocer en qué medida sufrimos el efecto de los agrotóxicos. Queremos saber si eso traerá consecuencias negativas para nuestra salud. Además, queremos un compromiso firmado por el ministro Ibáñez de que el gobierno cumplirá con sus promesas, porque hasta ahora no hemos recibido nada en concreto, sólo unos pocos víveres que ni siquiera nos sirvieron para alimentar a nuestras familias por una semana.

- ¿Qué garantías tienen de que el gobierno les entregará análisis creíbles, si ni siquiera les dio aún los resultados de los que se realizaron a las personas que fueron internadas?

- Sabemos que el gobierno no es confiable, pero para eso pensamos acudir a organizaciones internacionales, de manera a que nos ayuden a solventar la realización de los análisis laboratoriales en institutos privados. Sólo así podremos conocer realmente en qué medida fuimos afectados físicamente por los agrotóxicos y también en qué medida fueron afectados nuestros cultivos, el suelo y el agua que bebemos todos los días.

- ¿Cuáles son las consecuencias que ustedes siguen arrastrando a causa de la contaminación?

- En primer lugar, se fundieron nuestros cultivos de algodón, mandioca, cítricos y banana. Además, cada día tenemos más enfermos entre nuestra gente, principalmente entre los niños, quienes siguen sufriendo los efectos de los pesticidas. Por eso, le advertimos al gobierno que si sigue desoyendo nuestros pedidos no nos quedará otra salida que tomar medidas drásticas para llamar la atención de todos. Insistiremos porque creemos que es el gobierno es el que tiene que dar una solución a nuestros problemas.

- ¿En qué tipo de medidas piensan?

- Estamos pensando cerrar la ruta 9, que une la ciudad de Encarnación con Asunción, el día de la marcha campesina que se hace todos los años en la capital. Sabemos que es una medida antipática para muchos, y que afectará principalmente a la población que se desplaza por esa importante ruta, pero es nuestra única forma de llamar la atención del gobierno, pues sentimos que estamos agotando todas las posibilidades de negociación sin conseguir respuestas positivas a nuestros reclamos.

- ¿Qué propuesta le harán ahora al ministro Ibáñez?

- Primero vamos a escucharlo, aun si sabemos lo que nos viene a ofrecer. Entre otras cosas nos propondrá la firma de un convenio para llevar adelante un proyecto de recuperación del suelo, que permita volver a hacerlos aptos para el cultivo, y también de las microcuentas de los arroyos, lo que proveerá de agua para el regadío de las plantaciones. También sabemos que nos viene a ofrecer herbicidas y semillas de soja para cultivar. Aceptaremos estos ofrecimientos porque conocemos las necesidades acuciantes de nuestra gente, pero no nos echaremos para atrás ni nos quedaremos con los brazos cruzados, contentándonos con estos ofrecimientos, que no representan exactamente todo lo que esperamos del gobierno.

- ¿Le solicitarán también a Ibáñez que el gobierno realice un control más estricto o que elimine el uso de agrotóxicos en las zonas afectadas por la contaminación?

- En ocasiones anteriores, ya le solicitamos al ministro que el Ministerio de Agricultura ordene la suspensión del uso de agrotóxicos en San Pedro del Paraná, pero nos respondió que eso era imposible, tal vez por la presión que ejercen los productores japoneses. En cambio sí se comprometió a hacer cumplir la norma que prohíbe pulverizar a 100 metros alrededor de las casas e instituciones como escuelas, iglesias o lugares de esparcimiento. Esperamos que por lo menos cumplan esta disposición, principalmente por el bien de nuestras comunidades.

- ¿Cuáles son los otros puntos que le solicitaron al gobierno y aún no obtuvieron respuesta?

- Los compañeros agricultores también están muy preocupados por la educación de sus hijos. Pedimos que nos provean de útiles para 1.800 alumnos que deben empezar las clases el 16 de febrero, pero Ibáñez nos dijo que eso se lo debíamos derivar al Ministerio de Educación. O sea que nuevamente le tiró el fardo a otra institución. Además le solicitamos que atendiera la salud de nuestras familias. Hasta ahora seguimos sintiendo los efectos del veneno y no podemos acceder a un tratamiento adecuado porque los hospitales están muy apartados de las compañías y la gente no cuenta con medios económicos para trasladarse hasta la ciudad una o dos veces a la semana. El gobernador Luis Viedma Vigo nos prometió que enviarían más médicos hasta las compañías. Veremos si cumple.

Propuestas que matan

Finalmente, Otilio González aprovechó la ocasión para denunciar que los productores japoneses pretendieron sobornar a los coordinadores campesinos ofreciéndoles mil litros de glifosato a cambio de que retiren las denuncias radicadas contra los productores nipones ante la Fiscalía de San Pedro del Paraná. En resumidas cuentas, propusieron a sus víctimas darles más del mismo plaguicida que mezclado con otros elementos más contaminantes, como el clorimurom ethyl, exterminó sus cultivos de algodón y mandioca y envenenó a sus familias.

Con total caradurez, los nipones formularon la misma propuesta al ministro Ibáñez, como éste lo confirmó ante los dirigentes rurales que le denunciaron el hecho. Ibáñez simplemente atinó a responder a los japoneses que las denuncias ante la Fiscalía son un tema que se encuentra dentro del ámbito de la justicia ordinaria, por lo que él no puede intervenir en ese campo. Y así, el enviado del presidente Duarte dio por zanjado el problema.

Rosalía Ciciolli

© Rel-UITA

21 de enero de 2004