El informe fue motivado por la publicación de uno de los primeros estudios de este tipo realizados por iniciativa del Laboratorio de Bromatología de la IMM, la cátedra de Tecnología de los Alimentos de la Facultad de Agronomía y la Comisión Administradora del Mercado Modelo, sobre calidad de las frutas y verduras y sus niveles de contaminación por agrotóxicos.

Luego de analizar plaguicidas en 200 muestras de las principales frutas y hortalizas los resultados indican que el 28% de las muestras no tiene residuos detectables, 65% tiene residuos por debajo de los Límites Máximos de Residuos (LMR) establecidos por el CODEX (programa conjunto de la FAO y la OMS para alimentos) y 7% tiene residuos superiores a estos límites máximos.

Hasta el momento, las autoridades vinculadas a la salud de la población, el ambiente o el registro y utilización de plaguicidas, no realizaban una evaluación sistemática de los residuos en alimentos que consumimos en el país, a pesar de que es un procedimiento común en los alimentos que exportamos.

Como los intereses económicos en juego son muy grandes, ya que Uruguay importa cada año más de U$S 44 millones en agrotóxicos producidos básicamente por multinacionales (que luego de comercializados representan una cifra mucho mayor), la palabra valor en este contexto también significa valentía. El hecho de que haya sido el propio Mercado Modelo el que toma este tema polémico es una buena señal de un enfoque moderno de responsabilidad social en una empresa que es municipal pero donde también participan actores privados.

A la Dirección General de Servicios Agrícolas (MGAP) el estudio anterior no parece preocuparle, argumentando que la probabilidad de que se afecte la salud de los consumidores es mínima ya que son pocos los productores que aplican en exceso debido a razones económicas. Estos pocos casos de residuos altos no serían un problema porque son muy pocos los vegetales que se consumen crudos y sin lavar. Por lo tanto, no hay nada para hacer, ninguna acción a tomar, todo bien. Sin embargo, muchos técnicos concuerdan en que el uso de agrotóxicos en Uruguay está fuera de control y se ha vuelto un problema para la salud pública y el ambiente.

Los iluminados

Hay diferentes opiniones sobre cómo proceder ante esta situación, en la Facultad de Agronomía predomina la opinión de que lo mejor es no difundir este problema ante la opinión pública y por el contrario trabajar sensibilizando a las autoridades y capacitando a productores y trabajadores rurales.

Me sumo a los que piensan que la única forma de resolver el tema supone una tarea permanente y responsable de información y debate con todos los interesados y que la función de los técnicos debería ser informar para crear ciudadanía responsable, más que la de resolver en nombre de la salud y el ambiente de otros.

No se puede admitir frutas y verduras con residuos superiores a los límites máximos simplemente por razones legales. En otras palabras, aunque sólo el 1% de las muestras tuviera residuos mayores a lo permitido, se deberían tomar acciones y difundirlas a la población para dar la tranquilidad de que ninguna fruta o verdura llegue al hogar de un uruguayo con estos niveles de contaminación.

En segundo lugar, este estudio es la punta de un iceberg cuya tamaño real se conocerá si se continúa investigando. Por ejemplo, el estudio no analiza residuos de mancozeb o dithane, el funguicida más utilizado en el país y de uso común en frutas y verduras.

El mancozeb es un probable cancerígeno según la agencia ambiental de Estados Unidos, afecta la reproducción y probablemente afecte el sistema endócrino. Cuando el mancozeb se degrada da lugar a una sustancia llamada ETU, que es más tóxica aun. La ETU se produce también al cocinar los alimentos, por lo que el argumento de que no hay problemas porque las hortalizas se consumen cocidas no es aplicable en el fungicida más utilizado en el país.

 En una cantidad muy importante de las frutas y verduras se encontraron residuos de más de un agrotóxico, en algunos casos más de cinco productos en el mismo alimento. Tenemos entonces un riesgo adicional: puede ser que considerados los tóxicos uno por uno no se superen los límites pero al sumar los efectos de dos o más agrotóxicos el daño a la salud podría ser significativo. En otras palabras el porcentaje que supera los límites podría ser mayor al 7 %.

Los más vulnerables

Se podría argumentar que en un país con 300.000 personas registradas en el plan de emergencia lo que importa es comer y hay que dejar para después la calidad de los alimentos, convertida en un lujo de ricos. Para el que tiene que sobrevivir buscando comida en la basura esto es una lamentable realidad, pero el Estado no puede escudarse en este argumento para explicar la inacción. Entre otras razones porque los agrotóxicos afectan más a los niños, a mujeres embarazadas y a los desnutridos y enfermos. Son los más vulnerables, los más pobres, los primeros en la lista para ofrecerles alimentos sin agrotóxicos, saludables y nutritivos.

Finalmente, se estima que cada vez que se aplica un agrotóxico menos del 1% queda como residuo en los alimentos, el resto impacta sobre los trabajadores rurales, los productores y su familia y el ambiente rural. Desde 1997 a 2003, según datos de la propia Dirección General de Servicios Agrícolas, la importación de plaguicidas aumentó un 260%. Por intoxicación por plaguicidas, consultaron 1.500 casos en 2003. Los trabajadores rurales y las familias de pequeños productores son los que tienen menos información y están más expuestos a los agrotóxicos, pero no tienen buena prensa en la capital: Bella Unión, La Charqueada o Joanicó están igual de lejos de Montevideo, cuando se trata de problemas de los que nunca pidieron un crédito porque no los dejan ni entrar al banco.

Reacción burocrática

Las primeras reacciones desde el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca parecen responder a inercias del gobierno anterior más que a una estrategia definida por las nuevas autoridades. Estoy seguro de que en el propio MGAP hay equipos técnicos que tienen propuestas para mejorar la situación. Tenemos además un Ministerio de Salud Pública de gran cohesión y legitimidad y una Dirección Nacional de Medio Ambiente que viene de organizar con éxito la primera conferencia de Naciones Unidas que se realiza en Uruguay, sobre los contaminantes orgánicos persistentes.

El Ministerio de Trabajo ha puesto en el primer plano los derechos de los trabajadores rurales, uno de los grupos más golpeados por los agrotóxicos. Tenemos un Presidente que conoce como pocos los efectos del cáncer y su vinculación con factores ambientales.

Está todo para iniciar también un cambio en las políticas públicas sobre sustancias químicas peligrosas, en particular sobre los agrotóxicos. Sólo falta asumir el problema.