Esto debido a que las fumigaciones en grandes extensiones de terreno forman parte del Plan Colombia, que cuenta con el apoyo del Gobierno de Estados Unidos, afectan al territorio ecuatoriano y el gobierno de Palacio (presidente Alfredo Palacio) aún no ha tomando acciones.

Los ecuatorianos insisten en que Colombia debe suspender las aspersiones, pero Colombia sostiene que diversos estudios dan cuenta que no afectan la vida humana. Y mientras Quito afirma que la lluvia de glifosato debe restringirse a una franja de diez kilómetros de la frontera común, para prevenir efectos secundarios, Bogotá descarta las repercusiones, apoyado en un reciente informe de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), adscrita a la OEA (Organización de Estados Americanos).

No obstante, el canciller ecuatoriano Antonio Parra Gil, asegura que "aún no hay una conclusión científica" en torno a las consecuencias de las fumigaciones, aunque añadió que es probable que éstas sólo se hagan visibles después de 15 ó 20 años. Bajo el gobierno del derrocado presidente Lucio Gutiérrez, Ecuador acordó con Colombia que el tema fuera investigado por una comisión técnica bilateral, en tanto siguieron las fumigaciones en el marco de la lucha contra el narcotráfico y los grupos rebeldes.

Los ministerios ecuatorianos de Medio Ambiente, Salud y Agricultura revelan que necesitan entre 500 y 800 mil dólares cada uno para realizar el análisis de contaminación del glifosato.

Las plantaciones de coca y amapola se concentran en varios departamentos, entre estos los de Putumayo y Nariño, limítrofes con Carchi y Sucumbíos. Estados Unidos financia el programa de fumigación con 17 millones de dólares anuales en el marco del Plan Colombia. Ese programa contempla una asistencia económica y militar por unos 3.000 millones de dólares. Mientras tanto muestras tomadas a 10 mujeres del Ecuador y 12 de Colombia, a 80 kilómetros de la frontera donde se realizan las fumigaciones, presentan síntomas de intoxicación.

En el informativo de Caleta Sur la consultora en el Tema de Drogas María del Carmen Estupiñán afirma que luego de 30 años de esfuerzos por erradicar los cultivos ilícitos mediante el uso de herbicidas de amplio espectro por vía aérea, estudios científicos concluyen que el remedio puede ser peor que la enfermedad. Provoca graves daños a la salud humana, a la flora y la fauna en general y contaminan el aire, agua y tierra por largos períodos de tiempo.

En julio del 2000 el periódico Hoy de la ciudad de Quito reportaba algunos de los efectos de las fumigaciones que la población de la Frontera Norte del Ecuador, colindante con Río Blanco del Solar de Colombia, sufría serias afectaciones a la salud, irritación de ojos, piel y nariz, náuseas, vómitos, problemas estomacales, dolores de oído, aumento de la presión arterial entre otros.

"Son incalculables las pérdidas económicas y los impactos negativos en la salud de la población, los cuales solo han sido apreciados en su sintomatología sin que pueda constatarse sus efectos a mediano y largo plazo. El fracaso de las cosechas y la muerte del ganado y otros animales sumados a la permanencia del Roundup en el suelo de 120 días a 3 años coloca en la incertidumbre absoluta la vida de la comunidad de la zona afectada", afirma María del Carmen.