El resultado del encuentro
fue considerado "altamente satisfactorio" por las
autoridades de ambos países, debido a la promesa de
Bogotá de mantener la suspensión temporaria de las
fumigaciones. Pero, la negación, por parte de las
autoridades ecuatorianas, de la declaración del oficial
estadounidense Javier Delucca, integrante del FOL (Forward
Operating Location), de que la Base de Manta es parte
del Plan Colombia, es vista por los movimientos sociales
del país como una tentativa "de tapar el sol con un
colador".
Según el documento divulgado
por el Grupo de Monitoreo, "el país entero sospecha,
desde 1999, que, más allá de lo que dice la diplomacia
ecuatoriana y las aclaraciones subsiguientes de Bogotá o
de Washington, el discurso de los responsables militares
del FOL de EEUU en la Base de Manta está de acuerdo con
lo que siempre se pensó: que la base de Manta es un
componente estratégico y logístico de inteligencia en
tiempo real, en apoyo de las operaciones ejecutadas en
el marco del Plan Colombia."
El encuentro tampoco aclaró
la demora del gobierno colombiano para responder a las
recomendaciones de la ONU, de febrero de 2006, de que es
necesaria la formación de una comisión para evaluar el
impacto de las fumigaciones sobre la salud humana y
sobre el medio ambiente de Ecuador, y que, mientras esa
comisión no elabore las conclusiones, no deben ser
reiniciadas las fumigaciones en el espacio de frontera
entre Ecuador y Colombia. Más de seis meses después de
la fecha de la recomendación, la respuesta colombiana
todavía no es pública.
El departamento colombiano de
Putumayo, ubicado en la frontera con Ecuador, fue
informado, el 10 de agosto, de que las fumigaciones en
el lugar iban a ser reiniciadas. Tres días después del
informe, las fumigaciones recomenzaron y las
plantaciones fueron siendo destruidas hasta el 16 de
agosto, fecha en la que fue realizada la reunión
diplomática. Las fumigaciones, además de afectar a los
municipios de la frontera ecuatoriana, perjudican a los
ciudadanos colombianos que enviaron cartas firmadas por
6 mil familias, solicitando al presidente colombiano
Álvaro Uribe el apoyo gubernamental para fortalecer el
desarrollo alternativo, en vez de utilizarse la fuerza.
El documento del Grupo de
Monitoreo cuestiona además el uso de erradicación manual
de la plantación como estrategia represiva anti-drogas:
"esa expresión del Plan Colombia cae sobre los
territorios, no sobre los vegetales ilícitos. Bogotá
dice que ‘Colombia es soberana para decidir si fumiga o
arranca’, pero Ecuador puede advertir las consecuencias
que en nuestra frontera traería la combinación de
fumigaciones con la nueva política de erradicación
forzada por medios manuales, usando paramilitares
desmovilizados, acusados como narcotraficantes por el
propio Departamento de Estado (colombiano), pues no es
casual ni está aislada de los enfoques y ajustes de
Washington para el área andina."
Los problemas presentados por
el documento ponen en riesgo la capacidad de los
ecuatorianos de "escoger su destino", por eso los
integrantes del Grupo de Monitoreo reafirman la posición
en favor de una "política exterior y en las fronteras,
que está empeñada en consolidar la organización civil y
el tejido social, para la creación de Territorios de Paz
Fronterizos y en presionar para que Ecuador recupere la
ejemplar política exterior de paz, autodeterminación y
soberanía que tuvo al inicio de la década de 1980."
