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Las
denuncias del biólogo Andrés Carrasco sobre los peligros del
glifosato comenzaron a tener efecto. El Comité Nacional de
Etica en la Ciencia y la Tecnología (CECTE) de Argentina
recomendó que se lleve a cabo una evaluación urgente de los
riesgos de ese agrotóxico y que en ella intervengan sólo
técnicos sin lazo alguno con empresas del sector.
La recomendación, difundida el martes 12, ya fue elevada al
ministro de Ciencias, Lino Barañao, y está acompañada
de consideraciones sobre los antecedentes de las grandes
trasnacionales que producen y comercializan ese herbicida,
que en Argentina, así como en otros países de la
región, se emplea fundamentalmente para fumigar la soja.
Esa resolución sigue a la divulgación, en el diario Página
12, de una investigación sobre los efectos del glifosato en
anfibios desarrollada por el biólogo Andrés Carrasco,
director del Laboratorio de Embriología Molecular de la
Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, que
comprobó las malformaciones graves que causa ese producto.
“El Comité Nacional de Ética en la Ciencia y la Tecnología
recibió expresiones de inquietud relacionadas con la
difusión periodística de trabajos de investigación
realizados por el grupo del doctor Andrés Carrasco. Dicha
información ha renovado la preocupación sobre los posibles
efectos perjudiciales para la salud del herbicida glifosato”,
indica el texto, titulado “Controversia acerca de posibles
riesgos por el uso del herbicida glifosato”.
Carrasco decidió divulgar los resultados de su trabajo en un
medio de prensa, incluso antes que en los círculos
académicos, por tratarse de “un asunto de relevancia social
que debe ser manejado por la opinión pública y no sólo por
especialistas”, y también por dudar de la independencia de
algunos de sus colegas o de las instituciones en las que
trabajan.
También para los miembros del CECTE se está ante “un
tema relevante que da lugar a controversias éticas, afecta a
la integridad en la investigación y compromete además las
relaciones de la ciencia y la tecnología con la economía, la
producción agropecuaria, la preservación del medio ambiente,
la salud y el bienestar de la población”. Todos los actores
sociales involucrados deben estar en condiciones de “elegir
responsable y democráticamente qué riesgos asumen y cuáles
no”, señalaron.
En función de esas premisas, los integrantes de la comisión
interdisciplinaria de “especialistas de la más alta
jerarquía científica y técnica” cuya conformación “urgente”
aconseja el CECTE no deben tener vinculación alguna
“ni presente ni pasada” con empresas “nacionales o
multinacionales vinculadas a la producción agropecuaria
relacionada con el glifosato y la soja”.
Los técnicos son llamados a proceder a “una evaluación
científica y epidemiológica de las denuncias sobre los
posibles efectos sobre poblaciones humanas” del agrotóxico
en cuestión, y analizar para ello los trabajos de todo tipo
realizados también después que el herbicida fuera
autorizado, cosa que en Argentina se produjo en 1996
tras un trámite curiosamente expeditivo y plagado de vicios
formales y de fondo.
Intervendrán en la evaluación especialistas en epidemiología,
toxicología, embriología, química orgánica, producción
agropecuaria, ciencias ambientales, manejo de suelos,
sociología rural y ética de la investigación científica.
El texto del CECTE, titulado precisamente
“Controversia acerca de posibles riesgos por el uso del
herbicida glifosato”, admite que al respecto existen “dos
bibliotecas”, una que “condena” y otra que “absuelve” al
herbicida, esta última alimentada fundamentalmente por las
propias compañías y técnicos ligados a ellas, pero subraya
que “más allá de estas afirmaciones encontradas, los
antecedentes de las grandes empresas productoras y
comercializadoras constituyen otro factor insoslayable en el
análisis de la situación por la generación de intereses
económicos entre los actores relacionados con el problema,
dentro y fuera de la comunidad científica”.
Poco después de sus declaraciones periodísticas, Carrasco
fue amenazado y presionado por representantes de las grandes
empresas agroquímicas, al tiempo que periodistas conocidos
por operar como lobistas de esas compañías publicaban en
medios de prensa ligados a esos mismos intereses artículos
en los que ponían en duda la “seriedad” de la investigación
del científico.
En cambio, el biólogo fue respaldado por unos 300 científicos
argentinos y extranjeros y por organismos de defensa de los
derechos humanos.
“Yo no descubrí nada nuevo, sino que confirmé investigaciones
de otros científicos y sobre todo denuncias de
organizaciones sociales y de habitantes de zonas afectadas
con las fumigaciones con glifosato”, insistió Carrasco
al difundir su investigación.
Una de esas organizaciones sociales evocadas por Carrasco,
que operó como punta de lanza en las denuncias sobre los
efectos del glifosato y otros agrotóxicos utilizados en las
provincias sojeras de Argentina, el Grupo de
Reflexión Rural (GRR), presentó precisamente en estos
días un informe titulado “Pueblos fumigados”.
En él se recogen las experiencias concretas de las
poblaciones que padecieron las fumigaciones, investigaciones
científicas realizadas al respecto, testimonios de médicos y
de abogados que intervinieron en las denuncias, sentencias
judiciales que se hicieron eco de estas últimas.
“Es el corolario de una campaña de cinco años trabajando en
el tema de los impactos del modelo industrial sobre las
poblaciones”, resumió Jorge Rulli, integrante del
GRR, a la agencia de noticias Biodiversidadla.
La campaña se centró esencialmente en el corazón sojero de la
Argentina, es decir en las provincias de Santa Fe,
Córdoba, Entre Ríos y Buenos Aires, pero también tuvo
reflejos en Tucumán, Chaco, Salta e incluso en Corrientes,
donde los agrotóxicos son empleados sobre todo por las
arroceras.
En esas últimas provincias “todavía no se han constituido
fuertes entramados de autoconvocatoria”, a diferencia de lo
que sucede, por ejemplo, en Córdoba, donde la respuesta de
las poblaciones locales, aun aquellas de pequeños centros,
es especialmente vivaz.
“Pueblos fumigados” fue presentado a diversas autoridades de
gobierno, comenzando por la Presidencia de la República y
siguiendo por la Secretaría de Ambiente Humano de la Nación,
o los ministerios de Salud y de Ciencia y Tecnología, sin
mayor respuesta de su parte. También fue entregado a
legisladores nacionales y provinciales, con resultado
similar.
“En realidad no esperábamos respuestas”, dice Rulli,
indignado en particular por el comentario que el ministro de
Ciencia y Tecnología
Lino Barañao
hizo a propósito de la investigación de Andrés Carrasco.
“Salió a rebatirlo de una manera brutal, al decir que las
víctimas (del glifosato) son de la agricultura orgánica y no
de la agricultura industrial, lo cual realmente da vergüenza
ajena, es un escándalo”, señaló.
“Lo que están haciendo en Argentina los defensores de
este modelo industrial es un verdadero genocidio, y en algún
momento vamos a tener que llegar a los tribunales
internacionales”, clamó el vocero del GRR,
denunciando no sólo la pasividad de las autoridades de
gobierno sino también la complicidad de sectores de la
academia. “Este es un modelo que fue pensado en la
Universidad de Buenos Aires y en otros lugares donde se
reúnen los presuntos científicos. Tiene una matriz
absolutamente académica, universitaria, y allí debe
desarmarse”, afirmó.
El problema, agregó, es que “cuando uno habla con la
dirigencia política y con los intelectuales argentinos
comprende que hay una apuesta muy fuerte al crecimiento,
al progreso ilimitado y a las tecnologías. Siguen
insistiendo en que las tecnologías son neutras, y estamos
convencidos que ese clima ideológico es el que ha permitido
que se instalara el modelo de los monocultivos, que es
equivalente al modelo de la minería y de los eucaliptos”.
De todas maneras, Rulli considera auspicioso el
“tremendo cambio de conciencia” que se ha operado en los
últimos años en las poblaciones afectadas por “el modelo”. “Es
impresionante la cantidad de gente que se convoca con estas
nuevas temáticas y que no participa en la actividad política
partidaria. Nos llama mucho la atención, sobre todo en las
pequeñas y medianas localidades, que el tema de la leche
fresca, de la comercialización de la leche, de los espacios
feriales, de la matanza local sean grandes temas y que
convoquen a tanta gente”,
subrayó.
En
Montevideo, Daniel Gatti.
Rel-UITA
14 de
mayo de 2009
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