Paraguay
Un incendio provocado
que causó un daño irreparable |
El 6 de julio
pasado el humilde barrio de San Vicente de Asunción se despertó en medio de la
madrugada con el mayor de los sobresaltos, cuando las llamas que salían de los
grandes depósitos de agrotóxicos de la Oficina Fiscalizadora de Algodón y Tabaco
(OFAT) amenazaban con consumir sus viviendas de techos de zinc y paredes de
cartón. Rápidamente, los vecinos salieron de sus casitas y comenzaron a
colaborar con baldes de agua y mangueras para extinguir el fuego, sin imaginar
las consecuencias que para ellos traería ese incendio que, ahora se sabe, no
consistió en un simple accidente, como se creyó en un principio. A esa
conclusión llegaron los miembros de una Comisión Especial de la Cámara de
Diputados, conformada con la exclusiva misión de averiguar las causas del
siniestro, producido hace ya cuatro meses.
En efecto, los
Bomberos Voluntarios del Paraguay confirmaron a los diputados que comprobaron la
existencia de tres focos diferentes de inicio del incendio, algo que no se da
cuando se trata de un hecho accidental. Sin embargo, esta prueba no fue
suficiente para que las autoridades de las instituciones involucradas tomaran
cartas en el asunto y ordenaran el cierre definitivo de los depósitos de la OFAT,
que siguen funcionando como si nada hubiera sucedido. Tampoco sirvió para que se
paliara en alguna medida las secuelas que la quema de estos insecticidas dejó en
los habitantes de San Vicente. Hoy, la indiferencia oficial sigue cerrando
puertas a los pedidos de ayuda realizados por los afectados. Y los niños siguen
jugando, inconscientes del peligro, en medio de los desechos tóxicos que
quedaron enterrados en la canchita del vecindario, respirando a cada segundo el
aire contaminado de veneno.
Un lapidario informe
El informe de
los diputados dice textualmente: "Según informaciones de los Bomberos
Voluntarios que actuaron en la ocasión, el incendio tuvo tres focos de
iniciación, hecho que nunca se produce en un incendio accidental, lo cual hace
presumir gravemente sobre la intencionalidad del siniestro". Esta clara
intencionalidad, añade, constituye un crimen que debe ser castigado con todo el
peso de la ley, independientemente del delito ambiental en que, por negligencia,
habrían incurrido las autoridades. El documento legislativo llama por otra parte
la atención sobre la ubicación inadecuada del depósito de agrotóxicos de la OFAT,
así como sobre la manipulación, el uso y el transporte de las sustancias
tóxicas, lo cual
Rel-UITA
denunció oportunamente.
Los diputados
destacan la responsabilidad de ciertas instituciones en esta tragedia ambiental,
en particular la Municipalidad de Asunción, la Secretaría del Ambiente y el
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, por permitir el funcionamiento
del depósito en un área urbana densamente poblada, y sobre todo el Ministerio de
Agricultura y Ganadería, identificado como el “principal responsable” de los
hechos.
"Hasta la fecha
todas estas instituciones han actuado tímidamente y luego de presiones de la
sociedad civil. Pero esta situación tiende actualmente a quedarse en el olvido y
a abandonar a su suerte a los afectados. Estos siguen en el lugar. Continúan con
variadas afecciones, con el riesgo de padecimientos crónicos a largo plazo,
difícilmente medibles o pronosticables, porque ni siquiera pudimos saber con
certeza qué productos estaban depositados en la OFAT, ni qué consecuencias
podría tener en ellos el cóctel de químicos que se formó con el agua al apagar
el incendio, ni la mezcla de gases liberados al ambiente durante la combustión
de los agrotóxicos", expresa el documento.
Inmediatamente
después del incendio, el ex titular del Ministerio de Salud Publica y Bienestar
Social del gobierno del ex presidente Luis González Macchi, José Mayans, había
anunciado el otorgamiento de un carnet sanitario a cada residente en la zona
afectada, a fin de recibir atención medica gratuita e integral por tres años,
con el monitoreo y seguimiento adecuado de las afecciones crónicas que puedan
presentarse ante la exposición permanente a tóxicos. Sin embargo, y a pesar de
la insistencia de los afectados, la promesa no se ha cumplido y todo indica que
a las actuales autoridades gubernamentales, que asumieron el 15 de agosto,
tampoco les interesa mucho cumplir lo pactado.
El informe de
los diputados indica que hasta ahora los vecinos de San Vicente han sido
sometidos a terapias ineficaces y no han tenido acceso a los medicamentos
adecuados. Menciona además que los centros de salud estatales a los que
concurren los pobladores ni siquiera cuentan con los remedios recomendados para
hacer frente a este tipo de afecciones en lo inmediato, y menos aún para un
tratamiento a largo plazo, como ellos pretenden.
Mentiras e irregularidades
La diputada Olga
Ferreira, del Partido Patria Querida, quien lideró la Comisión Especial
parlamentaria, expresó cierto alivio al comprobar que en el depósito no había,
como se declaraba, 6.803 kilos y 24.810 litros de agrotóxicos. En caso de que
esas hubieran sido las cantidades almacenadas se hubiera producido un número
elevadísimo de muertes humanas y de animales, además de un daño ambiental
irreparable en varios kilómetros a la redonda. “Este incidente está plagado de
irregularidades, de muchas mentiras y falsedades. Ahora nos preguntamos dónde
está la cantidad de insecticidas declarada, que, por suerte, no se encontraba en
el depósito", señaló Ferreira.
La legisladora
destacó que en la OFAT nunca existió un control estricto de entrada y
almacenamiento de los insecticidas. Ni siquiera, dijo, había un encargado de
depósito, en un lugar en donde por seguridad debe haber varios controles
simultáneos de los tóxicos, por la alta peligrosidad de los mismos. “Esto merece
una investigación penal”, subrayó.
Ferreira dijo no
estar en condiciones de asegurar, por falta de pruebas fehacientes, que el
incendio en la OFAT fue provocado para ocultar ciertas millonarias compras que
en realidad no se realizaron, pero observó que la duda al respecto ya está
instalada en la opinión pública.
Más medidas de seguridad
El informe de
los diputados alerta sobre los agroquímicos distribuidos en distintos depósitos
de la OFAT. Todos estos depósitos están emplazados en zonas pobladas, y
constituyen una verdadera “bomba de tiempo”, ya que de producirse un incendio
similar al de Asunción se provocaría una catástrofe de consecuencias
impredecibles para la población y el ambiente. Por tal motivo, los
parlamentarios solicitaron a las autoridades competentes que tomen las medidas
de seguridad correspondientes sin más tramites, pedido que sigue sin cumplirse.
El intendente municipal de Asunción, Enrique Riera, protestó Ferreira, ni
siquiera ha ordenado de oficio el cierre definitivo del depósito de la OFAT.
“Ahora la pelota para que se clausuren esas instalaciones está en la cancha de
la Municipalidad. El intendente es una persona inteligente y sabe perfectamente
lo que tiene que hacer. No está dentro de mis funciones como diputada ordenar el
cierre del depósito, es el intendente el que debe ordenar la clausura. No sé qué
espera para hacerlo.".
Los eternos pedidos sin respuestas
La comisión
investigadora parlamentaria urgió a todas las instituciones involucradas en este
incidente una evaluación ambiental integral completa de suelo, aire, agua en un
radio prudencial y abarcante de posibles impactos. Demás está decir que el
pedido del plenario de la Cámara de Diputados tampoco fue escuchado por las
autoridades involucradas, vale decir la Municipalidad de Asunción, los
ministerios de Salud Pública y de Agricultura y la Secretaría de Medio Ambiente.
Los diputados
manifestaron su sospecha de que altos funcionarios de la cartera de Agricultura
estén comprometidos en el siniestro, aunque hasta el momento sólo el ex ministro
Darío Baungarten fue imputado por la Fiscala del Medio Ambiente, María Bernarda
Álvarez. No obstante, la causa abierta a Baungarten refiere a la existencia
irregular de un depósito de insecticidas en una zona densamente poblada de la
ciudad de Paraguari, a 100 kilómetros de Asunción.
La comisión
parlamentaria solicitó igualmente a otras municipalidades del país la
implementación de medidas de seguridad en los depósitos diseminados por todo el
territorio, "que atentan contra la salud de las personas y del medio ambiente,
pues la mayoría se encuentran en zonas pobladas, en total contravención a las
disposiciones del manual de la FAO". Además, los parlamentarios reiteraron al
Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social la concesión de una cobertura de
control médico integral y gratuito a los afectados por el incendio y la entrega
del carnet sanitario para atención médica, con un plazo de validez de por lo
menos tres años.
A la Fiscalía
del Medio Ambiente se le solicitó una investigación exhaustiva sobre la
responsabilidad de los funcionarios de la Municipalidad de Asunción, quienes
permitieron el funcionamiento de este depósito en un área urbana densamente
poblada. También pidieron una investigación a los funcionarios del Ministerio de
Agricultura y Ganadería por las posibles causas del incendio, teniendo en cuenta
los serios indicios de intencionalidad existentes. Los diputados quieren saber,
por otro lado, por qué el Ministerio de Agricultura anunció una supuesta
cantidad de tóxicos quemados, que resuelto no ser real. La diputada Ferreira
indicó que seguirá al frente de esta investigación, y que convocará a las
jerarquías de las instituciones encargadas de prestar atención a los pobladores
afectados por el incendio.
En tanto, los
vecinos del barrio San Vicente continúan presionando de diversas maneras para
obtener el carnet sanitario de atención médica gratuita en centros de salud
públicos. A pesar de los constantes reclamos en ese sentido, las autoridades
siguen mostrándose indiferentes, y actuando como si el incendio de los depósitos
de la OFAT nunca hubiera tenido lugar.
Rosalía Ciciolli
© Rel-UITA
6 de noviembre de 2003
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