La empresa Nicaragua Sugar Estates Limited, propietaria del Ingenio San Antonio, uno de los más grandes de Centroamérica, controla gran parte de la producción de azúcar del país. Si por un lado los extensos cañaverales dan trabajo a miles de personas en el Occidente del país, por el otro el Ingenio San Antonio ha estado al centro de muchas polémicas y denuncias públicas por los daños provocados al medio ambiente y, sobre todo, a esos mismos trabajadores.

Según las diferentes asociaciones de ex trabajadores azucareros, son más de 2 mil los fallecidos por Insuficiencia Renal Crónica (IRC), mientras que otros miles siguen padeciendo esta enfermedad que ellos imputan a la contaminación de las aguas del Ingenio por los agroquímicos utilizados en los cañaverales.

Actualmente, la Nicaragua Sugar Estates Limited está pidiendo un préstamo de 25 millones de dólares al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para adquirir 1.500 hectáreas de terreno y expandir el cultivo de caña. Organizaciones de la sociedad civil se han movilizado para detener este proyecto, considerándolo extremadamente dañino para la población y los recursos naturales.

Sirel conversó sobre esta situación con Yaniree Álvarez, abogada y miembro del Movimiento Social de León y de la Asociación Desarrollo Comunitario Abangasca (ADCA).

-¿Cómo se enteraron del proyecto de préstamo a favor de Nicaragua Sugar Estates Limited?

-A través de contactos que tenemos en Estados Unidos, pero además toda la información está disponible en la página Web del BID. Estamos hablando de 25 millones de dólares para la compra de 1.500 hectáreas de terreno en el Occidente de Nicaragua para ampliar el cultivo de la caña.

Es parte de un préstamo especial para fortalecer lo que se conoce como “el cultivo de la caña frente a otro tipo de energía en el país”, porque simultáneamente con aumentar la producción de azúcar se va a implementar la producción de energía.

El Ingenio San Antonio ya está generando electricidad con base en el bagazo de caña y leña, y con el pretexto de aumentar esa generación están ahora justificando la necesidad de ampliar la superficie sembrada a caña.

-En un momento de crisis energética como el que está viviendo Nicaragua, es fácil presentar este proyecto como una ayuda al desarrollo del país…

-Estamos concientes de eso, pero consideramos que lo que se va a impulsar no es a favor del desarrollo de Nicaragua. En primer lugar no se está tomando en cuenta que, como en el caso del megaproyecto hidroeléctrico COPALAR, estas tierras están en manos de pequeños productores campesinos o de cooperativas. Muchas veces son productores que, por falta de financiamiento, no pueden desarrollar sus cultivos tradicionales.

No existe, además, un plan de ordenamiento ambiental-territorial que defina cuáles son los espacios donde se puede cultivar caña, y los espacios donde debe estar viviendo la población rural. Ni siquiera se ha definido el tipo de cultivo que se puede desarrollar cerca de los asentamientos rurales, para que la población no siga siendo afectada al momento de fumigar los agroquímicos o hacer trabajos estructurales.

En la zona de Abangasca Central, en el territorio indígena de Sutiaba, vimos cómo la población salió afectada en sus cultivos al momento de esparcir el “madurador”.

-¿Cuáles otras afectaciones podría generar la aprobación del préstamo del BID?

-No se está tomando en cuenta que para cultivar caña se necesita extraer grandes cantidades de agua. Para regar menos de 1.500 manzanas se necesitan por lo menos diez pozos muy profundos, y de cada pozo se extraen 1.200 galones de agua por minuto. Esto ya está afectando gravemente las reservas de agua de los pobladores de la zona rural, y ese nuevo proyecto va a empeorar la situación.

Otro elemento es la deforestación que se va a ocasionar para sembrar caña. Si juntamos todos estos factores queda claro que el proyecto de los dueños del Ingenio San Antonio va a tener una incidencia muy negativa.

En los diferentes foros sobre energía renovable se ha demostrado la gran capacidad que tiene Nicaragua en relación con la producción de energía geotérmica, eólica y solar, pero aquí se quiere potenciar algo que va a dañar a la gente y al medio ambiente y beneficiar sólo a un grupo privilegiado de empresarios. Eso no es ninguna ayuda para el país.

-¿Ya se sabe cuáles son los terrenos que quieren comprar?

-No exactamente, ya que en el documento del BID no aparece este detalle, pero la Nicaragua Sugar Estates Limited ha venido adelantando la compra en algunos municipios como Quezalguaque, Posoltega, El Realejo, entre otros.

El Ingenio San Antonio posee actualmente 144 mil manzanas de tierra y ahora quiere agregarle 1.500 hectáreas más.

Está adquiriendo tierras que eran de cooperativas que fueron beneficiadas por la Reforma Agraria de los años 80 y que, en los últimos 16 años, con el desmantelamiento del sistema agropecuario, no consiguieron financiamientos y las fueron acorralando hasta tener que vender sus tierras.

-¿A qué punto está el proceso de otorgamiento del préstamo?

-Antes de entregar un préstamo como este, el BID debe hacer una auditoría general sobre el proyecto. Según nuestra información, esa auditoría debe comprobar que existe un aval para la compra de los terrenos y la siembra de la caña.

Pero ese aval no tiene que ser de los alcaldes, sino de las máximas autoridades municipales que son los Consejos Municipales. Los Consejos tienen que debatir, aprobar y autorizar la extensión del cultivo de caña dentro del municipio. Por eso estamos preguntando a todos los Consejos Municipales si en algún momento le han entregado una carta de aval a la Nicaragua Sugar Estates Limited o al BID, pero varios concejales ya nos han respondido que nada saben de eso.

Además, en la descripción de la auditoría se señala que el proyecto debe contar con el apoyo y el respaldo de las comunidades aledañas. En la práctica, cuando fuimos a los territorios concernidos la gente nos dijo que no fue consultada y que está dispuesta a firmar una carta-denuncia porque no está de acuerdo con el ampliación del cultivo de caña.

-¿Qué medidas van a tomar?

-Queremos hacer una encuesta entre los pobladores para que se expresen sobre la aprobación del préstamo a la Nicaragua Sugar Estates Limited para expandir el cultivo de caña. La gente tiene que poder opinar sobre su futuro dentro de su municipio y no puede ser una decisión impuesta desde arriba.

Es importante poder hacer una verdadera auditoría desde las comunidades, con análisis científicos de las aguas y del suelo realizados por organizaciones reconocidas a nivel nacional e internacional.

Existen muchos problemas que el BID tiene que tomar en cuenta, y estamos trabajando para que nos dé la posibilidad de presentar todas las pruebas que tenemos en contra de la Nicaragua Sugar Estates Limited.

Para acceder a un préstamo del BID no se pueden tener causas abiertas en la justicia. La Nicaragua Sugar Estates Limited tiene causas pendientes con la justicia por la vía administrativa y por la vía judicial, y vamos a presentar esos expedientes.

Tenemos, además, comprobantes de cheques que demuestran cómo el Ingenio San Antonio compró “voluntades” entre los miembros del sindicato blanco que existe en la empresa. Aparentemente, este sindicato avaló la demanda de préstamo y vamos a demostrar por qué lo hizo sin tomar en cuenta a los demás trabajadores. Lo que pretendemos probar es cómo la empresa ha frenado el verdadero sindicalismo dentro de la planta, con el apoyo del personal del Ministerio del Trabajo.

Vamos también a presentar las resoluciones del Ministerio del Ambiente (MARENA) y del Ministerio de Agricultura (MAGFOR) en contra del Ingenio San Antonio, y vamos a pedir a las autoridades municipales relacionadas con el medio ambiente que tomen cartas en el asunto.

Tenemos una gran cantidad de pruebas en contra de esta empresa y ahora se trata sólo de ordenarlas y crear grupos de trabajo.

-¿Tienen contactos directos con el BID?

-Tenemos uno a través de una compañera estadounidense de New Haven, que es parte del hermanamiento de esta ciudad con León. Nos van a apoyar en la parte científica y de análisis y para presentarle nuestra auditoría al BID.

-¿Y si el préstamo se aprobara?

-En ese caso pretendemos que no se utilice para ampliar el cultivo de caña, sino para que el Ingenio San Antonio cambie de tecnología. En lugar de quemar caña, afectando gravemente a la población y al medio ambiente, que adquiera maquinarias y tecnología adecuada para cortar caña en verde. Por otro lado, estamos planteando que también elabore y desarrolle lo que llamamos la “cosecha de agua”, o sea la retención de agua para alimentar el manto acuífero. Hacer embalses naturales para que esta agua sea absorbida por el suelo. Estas tecnologías ya las hemos puesto a disposición del Ingenio, pero nunca nos hizo caso.

No estamos pidiendo que quiten la caña, porque es una realidad del Occidente del país, pero que sea un cultivo que no dañe al medio ambiente, que a largo plazo no deje sin agua al Departamento, que no se utilicen los agroquímicos que son parte de la “docena sucia” y que, de alguna manera, sea un cultivo que no perjudique a la población.