El pasado viernes 31 de
julio, varios efectivos de la Policía Nacional de Nicaragua
interrumpieron abruptamente la cuarta vídeo conferencia que los miembros
de la Asociación Nicaragüense de Afectados por Insuficiencia Renal
Crónica (ANAIRC), organización afiliada a la UITA, estaban realizando
frente al Edificio Pellas. Decenas de personas y organizaciones a nivel
internacional asistieron en vivo a través de la Web a la brutal e
injustificada represión policial, que aparentemente marca un cambio de
actitud de este cuerpo represivo hacia los ex trabajadores azucareros.
“Ya
habíamos comenzado la vídeo conferencia cuando llegó la policía y sin
mediar palabra comenzó a atacarnos, contó a Sirel la presidenta
de la ANAIRC, Carmen Ríos.
Cuándo
traté de hablar para decirle que estaban violentando mis derechos me
callaron, diciéndome que con el sólo hecho de hablar ya les estaba
faltando el respeto y comenzaron a golpearme. Traté de defenderme pero
los agentes, entre ellos una mujer, me cayeron encima y hasta recibí una
patada en el útero”.
Según
el relato de Carmen Ríos, los agentes no dieron ninguna
explicación del por qué del desalojo, y mucho menos de la actitud
extremadamente violenta en contra de su persona y de los compañeros que
trataron defenderla.
“También mis compañeros fueron golpeados al tratar defenderme. Gente muy
enferma fue tirada al suelo. Al final fui llevada a la fuerza, junto con
otros tres compañeros, hasta la estación del Distrito 5 de la Policía.
En el
recorrido –continuó Ríos– siguieron golpeándome, sobre todo una
mujer policía que lleva la placa número 8168 y de nombre Juana. Cuando
llegamos a la estación comenzó otra pesadilla.
La
mujer me quiso desnudar y siguió con los golpes. Ante mi resistencia me
puso una pistola en la frente diciéndome que me quitara la ropa si no me
mataba, y hasta insultó a un agente que entró al cuarto y le reclamó por
el trato que me estaba dando”, denunció la presidenta de la ANAIRC.
“Después de los golpes y del atropello a mis derechos fui conducida a
otra sala ante otro policía, y comencé a reclamarle porque nunca en mi
vida pensé que algún día nuestra Policía Nacional, que surgió de la
Revolución para defender los derechos del pueblo, iba a actuar de esta
manera.
En ese
momento entró la misma mujer policía y entre nuevos insultos, me volvió
a pegar en la espalda”, concluyó su relato Carmen Ríos.
Lo
absurdo de toda esta lamentable situación es que, según Ríos, de
repente se apareció un sub comisionado del Distrito Cinco de la Policía
informando que se había tratado de un error, y que la actuación de los
agentes se debía a una denuncia por el uso indebido de morteros caseros
frente al Edificio Pellas.
Según
el sub comisionado, de nombre Gutierrez, el Departamento de
Asuntos Internos va a abrir una investigación para averiguar lo que pasó
y castigar a los culpables de la agresión.
Algo
huele mal
Como
sólo los niños creen en los cuentos de hadas, resulta inverosímil e
inaceptable el comportamiento de la Policía que, hasta el momento, había
tenido muy buenas relaciones con los ex trabajadores azucareros y viudas
de la ANAIRC, respetando su lucha y hasta ofreciéndoles
protección ante las constantes amenazas de las que han sido sujeto desde
su llegada a Managua.
“Fue
una acción violenta e inexplicable, enfocada sobre todo contra la
presidenta de la ANAIRC –manifestó a Sirel el responsable
de Incidencia del Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud
(CISAS), Denis Meléndez–.
Aparentemente el cambio de actitud responde a que la familia que ha sido
demandada (Pellas) solicitó la presencia de los policías, y éstos
actuaron con una velocidad impresionante.
Para
evitar cualquier especulación ya se tienen preparadas tres cartas que
van a ser entregadas hoy martes 4 de agosto.
La
primera carta está dirigida a la Primera Comisionada de la Policía
Nacional, Aminta Granera, para que dé una explicación formal y
oficial sobre este hecho. Otra carta se va a entregar al diputado
Gustavo Porras en calidad de Presidente de la Comisión de Salud, y
una tercera carta está dirigida al Presidente de la República, Daniel
Ortega Saavedra”, dijo Meléndez.
El
oficial de Incidencia del CISAS informó también que se va a
solicitar al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) que
alerte sobre esta situación. Además, varias organizaciones a nivel
nacional e internacional se comunicaron de inmediato con el CISAS
para conocer del caso.
Por su
lado la UITA, más allá de expresar su total apoyo a su
organización afiliada, va a seguir muy de cerca el desarrollo de
esta situación y espera que las explicaciones que va a brindar la
institución de la Policía Nacional sean exhaustivas y convincentes.
La
lucha de la ANAIRC
Desde
hace casi 5 meses los miembros de la ANAIRC están pidiendo que la
Nicaragua Sugar Estates Ltd. (NSEL), propietaria del Ingenio
San Antonio e integrante del Grupo Pellas, escuche sus
demandas y abra una negociación para poder ser indemnizados por los
daños ocasionados a su salud.
Hasta
la fecha, la empresa ha preferido guardar absoluto silencio acerca de la
propuesta, y ha tratado de crear las condiciones para un enfrentamiento
entre los ex trabajadores azucareros afectados por la IRC y los
trabajadores activos del Ingenio San Antonio y la Compañía
Licorera de Nicaragua, utilizando sindicatos blancos y centrales
sindicales afines a la empresa, con los que firmó un acuerdo que fue
denunciado y rechazado a nivel mundial.
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