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En marzo de
2009 se conformó en la Asamblea Nacional de Nicaragua una Comisión
Nacional Multisectorial para abordar el tema de la insuficiencia renal
crónica (IRC). La Comisión es conformada por las Comisiones de Salud y
Seguridad Social, Laboral, instituciones de gobierno, instancias
relacionadas con este drama, incluyendo a diferentes organizaciones de
ex trabajadores azucareros afectados por IRC, cuyos miembros expresaron
su problemática y principales demandas. Esta fue la base para iniciar un
proceso en búsqueda de una salida real a esta situación, que involucra
gobierno y empresas privadas del sector de la agroindustria azucarera.
“Nos
dimos cuenta que la IRC además de ser una situación de emergencia, es un
problema de salud pública nacional que golpea a la población
economicamente activa”
–explicó a Sirel el coordinador de la Comisión Ejecutiva de esta
instancia multisectorial, Dr. Wilfredo Barreto–.
Las principales
demandas de los afectados tenían que ver con la salud, las pensiones y
los alimentos y en este sentido comenzamos a trabajar para
compenetrarnos bien en la problemática de la IRC, y para formular
propuestas que buscaran una salida a esta situación”.
La Comisión estudió a fondo los
resultados preliminares de un estudio científico desarrollado por la
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN León), sobre las
causales de la IRC en el que se evidencia que la actividad agrícola,
principalmente la de la caña de azúcar y también del banano y del maní,
tiene una relación directa con la enfermedad renal que sufren los
trabajadores y la población que vive en los alrededores de las
plantaciones.
“A partir de estos
datos –continuó Barreto–, la Comisión Ejecutiva comenzó a
elaborar dos documentos: un Protocolo de Entendimiento, que involucraría
directamente a las instancias de gobierno y a la empresa privada de la
industria azucarera como corresponsable de esta situación, para darle
una respuesta a corto plazo a las demandas de los afectados, y una ley
como instrumento jurídico que contribuya a prevenir y resolver el
problema de manera definitiva, a través de la promoción de buenas
prácticas productivas para el sector agropecuario”.
Antes de finalizar
el año, las diferentes instancias de gobierno se comprometieron a
presentar planes de acciones y respuestas a la problemática de la IRC
y producto de estos planes, se creará un único Plan Estratégico en
el que tendrán que involucrarse también el sector empresarial y las
distintas Alcaldías de las zonas más afectadas.
Con respecto a la iniciativa de ley, su
enfoque está principalmente dirigido al tema de la regulación del uso
que las empresas hacen de los contratistas y subcontratistas y del
fenómeno de la terzerización. Además, se pretende reglamentar el uso,
manipulación, aplicación y almacenamiento de agrotóxicos, las
condiciones de trabajo y las medidas de seguridad e higiene laboral.
Las empresas
contratacan
Durante la
presentación a los medios de comunicación de esta iniciativa de ley, el
presidente de la Comisión Salud y también secretario general del Frente
Nacional de los Trabajadores (FNT), Gustavo Porras,
explicó que “el objetivo de esta legislación es ir eliminando las
prácticas productivas nocivas al ser humano, las cuales pueden ocasionar
diversos tipos de enfermedades, entre ellas la insuficiencia renal”.
Por su lado, el
presidente del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS),
Roberto López, reforzó
la exposición de motivos al declarar que desde hace muchos años se ha
demostrado que los trabajadores que laboran en los ingenios azucareros
se han visto afectados por esa mortal enfermedad, y que los dueños de
los ingenios deben brindar atención a estas personas.
Según el periódico
digital “El 19”, López propuso que en el caso de las
empresas agropecuarias y particularmente de los ingenios, el aporte
patronal que se realiza para riesgo profesional tenga que incrementarse
del 1.5 al 5 por ciento. “De esa manera, con esos fondos podemos brindar
mejor atención a las personas con insuficiencia renal crónica”, dijo el
presidente del INSS.
La reacción de las
empresas azucareras no se hizo esperar y en un campo pagado que apareció
en los principales periódicos del país, el
Comité Nacional de Productores de
Azúcar (CNPA) atacó las declaraciones del presidente del INSS y volvió a
defender sus intereses al no aceptar algún tipo de relación directa
entre la agroindustria azucarera y la IRC.
Además de explicar
el “excelente sistema de salud con el que protegen a sus trabajadores y
sus familias” y “las vigorosas prácticas de responsabilidad empresarial
donde la protección del medio ambiente ocupa un
lugar fundamental”,
los empresarios azucareros volvieron a atacar a “los sectores que
quieren desacreditar a nuestra industria y que promueven versiones
distorsionadas sobre la enfermedad renal, generando antagonismos que lo
único que han hecho es obstaculizar la búsqueda de una explicación y
solución a esta problemática de salud pública”.
Los patrones de la
producción azucarera, pero también de licor, energía y etanol,
encabezados por el poderoso
Grupo Pellas
y las empresas Nicaragua
Sugar Estates Ltd.
(NSEL) y la Compañía Licorera de Nicaragua SA (CLNSA)
que lo integran, agregaron también que estas declaraciones “hechas a
pocos días de que se inicie la producción de azúcar y de energía en el
marco de la zafra 2009 - 2010, atentan contra la estabilidad de nuestras
empresas y de un sector que es responsable del 4 por ciento del PIB
nacional”.
La pantomima
empresarial
La estrategia de
querer poner en dudas la estabilidad de las empresas y de esta manera
tratar de sublevar a los trabajadores activos en contra de quienes
exigen una solución a la problemática de la IRC o pretenden
defender sus derechos violados, no es nueva.
Desde hace 9 meses,
los ex trabajadores del
Ingenio San Antonio,
propiedad de la Nicaragua Sugar
Estates Ltd, que integra el
Grupo PELLAS,
organizados en la Asociación Nicaragüense de Afectados por Insuficiencia
Renal Crónica (ANAIRC),
afiliada a la UITA, están luchando en Managua para que se les
reconozca una indemnización por los daños causados a su salud por el uso
indiscriminado de agrotóxicos y la contaminación de los recursos
hídricos.
Hasta la fecha se han contabilizado más
de 3.500 fallecidos y más de 8 mil afectados.
Pese a las repetidas amenazas, el acoso
constante y el vergonzoso silencio de la empresa que hasta el momento no
ha querido abrir una mesa de negociaciones, hechos repetidamente
denunciados por los mismos afectados y la UITA, los ex trabajadores
azucareros resisten y siguen firmes en su propósito de lograr que se les
respeten sus derechos.
En este sentido, la iniciativa de la
Comisión Nacional Multisectorial y del gobierno de Nicaragua, además de
reconocer el vínculo directo entre agroindustria azucarera y la IRC, tal
como lo vienen planteando desde hace muchos años los ex trabajadores
afectados, la UITA y un sinnúmero de organizaciones que a nivel mundial
se han solidarizado con la lucha de la ANAIRC, contribuirá a que miles
de afectados se sientan
menos solos y más respaldados en su difícil situación.
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