“La última zafra: la Insuficiencia Renal Crónica en la historia laboral agrícola de Nicaragua” es el título del estudio presentado en enero pasado por Denis Meléndez Aguirre, responsable del Área de Incidencia del Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS).

En la dedicatoria de su trabajo, Meléndez rinde un homenaje “a las personas que fueron sacrificadas, y cuya memoria demanda acciones para frenar el genocidio. Para las personas que han dedicado sus energías para que los postulados de la Atención Primaria en Salud sean una realidad en Nicaragua, y más allá”.

Sirel dialogó con el autor para profundizar en el análisis de cuál deberían ser estas “acciones para frenar el genocidio”, que ya cuenta con más de 2.600 fallecidos.

-En las últimas semanas, los ex trabajadores azucareros y las viudas afiliados/as a la Asociación Nicaragüense de Afectados por la Insuficiencia Renal Crónica (ANAIRC), denunciaron el total desinterés por parte de la Nicaragua Sugar States Ltd, propietaria del Ingenio San Antonio y empresa miembro del Grupo Pellas, frente a su trágica situación y la de miles de afectados que fueron trabajadores de este ingenio. ¿Cómo se ha llegado a esta situación?

-Es importante hacer un resumen de lo que ha ocurrido con relación a la posibilidad de una negociación entre ANAIRC y la empresa. Finalizando 2006, en el periodo de transición entre el gobierno saliente y las autoridades que iban a asumir la nueva administración, el tema de la IRC estaba en la agenda nacional y los medios de comunicación le daban mucho espacio. De manera no oficial, personeros del Ingenio San Antonio atendieron parcialmente la comunicación con ANAIRC. Sin embargo, en la medida en que fueron transcurriendo los meses se observó una cierta indolencia por parte de la empresa y también del gobierno. Por el número de casos registrados y de personas fallecidas, la IRC en Nicaragua representa un problema de salud pública, y un país serio y responsable debería volcar todos sus esfuerzos y su energía para resolverlo, pero aparentemente parece prevalecer el criterio de que como la IRC es una enfermedad cuyo tratamiento tiene costos muy elevados, tanto el sistema de Seguridad Social como el de Salud Pública no asumen el caso con la contundencia necesaria. Esta indolencia está afectando la situación de los enfermos y de las viudas, y tanto la empresa como las instituciones deben asumir sus cuotas de responsabilidad.

-En el caso de las instituciones gubernamentales como las que mencionaste, su posición es que se está haciendo todo lo posible. Según los mismos afectados, la Seguridad Social ya aprobó 3.800 pensiones en los últimos tres años, mientras que el MINSA acaba de declarar a Sirel que se invirtió una gran cantidad de dinero para la atención especializada a los afectados por IRC. ¿Dónde es que están fallando y están demostrando una cierta indolencia?

-El problema de la IRC tiene diversas vertientes. La Seguridad Social, después de muchos reclamos y protestas, finalmente accedió a atender el problema de las pensiones. Esto no es por cortesía de esta institución, sino que en su momento no quiso tutelar la Ley de Seguridad Social y las actuales autoridades tuvieron que asumir esa omisión aportando respuestas. Se ha atendido una cantidad considerable de pensiones, pero no es exclusivamente ése el asunto. Estamos hablando de un problema de salud pública. Todos los actores del gobierno, y la sociedad civil en su conjunto, tienen que abocarse a la atención de la emergencia. Hasta la fecha, sin embargo, nadie ha dicho absolutamente nada en relación con los focos probados de contaminación en aguas y suelos, y esto a pesar de que hay suficientes estudios que evidencian esta problemática.

-¿Qué tipo de estudios?

-Un trabajo del Departamento de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) de León, estableció que alrededor del 80 por ciento de los pozos monitoreados evidenciaban residuos de agrotóxicos sintéticos. Hay monitoreos en mujeres recién paridas y en lactantes que han probado de manera categórica la presencia de trazos de estos químicos en la leche materna. Se han hecho análisis en productos perecederos, como melones y sandías, y también se encontraron las mismas evidencias. A pesar de que hay normas y leyes, Nicaragua no ha logrado todavía resolver el problema de la nueva “Docena Sucia”, y muchos de estos productos circulan libremente en el país o están almacenados a la intemperie, constituyendo focos de contaminación. Por tanto, hay un gran problema con relación a las causas de la IRC,  y no es tan cierto que se ha hecho todo lo posible para solucionar el asunto.

-Con respecto a la empresa, uno de los temas más debatidos es si efectivamente existen pruebas concretas que relacionen la IRC con el trabajo desarrollado por los afectados en el ingenio. En tu trabajo “La última zafra”, se lee que, efectivamente, hay suficientes estudios para corroborar esta hipótesis.

-En todo el mundo se reconoce que el uso de agrotóxicos sintéticos provoca efectos adversos a la salud humana en grupos de población expuestos. Algunos por participar directamente en la aplicación, como es el caso de trabajadores y trabajadoras, y otros que fueron expuestos indirectamente y que ni siquiera lo saben. Estos químicos se alojan en tejidos grasos del cuerpo humano y de allí viene toda una serie de secuelas. Diferentes universidades nacionales e internacionales han realizado estudios en la zona occidental del país, con mucho énfasis en los cuerpos de agua y en el suelo, en productos aptos para el consumo humano y en mujeres en período de lactancia materna. En todos los casos se han encontrado trazos de estos químicos. En uno de ellos se ha encontrado DDT, cuya última importación data de más de 30 años, pero persiste en el ambiente. Eso evidencia que los llamados Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP) están todavía presentes, y en el occidente del país la situación es dramática. Todos los estudios de aguas aptas para consumo humano indican que hay un acumulado histórico de los productos químicos que han causado daños en el pasado y que siguen ocasionándolos.

-Se ha especulado mucho sobre si la empresa propietaria del Ingenio San Antonio debería reconocer a los afectados una indemnización por los daños causados o una ayuda humanitaria. ¿Cuál es tu opinión?

-El principio es que la vida de las personas no tiene precio. Sin embargo, se ha ocasionado un daño a la vida de los ex trabajadores azucareros, pero colateralmente también a sus familias y a las comunidades, así que el daño va más allá de los que trabajaron en los cañaverales. Sobre el concepto de ayuda humanitaria o indemnización, el problema en Nicaragua es que en un momento dado un grupo de afectados negoció con esta empresa y aceptó una cierta cantidad de dinero bajo el concepto de ayuda humanitaria. De esa manera se sentó un precedente jurídico fuertemente negativo, porque se evitó que la empresa fuera demandada e indemnizara a este grupo de personas que fueron perjudicadas en su salud y en su vida. Este precedente jurídico afectó negativamente los intereses de los siguientes grupos de población, que continuaron siendo expuestos a la contaminación y que están hoy en día reclamando una indemnización. Además, hay que garantizar a las familias de estas personas cuyas vidas han sido segadas una compensación por los daños causados.

-En ese tipo de lucha, como por ejemplo el caso de los ex bananeros afectados por el Nemagón, una de las causas que han debilitado al movimiento ha sido la división interna de los ex trabajadores y trabajadoras. En el caso de ANAIRC, ¿qué es lo que debe de cuidar en su proceso de lucha?

-En el caso de la IRC es importante tomar como referencia lo que ha ocurrido con esta primera negociación que se llevó a cabo entre la empresa y un grupo de 1.300 afectados. La empresa desembolsó una suma muy considerable de dinero en concepto de ayuda humanitaria, pero según lo que contaron las mismas personas beneficiadas, sólo un grupo reducido de unas diez o doce personas lograron recibir 38 mil córdobas cada una (2.400 dólares). El resto recibió una cantidad mucho menor y una gran masa monetaria no llegó a las personas afectadas, se quedó en “algún lugar”. Lo mismo ha pasado con los afectados por el Nemagón. En el caso de ANAIRC, creo que debe ser lo suficientemente transparente en cualquier tipo de negociación. Las personas que van a ser beneficiadas deben conocer de qué suma se está hablando y cuánto va a recibir cada persona, de forma amplia y abierta. Ante la empresa hemos planteado también beneficios sociales adicionales referentes al tema de salud, educación y recreación.

-Frente a la indolencia de la empresa, ¿cuáles podrían ser los próximos pasos?

-Un primer paso es involucrar a otros sectores de la sociedad, pero también hay que elevar el caso a un plano internacional, implicando a actores que no necesariamente están en Nicaragua, de tal forma que la empresa comience a sentir la presión. Si por ejemplo se ha hablado de una inversión en nuevas plantaciones de caña de azúcar en Honduras por una cantidad de aproximadamente 170 millones de dólares, lo adecuado sería que las trabajadoras y los trabajadores de Honduras sepan lo que ha ocurrido en Nicaragua, para que se organicen y no permitan que miles de personas hondureñas, por condiciones de trabajo no adecuadas, sean víctimas de la IRC.