Se los
emplea habitualmente en la agricultura convencional con el
argumento de que permiten un incremento de la producción de
los cultivos, y constituyeron una de las bases de la
“Revolución Verde”, que, de acuerdo a numerosos trabajadores
rurales, agricultores, técnicos e investigadores, ha
culminado en un rotundo fracaso. A pesar de que los
empleadores, la industria comercia-lizadora de agrotóxicos y
algunos técnicos afirmen lo contrario, en la práctica
siempre existe un efecto negativo relacionado con el uso o
la exposición a los agrotóxicos.
En la
ciudad uruguaya de Bella Unión se desarrollan actividades
agrícolas y ganaderas, destacándose fundamentalmente los
cultivos de caña de azúcar, arroz y hortalizas bajo
protección (invernaderos).
Los
habitantes de esa ciudad y de localidades cercanas (Cainsa,
Pueblo Cuareim, Portón de Fierro) son año a año afectados
por fumigaciones aéreas y terrestres que se realizan en
diferentes cultivos. Organizaciones sociales y ciudadanos en
general vienen reclamando hace años que se alerte a la
población del lugar acerca de los riesgos que genera la
aplicación de agrotóxicos.
Fue en esa
perspectiva, y con el objetivo de probar el daño que en la
salud humana provoca la utilización de agrotóxicos, que en
2003 dio comienzo el proyecto “Efectos del empleo de
agroquímicos en Bella Unión”, llevado a cabo por un equipo
multidisciplinario de médicos, toxicólogos, neumopediatras,
genetistas y psicólogos sociales, apoyados por Rel-UITA,
Redes Amigos de la Tierra, la Red de Acción contra los
Plaguicidas-América Latina y el Programa Uruguay
Sustentable.
Para
abordar un trabajo integral, desde la investigación hacia la
promoción de salud, se entendió de vital importancia
habilitar un espacio de diálogo con las comunidades de la
zona, estableciendo canales de comunicación que permitieran
poner el problema en palabras, priorizando las vivencias
cotidianas de la población.
A esos
efectos se reconstruyeron todos los datos sobre patologías
agudas y crónicas, malformaciones y muertes que mantiene en
secreto la comunidad de Bella Unión. También se comenzó a
institucionalizar un banco de datos sobre los agrotóxicos
utilizados con mayor frecuencia (2,4 D, carbofurán,
glifosato, clorpirifos, cipermetrina y endosulfán), algunos
de los cuales se encuentran entre los señalados en un
reciente estudio1
según el cual en Uruguay se comercializan 43 plaguicidas
prohibidos, retirados, severamente restringidos o no
aprobados por diferentes gobiernos.
La segunda
parte de la investigación se desarrolló a partir de exámenes
físicos en niños y adultos, estudios de laboratorio,
funcionales respiratorios, medición de la actividad de las
colinesterasas, biomarcadores de genotoxicidad.
Un resumen
de los resultados reveló que en la población estudiada
existe una tendencia a valores más elevados de índice de
daños por agrotóxicos en la población infantil. Asimismo,
los niños y mujeres expuestos en forma indirecta –a través
de la cosecha, el lavado de materiales contaminados y las
viviendas– presentan un mayor índice de daño que los
trabajadores rurales y agricultores directamente expuestos a
los agrotóxicos.
A partir de
estos datos preliminares se concluyó que no se debe seguir
mirando hacia el costado. Un tema tan importante como la
salud de los trabajadores rurales y los ciudadanos todos,
así como la protección de recursos naturales como el agua,
el suelo, del ambiente en general debe tratarse con seriedad
y responsabilidad.
Ése debería
ser el inicio de un proceso que se instale en diferentes
niveles. La población, las organizaciones sociales deberán
tomar la problemática y hacerla suya, apropiarse del tema y
comenzar a tomar medidas colectivas para cuidarse a sí misma
y cuidar a los otros. Los organismos que tienen competencia
deberán ser receptores del problema y comenzar, o seguir
(hay honrosas excepciones) trabajando junto a las
organizaciones sociales y a las poblaciones afectadas en el
diseño de programas de investigación que permitan plantear
propuestas para, en principio, minimizar los efectos
negativos de estos productos.
Por otro
lado no debemos olvidar que la agricultura es una fuente de
alimentos que no sólo opera en la producción sino también en
su distribución, cuantitativa y cualitativamente. Un aspecto
relevante a recordar es que un porcentaje importante de las
personas que están en situación de pobreza extrema y de
inseguridad alimentaria viven en zonas rurales, por lo que
la agricultura tiene la potencialidad de aportar, generando
localmente, alimentos suficientes y seguros.
La
agricultura es también fuente de empleo productivo, cuyas
condiciones de trabajo (seguridad, bienestar) estarán en
función de las prácticas que se instrumenten. La agricultura
brinda la oportunidad de introducir nuevas formas de
relación con la naturaleza, apostando a mejorar los
aprovechamientos y articular las prácticas agrícolas a la
dinámica de los ecosistemas, cuidando así la salud del
trabajador, del consumidor y del mismo ecosistema y la
comunidad en él asentada.
Pero para
eso se tiene que ver que la clave del cambio, no solamente
en la agricultura, debe partir de un enfoque nuevo de la
protección del medio ambiente.
Los
compromisos internacionales que nos preocupan a todos, como
son los de la biodiversidad, los protocolos del cambio
climático, el de Montreal para eliminar, entre otros, el uso
del bromuro de metilo, el de Estocolmo, para eliminar el uso
del mirex y el DDT, y el Convenio 184 de la Organización
Internacional del Trabajo sobre Salud y Seguridad en la
Agricultura, deben estar armonizados.
Además,
debemos desmitificar la ciencia para lograr programas de
investigación participativa donde el papel del conocimiento,
del saber campesino, es fundamental, como puede serlo el
conocimiento científico introduciendo conceptos de
producción basados en la teoría ecológica.
Una teoría,
por cierto, muy distante, como señala el investigador
español Antonio Bello2,
de “los sistemas agrarios que se basan en el concepto
darvinista de que se salve el que más puede, donde se
utilizan términos de guerra al hablar de control, de
estrategias, de enemigo. Esos son términos que tenemos que
suprimir. Necesitamos sistemas de producción que estén
basados en recursos locales que permitan la autonomía del
agricultor”.
La única
asignatura pendiente sería exclusivamente de valores éticos
y compromisos sociales, que resumiríamos así: queremos una
agricultura ecológica de calidad para todos. Para eso, los
ciudadanos deben aprender que los problemas del campo no son
solamente de unos cuantos, los agricultores, sino de todos
los ciudadanos.
Leonardo de León
© Rel-UITA
10 de junio de 2005
(1)
Elola S, Agrotóxicos "remedios peligrosos". Análisis de la
situación de los plaguicidas más tóxicos en Uruguay. Ed.:
RAP-AL y CEUTA, 2004.
(2)
Profesor de Investigación del
Centro de Ciencias Medioambientales del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) de Madrid, España.