Uruguay

Agrotóxicos:

La verdad ganó al silencio

 

En el manejo de los sistemas agrarios, los agrotóxicos constituyen uno de los factores que causan mayor impacto en el medio ambiente y en la salud humana.

 

 

 

Se los emplea habitualmente en la agricultura convencional con el argumento de que permiten un incremento de la producción de los cultivos, y constituyeron una de las bases de la “Revolución Verde”, que, de acuerdo a numerosos trabajadores rurales, agricultores, técnicos e investigadores, ha culminado en un rotundo fracaso. A pesar de que los empleadores, la industria comercia-lizadora de agrotóxicos y algunos técnicos afirmen lo contrario, en la práctica siempre existe un efecto negativo relacionado con el uso o la exposición a los agrotóxicos.

 

En la ciudad uruguaya de Bella Unión se desarrollan actividades agrícolas y ganaderas, destacándose fundamentalmente los cultivos de caña de azúcar, arroz y hortalizas bajo protección (invernaderos).

 

Los habitantes de esa ciudad y de localidades cercanas (Cainsa, Pueblo Cuareim, Portón de Fierro) son año a año afectados por fumigaciones aéreas y terrestres que se realizan en diferentes cultivos. Organizaciones sociales y ciudadanos en general vienen reclamando hace años que se alerte a la población del lugar acerca de los riesgos que genera la aplicación de agrotóxicos.

 

Fue en esa perspectiva, y con el objetivo de probar el daño que en la salud humana provoca la utilización de agrotóxicos, que en 2003 dio comienzo el proyecto “Efectos del empleo de agroquímicos en Bella Unión”, llevado a cabo por un equipo multidisciplinario de médicos, toxicólogos, neumopediatras, genetistas y psicólogos sociales, apoyados por Rel-UITA, Redes Amigos de la Tierra, la Red de Acción contra los Plaguicidas-América Latina y el Programa Uruguay Sustentable.

 

Para abordar un trabajo integral, desde la investigación hacia la promoción de salud, se entendió de vital importancia habilitar un espacio de diálogo con las comunidades de la zona, estableciendo canales de comunicación que permitieran poner el problema en palabras, priorizando las vivencias cotidianas de la población.

 

A esos efectos se reconstruyeron todos los datos sobre patologías agudas y crónicas, malformaciones y muertes que mantiene en secreto la comunidad de Bella Unión. También se comenzó a institucionalizar un banco de datos sobre los agrotóxicos utilizados con mayor frecuencia (2,4 D, carbofurán, glifosato, clorpirifos, cipermetrina y endosulfán), algunos de los cuales se encuentran entre los señalados en un reciente estudio1 según el cual en Uruguay se comercializan 43 plaguicidas prohibidos, retirados, severamente restringidos o no aprobados por diferentes gobiernos.

 

La segunda parte de la investigación se desarrolló a partir de exámenes físicos en niños y adultos, estudios de laboratorio, funcionales respiratorios, medición de la actividad de las colinesterasas, biomarcadores de genotoxicidad.

 

Un resumen de los resultados reveló que en la población estudiada existe una tendencia a valores más elevados de índice de daños por agrotóxicos en la población infantil. Asimismo, los niños y mujeres expuestos en forma indirecta –a través de la cosecha, el lavado de materiales contaminados y las viviendas– presentan un mayor índice de daño que los trabajadores rurales y agricultores directamente expuestos a los agrotóxicos.

 

A partir de estos datos preliminares se concluyó que no se debe seguir mirando hacia el costado. Un tema tan importante como la salud de los trabajadores rurales y los ciudadanos todos, así como la protección de recursos naturales como el agua, el suelo, del ambiente en general debe tratarse con seriedad y responsabilidad.

 

Ése debería ser el inicio de un proceso que se instale en diferentes niveles. La población, las organizaciones sociales deberán tomar la problemática y hacerla suya, apropiarse del tema y comenzar a tomar medidas colectivas para cuidarse a sí misma y cuidar a los otros. Los organismos que tienen competencia deberán ser receptores del problema y comenzar, o seguir (hay honrosas excepciones) trabajando junto a las organizaciones sociales y a las poblaciones afectadas en el diseño de programas de investigación que permitan plantear propuestas para, en principio, minimizar los efectos negativos de estos productos.

 

Por otro lado no debemos olvidar que la agricultura es una fuente de alimentos que no sólo opera en la producción sino también en su distribución, cuantitativa y cualitativamente. Un aspecto relevante a recordar es que un porcentaje importante de las personas que están en situación de pobreza extrema y de inseguridad alimentaria viven en zonas rurales, por lo que la agricultura tiene la potencialidad de aportar, generando localmente, alimentos suficientes y seguros.

 

La agricultura es también fuente de empleo productivo, cuyas condiciones de trabajo (seguridad, bienestar) estarán en función de las prácticas que se instrumenten. La agricultura brinda la oportunidad de introducir nuevas formas de relación con la naturaleza, apostando a mejorar los aprovechamientos y articular las prácticas agrícolas a la dinámica de los ecosistemas, cuidando así la salud del trabajador, del consumidor y del mismo ecosistema y la comunidad en él asentada.

 

Pero para eso se tiene que ver que la clave del cambio, no solamente en la agricultura, debe partir de un enfoque nuevo de la protección del medio ambiente.

 

Los compromisos internacionales que nos preocupan a todos, como son los de la biodiversidad, los protocolos del cambio climático, el de Montreal para eliminar, entre otros, el uso del bromuro de metilo, el de Estocolmo, para eliminar el uso del mirex y el DDT, y el Convenio 184 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Salud y Seguridad en la Agricultura, deben estar armonizados.

 

Además, debemos desmitificar la ciencia para lograr programas de investigación participativa donde el papel del conocimiento, del saber campesino, es fundamental, como puede serlo el conocimiento científico introduciendo conceptos de producción basados en la teoría ecológica.

 

Una teoría, por cierto, muy distante, como señala el investigador español Antonio Bello2, de “los sistemas agrarios que se basan en el concepto darvinista de que se salve el que más puede, donde se utilizan términos de guerra al hablar de control, de estrategias, de enemigo. Esos son términos que tenemos que suprimir. Necesitamos sistemas de producción que estén basados en recursos locales que permitan la autonomía del agricultor”.

 

La única asignatura pendiente sería exclusivamente de valores éticos y compromisos sociales, que resumiríamos así: queremos una agricultura ecológica de calidad para todos. Para eso, los ciudadanos deben aprender que los problemas del campo no son solamente de unos cuantos, los agricultores, sino de todos los ciudadanos.

 

Leonardo de León

© Rel-UITA

10 de junio de 2005

 

(1) Elola S, Agrotóxicos "remedios peligrosos". Análisis de la situación de los plaguicidas más tóxicos en Uruguay. Ed.: RAP-AL y CEUTA, 2004.

(2) Profesor de Investigación del Centro de Ciencias Medioambientales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de Madrid, España.

 

 

 

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