Los productores sojeros Hermann Schlender y Alfred Laustenlager fueron condenados en junio de 2005 por homicidio culposo y producción de riesgos comunes a causa de la muerte del niño de 11 años Silvino Talavera, pero el proceso a la fecha no se resuelve y está pendiente la apelación presentada por la defensa

La experta independiente Rosa María Ortiz presentó una carta en relación a la muerte de Silvino Talavera, en Itapúa, el 07 de enero de 2003, por fumigaciones con agrotóxicos de los productores condenados.

Rosa María, miembro del Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas, a través de su carta dirigida al Presidente de la Corte Suprema de Justicia, manifestó su preocupación por el retardo de justicia que podría llevar a la extinción de la acción penal. Preocupa a la experta independiente los efectos que está teniendo en los niños campesinos y sus familias el cultivo extensivo de la soja en el país. La muerte de Silvino Talavera "debe ser investigada y debe tener consecuencias penales si resultara ser víctima del mal uso de agrotóxicos".

Resaltó que "el Estado paraguayo como responsable principal de la aplicación de los derechos del niño, debe tomar medidas para prevenir estos hechos, reglamentando adecuadamente el uso de agrotóxicos y difundiendo información pertinente para que la población más vulnerable a los agrotóxicos pueda protegerse".

Sobre el mismo caso, esta semana el ex juez Roque Orrego, de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY) y del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) entregó ante la Secretaría Judicial n 3 del Poder Judicial un recurso por retardo de justicia, junto con una comitiva de organizaciones nacionales e internacionales. La queja por retardo de Justicia fue elaborada por el abogado querellante Juvenal Figari en representación de Petrona Villasboa, madre del niño Silvino Talavera. El escrito fue patrocinado por el abogado Juan Martens de la CODEHUPY.

Los participantes fueron: Mario Rivarola, de la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC); Sixto Cabrera, del Movimiento Campesino Paraguayo (MCP); Clara Quiroga y Elsa Segovia, de la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Trabajadoras, Rurales e Indígenas (CONAMURI); Magdalena Bareiro estuvo presente por el Colectivo Ybyturuzu y el Movimiento por el Derecho a la Salud; Silvia Gonzáles de Escauriza; de CEIDRA Universidad Católica; y también estuvo Moli Molinas por la CODEHUPY y la Coordinación de Mujeres del Paraguay (CMP).

Las organizaciones internacionales que acompañaron la presentación del recurso fueron: Acción por la Solidaridad, Equidad, Medio Ambiente y Diversidad (ASEED-Europa), representada por An Maeyens; el Movimiento Apostólico Seglar de España, representado por Daniel Cabello; el Grupo de Reflexión Rural de Argentina (GRR), representado por Javiera Rulli. Simultáneamente con esta misión internacional ante la Corte, en la ciudad de Encarnación, se realizó una manifestación ciudadana frente al Tribunal de Encarnación, encabezada por Petrona Villasboa, madre del niño Silvino, y Julia Franco, dirigente de la CONAMURI.

Todos los representantes de las distintas organizaciones insistieron en que la Corte Suprema de Justicia debe delimitar responsabilidades por la lentitud en la resolución de esta causa y solicitaron audiencia con la ministra Alicia Pucheta de Correa y el presidente de la Corte Suprema de Justicia para hacer llegar su inquietud.

Adital

1 de noviembre de 2006