Es seguro que
existen –y existirán- otras decenas de miles de víctimas aún ocultas del
envenenamiento con este agrotóxico, que altera el sistema reproductivo
humano y actúa como disruptor endócrino. Los daños provocados en las
células reproductivas de hombres y mujeres ya han generado una población
considerable de niños con malformaciones congénitas o enfermedades
degenerativas, problemas graves en el sistema nervioso, en el inmunológico
y en el desarrollo. Por otra parte, mínimas dosis de Nemagón pueden
alterar directamente los procesos químicos que se producen constantemente
en el cuerpo humano, muchos de ellos piloteados por el sistema endócrino
(hormonal) que es afectado directamente por este veneno. A menudo esta
alteración se manifiesta en los hijos o los nietos de las personas
afectadas, ya que el Nemagón –como los demás disruptores endócrinos-
trastorna la genética humana.
Una sucia,
muy sucia historia
Cuando la
empresa química estadounidense Dow Chemical comenzó a
fabricar el 1-2-dibromo-3-cloropropano (DBCP) sabía que además de matar
los nematodos que afectan el banano, probablemente tenía severos efectos
sobre la salud humana. Ya en 1958 una comunicación confidencial de
estricta circulación interna en la empresa química advertía a sus gerentes
que el DBCP provocaba atrofia testicular, esterilidad y daños en pulmones
y riñones sobre animales utilizados como cobayos. Esta información
trascendió el ámbito del secreto y llegó a oídos de las autoridades
gubernamentales estadounidenses de aquel momento, pero no fue una razón
suficiente para impedir su comercialización en Estados Unidos y el resto
del mundo.
Pasaron 17
años antes de que la conciencia de la Dow Chemical experimentara algún
síntoma de existencia, y eso fue provocado por la clara percepción de que
la inmoralidad del Nemagón había sido descubierta: en 1975, coincidiendo
con la prohibición del uso de DBCP en Estados Unidos, la Dow advirtió a la
bananera Standard Fruit Company costarricense sobre los
efectos que el veneno estaba causando en los trabajadores, y le anunció
que cesaría de venderlo. La Standard Fruit reaccionó con vehemencia y le
exigió a su proveedor que continuara abasteciéndola con Nemagón, y hasta
ofreció firmar un contrato responsabilizándose por las posibles
consecuencias legales que ello provocaría. La oferta convenció a la Dow,
que continuó produciendo y exportando DBCP no sólo a Costa Rica, también a
Nicaragua, Guatemala, Honduras, Panamá, Ecuador, Colombia y otros países
subdesarrollados.
Durante 4
años más, hasta 1979, los trabajadores bananeros continuaron trabajando en
una pileta invisible de DBCP, lo siguieron aspirando, exponiéndose durante
la mayor parte del día a sus terribles e irreversibles efectos sin ninguna
información y, por lo tanto, sin ninguna protección. Pero además de ellos,
también se expusieron sus esposas e hijos, que a menudo les alcanzaban el
almuerzo y hasta lo compartían con ellos dentro del bananal, e inclusive
sustituían al obrero aplicando ellas mismas el producto mientras sus
compañeros se alimentaban. Así, miles de mujeres y de niños han sido
expuestos al Nemagón porque para las cuentas de la Standard Fruit
resultaba más lucrativo cultivar una banana vendible que dejar crecer un
niño sano. Todo y todos fueron sacrificados en el altar del dinero, y para
unos poquitos. Si se le calculara un costo a esta catástrofe humana y se
agregara el del desastre ambiental que ha provocado la aplicación masiva
de DBCP, seguramente no alcanzarían los beneficios acumulados desde su
creación por mil Standard Fruit para reestablecer las condiciones
originales de los seres vivos ya dañados, y de los que serán afectados en
el futuro por la permanencia y los efectos a largo plazo de este
agrotóxico.
La
impunidad en oferta
Una historia
tan sucia y lucrativa buscaría, obviamente, el acompañamiento de una
impunidad igualmente hedionda. Y hasta ahora lo ha encontrado. Costa Rica
tiene la mayor población afectada por el DBCP en el mundo. Desde los
diversos grados de esterilidad masculina y femenina, dolores y atrofias
testiculares, cáncer de hígado, deficiencias en la vista, malformaciones
congénitas, afecciones óseas y el invisible daño moral y sicológico.
Decenas de miles de víctimas y ninguna que haya recibido justicia real:
las indemnizaciones ofrecidas por la empresa han sido de 100 dólares por
persona afectada. Los trabajadores y sus familias han sido doblemente
abusados por un sistema inhumano: primero en su salud física y mental, en
su capacidad de procrear, y segundo por la “flexibilización laboral” que
impuso globalmente el gran capital transnacional provocando la
desaparición de muchos sindicatos, entre ellos los de los bananeros.
La unión,
la fuerza
En Costa
Rica, recién a partir de la creación del Consejo Nacional de Trabajadores
(CONATRAB), en 1998, los obreros lograron enfrentar organizadamente el
problema. Actualmente los afiliados a esta organización levantan tres
reivindicaciones básicas: el pago de una indemnización justa al trabajador
y su familia, la instrumentación de un programa de asistencia médica
especializada y la elaboración de un programa de pensiones para los casos
más severos. Estos tres puntos están incluidos en un proyecto de ley que
actualmente se encuentra a consideración de la Asamblea Legislativa de ese
país. La CONATRAB ha logrado que el Estado admita la existencia del
problema y que asuma una parte de sus costos sociales, y ha decidido
“apoyar todas las acciones que se orienten a fortalecer el combate por la
eliminación total del uso de plaguicidas en la agricultura”.
Carlos Amorín
© Rel-UITA
9-10-02
