Como en otros
países centroamericanos y de otras regiones del mundo donde se cultivó el
banano intensivamente, en Nicaragua las empresas transnacionales
utilizaron durante más de 20 años el nematicida DBCP,
cuyos nombres comerciales más frecuentes fueron Nemagón y
Fumazone. Este producto dejó de usarse a fin de los años
setenta. Desde entonces se sabe que más de 65 mil personas en todo el
mundo quedaron afectadas. El DBCP provoca esterilidad
humana total o parcial, malformación de los niños cuyas madres o padres
estuvieron expuestos al químico, atrofia testicular, alteración del
sistema hormonal, cáncer de hígado y riñones, abortos espontáneos,
confusión en la memoria, depresión y otros efectos.
Sus
consecuencias son tan insidiosas y están aún tan mal estudiadas que es
imposible establecer una cifra real de víctimas. Especialmente cuando se
tiene en cuenta que el DBCP actúa como un disruptor
endocrino (hormonal), sistema que regula todos los procesos químicos que
ocurren en el organismo humano. El desarrollo intelectual, sexual, físico,
etc, del ser humano está “orquestado” por las hormonas, y el DBCP
interfiere en esos procesos sin que aún se conozca exactamente la
totalidad del daño que provoca. Lo que sí se sabe es que muchas veces los
efectos se manifiestan en los hijos o los nietos de las personas
expuestas, incluso a pequeñas dosis, puesto que este químico altera la
estructura genética de las células reproductivas de los seres humanos. La
potencialidad nociva del Nemagón no se agota, pues, en la
primera generación, sino que puede enviar su mensaje de muerte y
enfermedad hacia el futuro, sobre personas que aún no nacieron.
LÓGICA DE LUCRO, LÓGICA
DE MUERTE
¿Cómo pudo
usarse un químico tan dañino en la agricultura? Porque, simplemente, era
rentable. Porque las transnacionales encontraron cómplices locales que les
permitieron someter a miles de trabajadores y sus familias a una política
de lento exterminio. En la libreta de cuentas de las empresas, era más
caro perder un banano que un ser humano. ¿Cuánto ha cambiado desde
entonces?
A principio
de 2001 la Asamblea de Nicaragua aprobó la Ley 364 (Ley Especial para la
Tramitación de Juicios promovidos por las Personas Afectadas por el uso de
Pesticidas Fabricados a Base de DBCP). Apoyándose en esta
ley, ASOTRAEXDAN inició una serie de demandas que
involucran a ocho transnacionales que vendieron o aplicaron el producto en
el país: Dow Agro Sciences, Aka Del Monte Fruits,
Del Monte Tropical Fruit Company, Shell Oil
Company, Occidental Chemical Corporation,
Standard Fruit Company, Dole Food Corporation Inc.,
Chiquita Brands International, y Del Monte Foods.
En estos juicios los damnificados reclaman ser indemnizados económicamente
por los perjuicios padecidos.
GRAN HERMANO y EL TÚNEL
DEL TIEMPO
A mediados de
octubre el periódico nicaragüense Nuevo Diario denunció que con fecha del
19 de marzo de 2002, el entonces embajador de Estados Unidos en Nicaragua,
Oliver Garza, presentó una nota ante el Canciller, Norman Caldera
Cardenal, en la que planteaba su preocupación, y la de su país, por los
alcances de la ley 364, puesto que dejaba a las empresas en “situación de
desigualdad jurídica” ante las víctimas. Como en la época en la cual
Nicaragua y otros países centroamericanos eran denominados “repúblicas
bananeras” puesto que eran las empresas transnacionales las que manejaban
el país entero, el canciller Caldera se apresuró a trasmitirla hasta los
más encumbrados ámbitos del gobierno. Allí se decidió una táctica. El 5 de
julio de 2002 Caldera envió una carta al Procurador de Justicia, doctor
Francisco Fiallos Navarro, transmitiendo las preocupaciones de Estados
Unidos. La carta iba apoyada por el Ministerio de Fomento, Industria y
Comercio, que consideraba que el planteamiento estadounidense con respecto
a la Ley 364, “podría ser válido”.
Curiosamente,
este movimiento ocurrió cuando era inminente que comenzarán a salir las
primeras sentencias desfavorables para las empresas.
No tan
curiosamente, el 2 de septiembre, el procurador Fiallos remitió un
dictamen sobre la Ley 364 al presidente de la Corte Suprema de Justicia,
doctor Iván Escobar Fornos, en el que “aconsejaba” derogar o declarar
inconstitucional a la Ley 364 que protege los derechos de las víctimas. En
el mismo momento envió una copia del dictamen al doctor Julio Vega,
secretario de la Presidencia de la República, lo que prueba que la
Presidencia conocía la situación.
Pero el
doctor Fiallos quería estar seguro de que su “opinión” se tradujese en
actos concretos, y olvidando que en Nicaragua existe separación de poderes
y el Judicial es totalmente independiente del Ejecutivo que él integra,
pasando por encima de la misma Constitución que dice defender y custodiar,
le solicitó al presidente de la Suprema Corte que le hiciera llegar una
copia de su nota a “todos los jueces civiles del país”. El presidente
Fornos, fuera de toda razón, lógica y derecho, se apresuró a su vez a
cumplir el deseo del procurador. ¿La república bananera ha muerto? Luego
se sabría que la iniciativa de tal exceso surgió desde la propia
Presidencia de la República y que el procurador sólo obedeció órdenes.
El principal
argumento esgrimido por la diplomacia estadounidense en este caso fue la
invocación al convenio de Fomento y Protección Recíproca de la Inversión
que vincula a ambos países, entendiendo que la Ley 364 atenta contra ese
acuerdo. No toma en cuenta, sin embargo, que no se puede presumir igualdad
entre la primera economía mundial y el segundo país más pobre de América
Latina. Es como si el león protestara porque el cabrito corre cuando él se
acerca.
PEQUEÑO HERMANO, CORAZÓN
GRANDE
La historia,
como siempre, la torció la movilización popular. A mediados de noviembre
llegó a Managua una marcha desde Chinandega de centenares de víctimas del
Nemagón exigiendo que se respetaran sus derechos y la
independencia de la justicia. Uno de los puntos fuertes de su entrada en
la capital fue el acto que se desarrolló ante la embajada de Estados
Unidos en ese país. La acción de ASOTRAEXDAN consiguió
que el gobierno retirase el vergonzoso dictamen del procurador bien
mandado y le arrancó la promesa al presidente nicaragüense, Enrique
Bolaños, de que la Ley 364 no será anulada.
Los
damnificados por el Nemagón saben que la única garantía
de justicia es mantenerse organizados, alertas y movilizados para defender
sus derechos.
Carlos
Amorín
©
Rel-UITA
18-12-02