La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Asamblea Nacional de Nicaragua dictaminó favorablemente la ratificación del Convenio de Rotterdam sobre “Procedimiento de consentimiento previo fundamentado aplicable a ciertos agrotóxicos y productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional”.

Según Julio Sánchez, del Departamento de Biodiversidad del Centro Humboldt, “El Convenio de Rotterdam tiene que ver con el Consentimiento Previo Fundamentado, es decir un principio y un mecanismo al mismo tiempo. Es un principio porque permite el acceso a informaciones y también un mecanismo porque permite una regulación de lo que ingresa o sale de un país. En este caso -continuó Sánchez- el Convenio establece los mecanismos para que los países que están en proceso de comercialización de productos químicos, entre ellos los agrotóxicos, tengan informaciones suficientes para tomar la decisión si aceptar o no la introducción de un químico. La idea del Convenio de Rotterdam, que fue adoptado en 1998 y entró en vigor en el 2004, es garantizar la salud pública, la protección del medio ambiente y evitar el ingreso de químicos en los países sin ningún tipo de control, ni de informaciones. De esa manera, un país que por ejemplo quiere importar un determinado plaguicida, comienza a recibir informaciones sobre si ese plaguicida ha sido prohibido en otros países y se le sugiere tomar la decisión de restringirlo o prohibirlo”.

Lo mismo pasa para los países que son exportadores de químicos. En ese caso están obligados a informar al país importador para que ese último tome una decisión. El Convenio de Rotterdam proporciona informaciones sobre un listado de 38 químicos prohibidos a nivel mundial, de los cuales 24 son agrotóxicos, que están sujetos al Procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo. Una eventual decisión de un país de prohibir estos químicos se notifica a la Secretaría del Convenio de Rotterdam para que informe a los demás países de esta decisión.

“Para Nicaragua sería muy importante poder ratificar este Convenio, porque se dotaría de un filtro a nivel internacional, que se va a sumar al que ya existe a nivel nacional y que tanto ha costado implementar. Nicaragua -recordó Sánchez- ya no podría seguir importando sin control, porque a nivel de Estado tendría toda la información sobre lo que las empresas quieren introducir al país. Es una herramienta que va a traer un poco más de orden y de control en materia de introducción de agrotóxicos, porque hasta la fecha en Nicaragua se han introducido cantidades impresionantes de agrotóxicos y con muy poco control”.

El dictamen favorable aprobado por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales tendrá ahora que ser analizado, discutido y sucesivamente aprobado por el plenario de la Asamblea Nacional.

Según la diputada y miembro de esa comisión parlamentaria, Mónica Baltodano, “en la comisión logramos un acuerdo entre todas las fuerzas políticas presentes en la Asamblea Nacional e involucramos en la discusión a representantes del Ministerio de Agricultura (MAGFOR), de Salud (MINSA) y de Ambiente y Recursos Naturales (MARENA). Aprovechamos de la ocasión para retomar el tema de la prohibición de los agrotóxicos mortales, que estaban en el listado presentado en 2005 a las instituciones por los afectados del Nemagón y de la Insuficiencia Renal Crónica (IRC) durante la “Marcha sin Retorno”, y volver a poner en la agenda nacional el impacto de estos químicos en la salud de la gente y en el ambiente. Lo que también estamos pidiendo -continuó la diputada Baltodano- es que el Ministerio de Educación (MINED) y el mismo MAGFOR asuman campañas que expliquen el manejo de los agrotóxicos, porque el nivel de intoxicaciones y muertes por ese motivo es muy alto y hay que trabajar e incidir para disminuirlo. Según datos del MAGFOR, las importaciones de estos productos son muy elevadas y hasta tenemos toneladas de agrotóxicos  que nunca se debieron de importar, y que entraron al país por falta de medidas que regulen a las grandes compañías. Faltan también medidas para que estas empresas se responsabilicen por la destrucción de los remanentes de estos químicos que quedan almacenados. Nicaragua tuvo que pagar más de 2 millones de dólares para destruir un sobrante de agrotóxicos, enviándolos al exterior porque el país no cuenta con la tecnología adecuada”, aseveró Baltodano.

En el trabajo de incidencia con los miembros de la comisión y el resto de diputados y diputadas que tendrán que votar la ratificación del Convenio de Rótterdam, la diputada contó con estudios y notas periodísticas publicadas por la Rel-UITA.

“Ahora estamos esperando que la Junta Directiva de la Asamblea Nacional ponga el dictamen en agenda para su discusión y aprobación. Entendemos que no va a haber ninguna oposición, pero obviamente vamos a aprovechar para presentar y divulgar datos tomados de la página web de la Rel-UITA, que tiene bastante información sobre el tema del impacto de los agrotóxicos. Ya he estado enviando a los miembros de la comisión varias denuncias y estudios que aparecen en esta página”, concluyó la diputada.

¿Por qué esperar tanto?

Frente a la difícil situación y a las debilidades que todavía afectan al sistema regulatorio nacional en tema de agrotóxicos, y teniendo Nicaragua dos de los casos más emblemáticos, como son los de los ex trabajadores bananeros afectados por el Nemagón y los ex trabajadores azucareros afectados por IRC, surge la pregunta del por qué se esperó tanto para ratificar este convenio internacional.

“Lastimosamente, Nicaragua no tiene visión de desarrollo - dijo Sánchez. Tenemos una visión cortoplacista y la agenda nacional nunca ha priorizado una agenda de desarrollo como país, sino que se prefiere privilegiar la demandas de los grupos elites, sean ellos la empresa privada o los políticos. El Convenio de Rotterdam es una de las tantas cosas que se han atrasado, como por ejemplo la Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria, la Ley de Agricultura Ecológica, la prohibición y restricción de agrotóxicos. Ojala que este convenio se apruebe urgentemente por el plenario de la Asamblea Nacional, porque si así fuera, junto con el Convenio de Basilea sobre “Control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación”, el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP) y la Ley 274 para la “Regulación y Control de Plaguicidas, Sustancias Tóxicas peligrosas y otras similares”, serían elementos muy importantes para que Nicaragua comience a tener una mayor regulación en el tema de agrotóxicos”, concluyó el representante del Centro Humboldt.