Sólo una empresa
será multada por violar las normas
al fumigar soja
transgénica
A la entrada del pueblo de Palmitas, en Soriano, sólo
una calle angosta separa las plantaciones de soja
transgénica de las viviendas de sus habitantes. Si se
recorren cinco cuadras más y se llega al final de la
zona poblada, la distancia entre las casas y el
sembradío se reduce a cuatro metros. Con unos 1.800
habitantes, la localidad está en el corazón de la zona
sojera: Soriano, que concentra el 44,1% de la superficie
sembrada del país, según el Anuario Estadístico
Agropecuario 2005 del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca (MGAP). La soja comenzó a plantarse en
Palmitas en 2002, y muchos de los campos sembrados
pertenecen a ciudadanos argentinos, según vecinos de la
zona.
La soja se fumiga con plaguicidas altamente tóxicos.
Según la reglamentación vigente, la distancia entre una
zona poblada y la plantación nunca debe ser menor a 300
metros en el caso de la fumigación terrestre (como en
Palmitas), o de 500 metros para fumigación aérea.
El pueblo sufrió y sigue sufriendo los efectos de la
infracción a esa normativa. "Los plaguicidas matan los
frutales, llenan de veneno la ropa que está tendida en
las cuerdas", contó a la diaria un vecino del lugar que
estuvo durante un tiempo encargado de la fumigación y
que ahora se dedica a denunciar sus efectos. Cuando
fumigan se concentra un olor "insoportable". Si hay
viento, el veneno se dispersa a 300 ó 400 metros a la
redonda. Cuando el tiempo está calmo es peor, porque se
concentra en una nube que permanece en el lugar,
manifestó un vecino de la zona, encargado de la
fumigación.
Se ve y se presume
Los plaguicidas tienen consecuencias sobre la salud
humana, algunas de ellas leves y fácilmente
comprobables. "Los días de fumigación hay ataques de
alergia, la gente tiene los ojos enrojecidos, le vienen
ataques de asma. Hay mucha gente con asma acá, con
problemas respiratorios", expresó una vecina que vive
frente a la plantación.
Los efectos más graves son difíciles de comprobar, antes
que nada por falta de datos oficiales. "Aquí no tenemos
registro. Sólo se llevan algunas historias clínicas de
las personas afiliadas a mutualistas, pero de Salud
Pública nada. No tenemos gente para hacer esa tarea,
sólo un funcionario", relató a la diaria María, que
cumple funciones administrativas en la policlínica de
Palmitas.
El jefe de Higiene de la Intendencia de Soriano, Ovidio
Olivera, dijo el viernes ante la Junta Departamental que
a nivel médico existe la presunción de que el uso
indebido de plaguicidas ha causado un aumento de los
casos de cáncer. El 80% de las muertes en el pueblo se
deben a esa enfermedad, afirman los vecinos.
Sin embargo, el médico Walter Martínez, que trabaja
desde hace diez años en la policlínica local pero no
vive en Palmitas, niega terminantemente que los
plaguicidas hayan tenido ese efecto. "No ha habido un
ingreso importante de gente por intoxicación desde que
se comenzó a plantar soja.
Sólo casos puntuales, de personas que trabajaron en
galpones", aseguró a la diaria. "Tampoco eso que se
dice, que ha aumentado el cáncer. No hay nada
científicamente comprobado", agregó.
Los vecinos mencionan especialmente el caso de una
persona con síndrome de Down, de unos 60 años. "A él
siempre lo cuidaba su hermana. Ese día ella fue a
trabajar y él salió de la casa y se paró frente a la
plantación a mirar. Estuvo toda la tarde. Ese día
estaban fumigando. A la noche empezó con todos los
síntomas de una intoxicación y falleció en el hospital
de Mercedes", relató una vecina.
Las irregularidades
En octubre de 2005, los habitantes de Palmitas
presentaron una carta firmada por 51 personas a la
Junta Departamental de Soriano, expresando preocupación
por los efectos de los agrotóxicos en su salud y por la
escasa distancia a la que se estaba fumigando. El MGAP
recibió en enero y febrero cuatro denuncias de
habitantes de Palmitas por fumigaciones realizadas sin
respetar las distancias exigidas.
El organismo encargado de constatar si se producen
infracciones en el sector agropecuario es la Dirección
General de Servicios Agrícolas (DGSA). "Una vez que se
recibe la denuncia, la Dirección tiene 48 horas para
hacerse presente en el lugar y realizar la inspección
correspondiente", explicó a la diaria Hugo Ferrazzini,
de la División Análisis y Diagnóstico de la DGSA. Si se
comprueba una infracción, sancionarla corresponde a la
División Servicios Jurídicos del MGAP.
En tres de las cuatro inspecciones realizadas en
Palmitas (el 24 el 27 de enero y el 10 de febrero) se
comprobó que las denuncias eran ciertas. Pasaron a
Jurídica y allí siguen el trámite correspondiente, que
culminará en breve, aseguraron a la diaria fuentes de la
División.
Un pedido de informes al MGAP realizado por el diputado
blanco Gustavo Novales el 2 de marzo, que recién recibió
respuesta el 5 de junio, hizo saber que la empresa
Agroveterinaria El Tala SCA fumigó desconociendo un
apercibimiento previo del Ministerio (una infracción
"medianamente grave" según la DGSA) y será multada por
un monto que puede ir de 10 a 2.000 unidades
reajustables.
Gustavo Kent, propietario de la empresa del mismo
nombre, y Marcos Irigaray recibirán una sanción de
"apercibimiento", es decir, se les ordenará que no
cometan nuevamente la infracción, que se calificó de
"leve" porque no tienen antecedentes.
¿Terminó ahí?
El 10 de marzo, la empresa Gustavo Kent fumigó
nuevamente, la diaria intentó contactarse con su
propietario sin éxito.
Algunos piensan que el problema es de "ignorancia",
pero un ex fumigador opinó que "se utilizan plaguicidas
de alta toxicidad sólo porque son más accesibles
económicamente". "A veces no se respeta la dosis y se
echa casi el doble de lo que tendría que echarse",
afirmó. "Ahora pararon de fumigar porque la soja perdió
la hoja y no precisa. Pero en cuanto se precise van a
volver a hacerlo", aseguró una vecina.
También se cuestiona la falta de controles por parte del
Estado.
En una exposición realizada ante la Junta Departamental
de Soriano el viernes, María Cárcamo y Flavio Pazos, de
la Red de Acción en Plaguicidas para América Latina (Rapal),
sostuvieron que la diversificación de controles en
relación con los agrotóxicos (son competentes el MGAP,
el Ministerio de Salud Pública MSP y el Ministerio de
Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente)
hace que se diluyan las responsabilidades. Además, se
mencionó el caso de empresas que compran los
ingredientes y elaboran la mezcla que resulta en los
plaguicidas, sin que nadie controle que la fórmula sea
la correcta.
Novales señaló que los controles son muy difíciles de
realizar, porque numerosas empresas de fumigación
terrestre ni siquiera se registran en el MGAP.
En Palmitas, la diaria tuvo la posibilidad de constatar
que la población utiliza los envases de agrotóxicos como
bebederos para el ganado, o para almacenar agua o leche.
Rapal advierte que aunque los recipientes se laven,
siguen contaminando.
El MGAP y el MSP visitaron Palmitas y dialogaron con la
población acerca del uso correcto de los plaguicidas. La
DGSA instrumenta desde junio cursos en la materia para
empresas y fumigadores. Pero, según la mayoría de los
actores involucrados, es urgente legislar y reforzar los
controles (y tal vez las sanciones).
Natalia Uval
La Diaria
13 de junio de 2006
Foto: Sandro
Pereira
