agrotóxicos

 Paraguay

Vecinos de la zona ribereña de San Vicente, en Asunción, afrontan afecciones reincidentes desde que sufrieron el impacto de la quema de agrotóxicos. A pesar del siniestro, las autoridades paraguayas mantienen el depósito de pesticidas en un sector densamente poblado y minimizan el impacto que la dispersión del veneno causó en los humildes pobladores del barrio aledaño al almacén quemado.

Los humildes vecinos del barrio San Vicente, localizado en la ribera del Río Paraguay en Asunción, arrastran graves consecuencias sanitarias a causa del terrible siniestro que dos meses atrás devoró un gran depósito de agrotóxicos perteneciente a la Oficina Fiscalizadora de Algodón y Tabaco (OFAT), cuyo local se encuentra afincado en una zona alta del vencindario, sobre una muy concurrida avenida.

Los pobladores de San Vicente están convencidos de que no se trata de una mera coincidencia que desde la dispersión de los pesticidas en el ambiente, la gran mayoría de ellos sufra de reiterados trastornos físicos tales como cefaleas, nauseas, vómitos y diarreas, por citar los más leves, o la aparición constante de excoriaciones en la piel y conjuntivitis en niños y adultos.

“Para nosotros, nuestro barrio sigue muy contaminado por el veneno y eso nos está afectando terriblemente a todos”, afirmó convencida una vecina mientras atravesábamos la canchita que servía de lugar de encuentro a niños y adultos, que también sufrió el impacto de la contaminación por estar ubicada en la zona baja del vecindario, exactamente detrás de los depósitos de la OFAT. A causa del desfasaje que existe en el terreno, el agua que sirvió para apagar el incendio también fue infectada y quedó depositada en algunos rincones de la cancha de fútbol, lo que obligó a los obreros municipales a tratar de contrarrestar su efecto tóxico con arena lavada y cal.

Ahora, ya no se reúnen en el lugar por temor a los efectos contaminantes del líquido enterrado a sólo unos metros de las precarias casas del vecindario.

Las autoridades sanitarias buscan respaldarse en un informe dado a conocer por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que minimiza el nivel de toxicidad en el aire para tratar de convencer a la opinión pública de que los residuos fosforados quemados “no mataron ni a una cucaracha”.

Este argumento no convence para nada a los pobladores de San Vicente, quienes presienten que el bienestar sanitario de todos ellos corre un grave riesgo. El mayor temor que los atormenta radica en las posteriores secuelas negativas que les podría acarrear el daño ambiental a mediano y largo plazo.

La comisión barrial conformada en San Vicente, luego del incendio, está activando con fuerza para iniciar una acción legal en contra del Gobierno Nacional, con la finalidad de lograr el pago de una indemnización por los efectos sanitarios adversos que ya están sufriendo los vecinos. Además, quieren que todos los afectados cuenten con un seguro médico, que les permita tratarse de las afecciones causadas por la intoxicación.

Como última medida, recurrirán a laboratorios privados, con el objeto de que especialistas independientes midan el nivel de contaminación del barrio y determinen los riesgos a que fueron expuestos sus habitantes con la fuga de los agrotóxicos. En caso que estos niveles sean altos y los especialistas recomienden la mudanza en masa de la población a otra zona de Asunción, solicitarán al gobierno la concesión de un terreno seguro en el cual puedan vivir dignamente.

Desean conocer las causas de sus males

Una pobladora de San Vicente, Florentina Gómez madre de un niño afectado por la intoxicación llamado Gerardo Manuel, comentó que su pequeño de apenas 5 años sufre desde hace varios días de excoriaciones en la piel alrededor del ojo derecho. La mujer señaló que todo empezó como una especie de “ronchita”, pero luego de comprobar que el mal se extendía a gran parte de la mejilla y que el pequeño presentaba la cara hinchada, tomó conciencia de que no se trataba de una simple alergia y decidió llevarlo al centro de salud del barrio. El médico que atendió al niño en el dispensario le indicó a Florentina que debía consultar con un especialista dermatólogo, si quería conocer las causas que originaron la afección que afecta a su hijo.

A pesar de que el galeno evitó arriesgarse en confirmarle que Gerardo estaba enfermo a causa de una intoxicación con los residuos de pesticidas existentes en el ambiente, la mujer está convencida de que el problema del pequeño está relacionado con el incendio del depósito. Dijo que varios niños y adultos que también viven en San Vicente sufren problemas similares en la piel a los de su hijo. “Creo que todo es causa del veneno, porque jamás afrontamos algo semejante. Los médicos del centro de salud no quieren afirmar que nuestros males estén relacionados con la contaminación. Pero a mi me gustaría saber las reales causas de estas enfermedades, porque no creo que todo se trate de una simple coincidencia”.

Florentina señaló que no contaba con recursos para llevar a su hijo a un especialista de la piel y se quejó de la escasa atención que prestan las autoridades sanitarias en el lugar, pues sólo se limitan a brindar atención médica, pero no distribuyen los medicamentos adecuados para el tratamiento primario de las afecciones.

“Los médicos se rieron de mi”

Ninfa Reyes, otra habitante de San Vicente, soportó días después del incendio, una intensa disentería sangrante con malestares estomacales y vómitos, que la obligaron a trasladarse de urgencia al Hospital de Emergencias Médicas, un nosocomio estatal.

La joven, madre de dos pequeños hijos, observó indignada que los médicos se reían y la miraban incrédulos cuando les afirmó que estaba segura que sus síntomas eran causados por la contaminación a la que está expuesta el barrio.

Dijo que después de soportar las burlas de los profesionales sanitarios logró convencerlos de que la rehidrataran con suero y la dejaran internada por unas horas hasta que se sintiera mejor como para volver a su humilde vivienda.

Después que Ninfa se recuperó, su hija mayor Laura, de 6 años, empezó a presentar pequeñas excoriaciones en la piel, que la madre se encargó de tratar con remedios caseros y pomadas dérmicas, porque la falta de recursos económicos, en ocasiones, les impide recurrir a un centro asistencial. Comentó además que después del siniestro tanto ella como su marido y sus hijos, el más pequeño de apenas 4 meses, sufren casi a diario de dolores musculares, cefaleas y malestares estomacales.

Ninfa comentó también que persiste con bastante intensidad el pestilente olor de los agrotóxicos en el ambiente, porque lo sienten cada mañana al levantarse, o cuando el viento es favorable.

“Nuestro sufrimiento es a causa del veneno”

Tarsiano Avalos se mostró muy preocupado por que su pequeño hijo de apenas 4 años ya sufrió diversas afecciones desde que el barrio se contaminó con los agrotóxicos. En menos de un mes, el niño ya estuvo afectado en dos ocasiones por una especie de conjuntivitis que le impide ver bien de un ojo por la hinchazón y la constante picazón. Además afrontó dolores estomacales y diarrea.

“Lastimosamente, las autoridades y los médicos no creen que empezamos a sentir con más fuerza los problemas de salud luego del incendio y de la diseminación del veneno en el ambiente. Pero nosotros decimos que no vamos a dejar que esto pase en vano, porque muchas personas están sufriendo las consecuencias”.

Refutó las afirmaciones de las autoridades sanitarias, quienes aseguraron a los medios de prensa que no existe contaminación alguna que afecte a San Vicente, por lo que aseguran que el siniestro no ocasionará mayores consecuencias en las familias.

“Nosotros estamos inquietos porque (las autoridades) tienen que decir la verdad. Lo más necesario para nosotros no es sólo la atención médica, también precisamos de un seguro sanitario por un espacio de 10 a 15 años para poder tratarnos bien y evitar secuelas graves en nuestra salud a largo plazo”.

“Comenzamos a sentirnos mal ya durante el incendio”

Wilma González relató que no tuvo que pasar mucho tiempo para que sientan los efectos nocivos de los agrotóxicos incinerados, porque esa misma madrugada muchos vecinos empezaron a presentar síntomas tales como vómitos, cefaleas, diarreas y mareos.

“Estoy segura que los problemas de salud que tenemos ahora todos en San Vicente es a causa de la contaminación, porque esa misma madrugada del incendio, empecé a sentirme mal. Esa mañana fui al Centro de Salud; les dije que tenía mucho dolor de estómago y mareos, y ellos le restaron importancia a mis síntomas. Sólo me dieron dos aspirinas y me mandaron de vuelta a mi casa. Unas horas después volví a sentirme mal”.

La mujer tampoco cree en las casualidades y afirmó sin temor a equivocarse que todos los problemas sanitarios que soportan se originaron luego del incendio del depósito de la OFAT. Ella también espera algún tipo de reacción de parte de las autoridades, para que por lo menos le proporcionen medicamentos gratuitos para tratarse de sus afecciones.

Vecinos exigirán una indemnización

José Moral es dirigente de la comisión barrial que se conformó en San Vicente luego de la catástrofe ambiental, con el objeto de solicitar un resarcimiento económico a las autoridades gubernamentales por los daños que el veneno aspirado cotidianamente produjo en la salud de todos.

Relató que desde el día del incendio es evidente para todos, menos para las responsables del Ministerio de Salud y del Gobierno, que aumentaron las afecciones físicas entre los pobladores. “Antes no teníamos la lucha de enfrentar constantes enfermedades como ahora”.

Moral señaló que recurrirán a especialistas privados para medir el nivel de contaminación en el barrio e identificar las consecuencias que ésta podría acarrear para la salud de los habitantes de San Vicente a corto, mediano y largo plazo.

Luego del siniestro y una vez comprobada la inexistencia de los 25 mil kilos de órganos fosforados en el depósito, como se pensó al principio, las autoridades restaron total importancia a lo acontecido, pero cuando éstas comprobaron que el vecindario se había organizado en una comisión para reclamarles un resarcimiento, los afectados están recibiendo algo más de la atención oficial.

“Si mediante los estudios laboratoriales comprobamos que existirán consecuencias en los vecinos de aquí a cinco años, nosotros pediremos al Gobierno que se comprometa a otorgar una indemnización y un seguro médico a todos. Y en caso que, además, sea necesario que salgamos del barrio, pediremos que nos ubiquen en un lugar seguro, mejor que este, porque nosotros nos somos los culpables de esta tragedia”.

El dirigente señaló que pretenden ser propietarios directos de los terrenos que habitarán en caso de que se vean obligados a mudarse de San Vicente, porque no aceptarán volver a vivir en campamentos improvisados, en medio de un parque, como pretendieron las autoridades, luego del incendio.

Rosalía Ciciolli

Asunción

© Rel-UITA

3 de setiembre de 2003