Nicaragua

Con los damnificados por el Paraquat

Por la defensa de la ley y la vida

 

Como parte de la campaña de solidaridad con los más de 1.500 trabajadores afectados por el herbicida Paraquat, Rel-UITA organizó un encuentro con integrantes de la Comisión Laboral y Gremial de la Asamblea Nacional. El objetivo de la actividad realizada el 3 de julio, fue dar a conocer los problemas sanitarios e impactos ambientales producidos por el citado agrotóxico, como se ha constatado en el ingenio azucarero San Antonio que la millonaria familia Pellas maneja inescrupulosamente.

 

Entre los participantes se destacó la presencia de la diputada Alba Palacios, presidenta de la Comisión; los diputados Guillermo Montenegro, José Espinoza, Gustavo Porras (Coordinador Nacional del Frente Nacional de Trabajadores –FNT–), Hugueetee Vega, Donald Lacayo, Jacarandá Fernández, Ricardo Robleto y los asesores Eric González y Luciano Torres. Los informes estuvieron a cargo de Marcial Cabrera, por Rel-UITA; Julio Sánchez, del Centro Humboldt; Marianella Carriols y Anselmo Aburto en representación de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

 

La actividad se instrumentó como respuesta al veto interpuesto por el Presidente de la República, Enrique Bolaños, a la ley 456 (“Ley de adición de riesgos y enfermedades profesionales a la ley 185, Código del Trabajo”) aprobada por diputados donde se especifica que la insuficiencia renal crónica –que entre otros padecen más de 1.500 trabajadores del ingenio San Antonio– como una consecuencia del uso de plaguicidas, entre ellos el Paraquat. El veto interpuesto por el presidente Bolaños surge a raíz de un comunicado público (campo pagado) emitido por el Grupo Pellas, donde se señala que la insuficiencia renal crónica no es producto del uso del Paraquat.

 

El encuentro contribuyó al debate con los diputados de la comisión laboral, donde se aprobó un dictamen de mayoría contra del veto presidencial, instando asimismo a que la ley se mantenga tal y como fue aprobada. Esta ley, garantiza la participación de los sindicatos en la discusión y procesos de dictamen de las enfermedades en consonancia con el convenio 144 de la OIT y las disposiciones constitucionales de la carta magna nicaragüense; confirma la competencia del ministerio de trabajo para diagnosticar las enfermedades de riesgo profesional y establece una figura institucional de apoyo a su labor sobre la base de una comisión interinstitucional; determina el plazo prudencial de treinta días prorrogables por quince días más para desarrollar el proceso de calificación y la comprobación de una nueva enfermedad profesional; faculta al Ministerio de Trabajo a tomar las medidas pertinentes para corregir y sancionar la violación de esta ley; deja la facultad a los trabajadores de hacer uso de los procesos judiciales para reclamar sus derechos provenientes de las enfermedades profesionales, a la vez que permite que los trabajadores demanden a las empresas responsables.

 

La Comisión Laboral y Gremial de la Asamblea Nacional, recibió una serie de documentos de la OPS y del Foro Emaús de Costa Rica, organización que junto a Rel-UITA y la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina (RAP-AL), mantienen una campaña internacional por la prohibición del Paraquat en ese país. Los documentos y la información recibida fue de vital importancia para la toma de decisión del dictamen de mayoría rechazando el veto presidencial.

 

 

Marcial Cabrera

4 de agosto de 2003

 

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