agrotóxicos

 Colombia

Respirar el aire enardecido por los químicos y enfermar, ver morir a sus animales y constatar que los sembríos y los potreros se acabaron no es cosa fácil. El reclamo ya no tiene eco en las instancias judiciales.

Cuando el año pasado llegaron los vientos cargados de glifosato y guerra a los campos colombianos, muchos campesinos de la Amazonía y la Orinoquía, decidieron acoger la propuesta del gobierno de Andrés Pastrana “de la erradicación no contaminante” y reemplazaron los sembríos de coca con otros cultivos y animales de crianza.

La oferta de la comercialización de sus productos a través de proyectos, especialmente estadounidenses, convenció a los labriegos cuyo único afán era sobrevivir en la grave crisis económica en que se debate Colombia.

Llegaron entonces de mano de la USAID o AID unas agraciadas gallinas “aseñoritadas” cuya manutención resultaba imposible. Los 700 pesos que debían invertir los recientes avicultores en el alimento balanceado para sostener las 10 gallinas entregadas, les resultaban extremadamente onerosos toda vez que las aves en mención resultaron especies exóticas para la simple tierra. Las aves no sabían cómo picotear los granos que arrojaban sus cuidadores en el suelo, peor aún no podían caminar entre la hierba y buscar insectos rastreros para su dieta.

Las “gallinitas AID” pasaron a ser parte de sabrosos sancochos que degustaron las familias en el campo, y el “error” de las especies entregadas fue analizado detenidamente por la AID para no volver a cometerlo. Junto con las gallinas llegaron también semillas y vacas y los curíes (cuyes o conejillos de indias) que fueron trasladados de su tierra fría a tierra caliente y se murieron por el calor.

Los laboriosos campesinos, laboriosos como todo el pueblo colombiano, “echaron pa' lante” y se pusieron a cuidar su vaca y sus nuevos sembríos, confiados en la verdad de la palabra del Estado y de las agencias de cooperación norteamericanas.

Lo que no contaban es que con la llegada del gobierno de Uribe y la arremetida guerrerista de los Estados Unidos, la “sujeción absoluta” a las políticas del norte llevarían a que Colombia acepte las imposiciones estadounidenses -por escrito- para recibir los desembolsos del Plan Colombia y de la Iniciativa Regional Andina.

Así, los Estados Unidos exigieron que la fumigación en Colombia sea realizada al 100%, es decir 150.000 hectáreas por año, con un ritmo superior a las 12.000 hectáreas por mes. Para darnos cuenta de la magnitud de este compromiso solo recordemos que al inicio del gobierno de Pastrana, Colombia tenía la capacidad de fumigar 4.000 hectáreas al mes, tres veces menos que ahora. Tenía dos bases antinarcóticos y la flotilla de aviones para fumigar simultáneamente dos departamentos. Ahora hay 4 bases antinarcóticos y se fumigarán cuatro zonas al mismo tiempo.

La información oficial dice que del 1 de enero al 9 de septiembre de 2002, se fumigaron 92.000 hectáreas de coca, lo que equivale a 11.500 hectáreas mensuales. Este solo dato constituye una alerta para saber lo que viene a continuación para cumplir el primer condicionamiento de los Estados Unidos.

Pero estas fumigaciones, aparte de la extensión que cubren tienen otros presupuestos políticos entregados por el Departamento de Estado: no hay zonas vedadas, ni en términos sociales ni en términos ambientales. No toman en cuenta las franjas de seguridad que protegen a parques nacionales o resguardos indígenas. Tampoco excluyen de ser fumigadas, las áreas en las cuales ya se ha ejecutado una sustitución manual de cultivos.

El sustento de esta imposición se basa en la premisa actualmente manejada de que se pasa de la “Tolerancia Expansiva” a la “Tolerancia Cero”.

Esta política de TOLERANCIA CERO es la que enfrentan desde la última semana de julio, los campesinos del Putumayo. Esta política es la que ha provocado un incremento de las denuncias frente a la Defensoría del Pueblo ante la poca credibilidad que los organismos judiciales tienen para los campesinos. Esta política es la que ha profundizado los desplazamientos masivos dentro del territorio colombiano, como a movilización de una gran cantidad de refugiados hacia el Ecuador.

Organizaciones Indígenas del Putumayo; AGROAMAZONIA, producto comercial incentivado por AID con 4.800 millones de pesos, para producir y comercializar el palmito nacional e internacionalmente; campesinos y autoridades de Puerto Asís, denunciaron, la semana pasada, los daños económicos, ambientales y de salud que las últimas fumigaciones les han provocado.

Y es que, INCREÍBLEMENTE, se fumigaron las zonas de resiembra de cultivos alternativos, los proyectos de Naciones Unidas, los proyectos de desarrollo alternativo de la AID. Hay 400 hectáreas de plantas de palmito de semillero, de mediano, grande y en producción y 100 hectáreas de palmito en producción que fueron “exitosamente” arrasadas.

Y, junto a los palmitos y al resto de cultivos “lícitos”, también se fumigaron enormes extensiones de potreros causando un serio problema alimentario al ganado que proporcionó AID como parte del programa de seguridad alimentaria. Los potreros se quemaron y las vacas se murieron.

Los “errores” cometidos tuvieron obviamente su explicación por parte de los responsables de las fumigaciones: “las autoridades locales no geo-referenciaron los cultivos alternativos”. Las autoridades y los campesinos contradicen esta afirmación con pruebas en la mano ante el Defensor del Pueblo.

El segundo postulado es que se va a reforzar el glifosato o que se usará un “glifosato alternativo”, omo lo dice un funcionario del Departamento de Estado. Esto significa simplemente que en lugar de 8 litros por hectárea, ahora serán 10, que era la fórmula original.

Desde febrero del 99 hasta abril del 2001, en la fórmula de las fumigaciones se utilizó secretamente un aditivo denominado COSMO IN D. Su uso fue prohibido, también secretamente, por el Ministerio de Salud por ser supremamente irritante a las mucosas y a los ojos. Pero como es de fabricación colombiana, Estados Unidos se lava las manos y lo vuelve a utilizar.

Y un tercer postulado es que si existe un efectivo sistema de reparación de daños. Claro que no se reconoce indemnizaciones por daños a la salud y al medio ambiente, y solo se reconocerán a los cultivos que no tengan mezcladas plantas de coca ni cultivos cercanos de la hoja, aunque sean pequeñas parcelas. Además, solamente tienen derecho a reclamar los propietarios “en tierra de colonos”.

Respirar el aire enrarecido por los químicos y enfermar, ver morir a sus animales y constatar que los sembríos y los potreros se acabaron no es cosa fácil. El reclamo ya no tiene eco en las instancias judiciales. Existen miles de denuncias sin trámite, producto, también de miles de campesinos que en algún momento creyeron en la institucionalidad.

Se produce entonces el éxodo masivo. Carreteras atestadas de humildes que buscan la vida y huyen de las armas químicas que el establecimiento utiliza contra ellos en un genocidio que el mundo lo justifica desde el discurso de la moralidad y la ética de la lucha contra la droga. Aparentes errores que esconden macabros propósitos.

¿Despoblar las zonas para futuros bombardeos contra las fuerzas guerrilleras que allí operan? ¿Quitar la base social a la guerrilla para inmovilizarla? ¿Limpiar de vida el territorio para arrasar desde el aire como lo hicieron en Vietnam y facilitar la entrada de los ejércitos de ocupación? ¿Demostrar la ineficacia del ejército colombiano, omo ya adelanta el Presidente Uribe en sus discursos públicos para formar ejércitos multinacionales de intervención?

Poco importan las respuestas exactas pues el resultado, en estos momentos, es aterrador. La población civil, esa porción de gente que se la toma en cuenta sólo en cifras del Informe de Desarrollo Humano, o a nombre de quien se habla, está siendo exterminada en Colombia. El Derecho Internacional Humanitario, tan mentado en los foros de derechos humanos para atribuir su violación a los grupos insurgentes, no existe.

Las fumigaciones y sus errores al parecer son parte de la misma estrategia de apropiación de nuestra bella América junto al ALCA, dentro del Plan Colombia, más adentro aún de la Iniciativa Regional Andina, iguala en su tenebrosidad a las políticas del FMI y alerta sobre la peligrosidad de la prepotencia imperial. Que no tengamos que estremecernos en 30 años,cuando se desclasifiquen los archivos o cuando en el Ecuador también tengamos que contar nuestros muertos de una guerra regional en un país que un día fue...

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16 de setiembre de 2003