Acá no se supervisa demasiado el uso de los más de 300 principios activos habilitados para vender, 43 de los cuales están prohibidos o restringidos en otros países, y la enorme mayoría de los trabajadores rurales, al igual que los consumidores, no tienen idea de sus efectos. Mientras, desde hace dos años los habitantes de Bella Unión son "rociados" con plaguicidas echados a las arroceras aledañas por avionetas fumigadoras y denuncian varios problemas de salud. Los productores, por su parte, afirman que los químicos utilizados en Uruguay son los mismos que en Europa y Estados Unidos, y aseguran que son inocuos para el hombre.

VENTA LIBRE: Los agrotóxicos son sustancias químicas o biológicas que se utilizan para combatir plagas o vegetales. Se agrupan según sus usos en insecticidas, fungicidas, herbicidas, nematicidas, acaricidas o defoliantes, entre otros, y se dividen en cuatro categorías de acuerdo con su nivel de toxicidad. Según un informe de la Organización Internacional de Trabajo, 40.000 agricultores mueren en el mundo cada año por intoxicación aguda con plaguicidas, a lo que se suman las intoxicaciones crónicas que provocan graves enfermedades como cáncer y malformaciones congénitas.

La Dirección General de Servicios Agrícolas del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) autoriza la libre comercialización de casi 300 principios activos y 840 marcas comerciales de pesticidas, 43 de los cuales están prohibidos o severamente restringidos en el mundo. Así lo señala un informe de la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación y la Agricultura (UITA), una organización que nuclea sindicatos del sector agrícola, asalariados rurales, pequeños agricultores y campesinos.

Leonardo de León, integrante de la regional de la UITA para América Latina, con sede en Montevideo, entiende que en Uruguay no existe una política que apunte a la prevención de daños en la salud de la población y el ambiente. "Según el Banco de Seguros, la actividad laboral más riesgosa —donde ocurren más muertes y accidentes— es la agricultura y uno de los factores de riesgo son los agrotóxicos", afirma.

Algunos agroquímicos restringidos en varios lugares del mundo son de uso permitido en nuestro país. Uno de los ejemplos que la UITA considera más graves es el del bromuro de metilo, un desinfectante de suelos que se encuentra en la categoría toxicológica I –la más alta– por lo que su uso requiere la intervención de aplicadores certificados para disminuir los riesgos. "En Estados Unidos y Europa lo aplican empresas especializadas en productos de ese tipo, ya que puede causar la muerte. Es uno de los principales destructores de la capa de ozono. Entre sus componentes tiene cloropicrina, un gas que se usaba en campos de concentración nazis. En Uruguay se utiliza sin condición alguna. Lo aplican los asalariados rurales y los pequeños productores". Un convenio de Naciones Unidas —Protocolo de Montreal— firmado por Uruguay obliga a retirar del mercado este producto, un extremo que aún no se cumple, según denuncia la UITA.

Hugo Manini Ríos, presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz, aseguró que "todos los productos químicos que se utilizan en Uruguay son iguales a los usados en Europa, China, Japón o Estados Unidos. Están monitoreados por el LATU y el INIA. Es cierto que el Ministerio admite genéricos que no son el principio activo original. También se usa clomazone, un herbicida cuya deriva es muy grande, de tres o cuatro kilómetros. Es dañino para algunos árboles y plantas, les deja las hojas blancas, pero es inocuo para el hombre".

AFECTADOS: Varios trabajadores rurales han denunciado la situación y están pidiendo información, pero De León enfatiza que "de los 95.000 asalariados rurales del país, la gran mayoría no tiene ni idea de los efectos que pueden tener los agrotóxicos, aunque convivan con ellos, al igual que sus familias".

En Bella Unión, una de las localidades más castigadas por la pobreza, el problema de los agrotóxicos es foco de atención no sólo para los trabajadores rurales, sino para todos sus habitantes. La ciudad está rodeada de arroceras y la fumigación, que se realiza a través de avionetas, llega hasta las casas, dicen los denunciantes. "Se está echando insecticidas y otros herrbicidas literalmente arriba de los pueblos, al punto que ya existen varios problemas de salud en gente de lugar, como afecciones respiratorias en niños", detalla de León.

A tal punto ha llegado este problema, que en mayo de 2004 el MGAP sacó una resolución prohibiendo las fumigaciones aéreas a menos de 500 metros de centros poblados y las fumigaciones terrestres a menos de 300 metros. "Este es un indicador de que se estaban haciendo mal las cosas. Y se siguen haciendo mal, porque no sólo no bajó el impacto de las fumigaciones, sino que subió sensiblemente. Mientras tanto no hay sanciones de ningún tipo".

EL PUEBLO: Luis López trabaja en las plantaciones de caña de azúcar en Bella Unión. Su labor es zafral, consigue changas y trabaja a destajo, unas ocho horas diarias por 89 pesos la jornada. López, que es secretario general de la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas (UTAA) está preocupado por la situación que está viviendo su localidad debido a las fumigaciones aéreas. "Las avionetas llegan todos los domingos a las 7 de la mañana, mientras la gente está en sus casas, pero es igual. En general el viento sopla para la zona de la ciudad. Aparte, las avionetas se surten en el sur y sobrevuelan todo el pueblo para llegar al norte, donde tienen que aplicar la fumigación", relata.

El trabajador asegura que la resolución ministerial que establece una distancia de centros poblados de más de 500 metros para las aplicaciones aéreas no se respeta. "En el norte, hay plantaciones a 50 metros de Las Láminas –un asentamiento de Bella Unión muy poblado– y a la salida del pueblo, en el sur, están a 120 metros. Hicimos una movilización para denunciar esto, pero hasta ahora no sucedió nada", afirma. Y aclara: "no tenemos nada en contra de la producción de arroz, pero no queremos arroz que nos mate".

Por su parte, Manini Ríos, de la Asociación de Cultivadores de Arroz, quien se encontraba en Bella Unión en el momento de ser consultado, consideró que estas denuncias "son muy graves y habría que analizarlas" pero sostuvo que no está al tanto "de ninguna situación de ese tipo".

La intersindical de Bella Unión, con ayuda de la UITA, está elaborando un informe sobre los efectos crónicos en la salud por la exposición a agrotóxicos, en el que participan médicos laborales, toxicólogos, neumopediatras, genetistas y psicólogos. "Hay muchos niños con problemas respiratorios, asma, la gente muchas veces muere a los 40 años de problemas cardíacos, y pensamos que tiene que ver con los agrotóxicos", afirma López.

El estudio, realizado sobre más de 300 habitantes de la localidad, será presentado públicamente antes del 12 de marzo. La coordinadora del proyecto, Liria Martínez, sostuvo que el objetivo no es sólo de difusión de los daños de estos tóxicos sobre la salud, sino que apunta a la toma de decisiones por parte de las nuevas autoridades.

ALERTA: El Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico (CIAT) del Hospital de Clínicas recibió más de 1.500 consultas por intoxicación aguda con plaguicidas en 2003, siendo la tercera causa de este tipo de afecciones, tras las provocadas por medicamentos y productos de uso doméstico. La toxicóloga y especialista en salud ocupacional Amalia Laborde, integrante del CIAT, señaló que "no todos los casos se consultan. A veces los trabajadores van al hospital por una afección pero no la relacionan con el plaguicida, entonces no se registra como intoxicación por agrotóxicos".

En cuanto a la peligrosidad de estas sustancias, Laborde destacó que "en el mundo hay más de 900 principios activos de plaguicidas y todos tienen diferente potencial de toxicidad. Los más leves requieren dosis muy altas para provocar un efecto, y los más severos pueden tener graves consecuencias con exposiciones mínimas".

A los efectos inmediatos de estos tóxicos deben sumarse los crónicos, de lento y casi imperceptible desarrollo. "Se conocen menos porque no hay suficientes investigaciones. La población más vulnerable es la que se expone crónicamente: los trabajadores rurales y de empresas de fumigación, así como los veterinarios. Las afecciones crónicas más frecuentes vinculadas a los plaguicidas son las cutáneas, las respiratorias y los problemas neurológicos, pero también hay sustancias capaces de dañar el hígado, la función renal y la sangre. El cáncer o la alteración de la función hormonal pueden ser efectos probables a largo plazo", explica Laborde.

Los plaguicidas más peligrosos son los organo-fosforados. La toxicóloga afirma que ha habido "dos suicidios y dos muertes en niños por esa razón. Años atrás hubo muertes por intoxicación laboral".

Nivel permitido en frutas y verduras

Para definir cuáles son los niveles tóxicos tolerables para el consumo, Uruguay se acoge al Límite Máximo de Residuos, cifra establecida por el Codex Alimentario, un organismo internacional de la OMS y la FAO.

Hace dos años, el Laboratorio de Bromatología de la Intendencia de Montevideo, la cátedra de Tecnología de los Alimentos de la Facultad de Agronomía y la Comisión Administradora del Mercado Modelo comenzaron a estudiar la calidad de las frutas y verduras y sus niveles de contaminación por agrotóxicos. En la primera etapa se analizaron 200 muestras de las principales frutas y hortalizas. El 93% no presentaron problemas de plaguicidas. En un 7% de las muestras se encontró restos de agroquímicos por encima de lo permitido.

El ingeniero agrónomo Fernando Gemelli, jefe del Área de Producción y Comercialización del Mercado Modelo, aclaró que la muestra no tiene valor representativo y no se puede generalizar a partir de ella. El profesional explicó que "el hecho de que una fruta tenga residuos tóxicos por encima del nivel permitido no quiere decir que al comerla vaya a pasar algo. Eso sucedería si comiera todos los días del año, a la larga".

Gemelli entiende que, a priori, los valores encontrados son razonables y acordes a los de países europeos. De todas formas, recalca que "la intención es reducir la existencia de restos de plaguicidas en frutas y verduras", aunque sostiene que "llevar los niveles a cero es casi inviable". También insiste en que las frutas y hortalizas siguen siendo "el grupo de alimentos más seguros que hay".

No obstante, la toxicóloga Amalia Laborde, entiende que si bien la exposición a través de los alimentos se da en dosis muy bajas, "nosotros ingerimos muchos alimentos con muchas dosis bajas. Aunque se establecen límites máximos para los plaguicidas, es necesario tenerlo en cuenta con relatividad. Nadie come una manzana, sino una canasta familiar, donde puede haber diversos límites y en conjunto estamos superando la ingesta diaria admisible".

DESCONTROL: En Uruguay el registro, venta y control de plaguicidas se rige por el Decreto 149, que data de 1977. No obstante, muchas de sus disposiciones son abiertamente violadas y las sanciones no se cumplen. Gemelli cree que "hoy la venta de plaguicidas es desordenada. Cualquiera puede comprar, cualquiera puede aplicar". Por eso, las medidas para tomar son muchas, asegura. "Podría establecerse que no se vendan plaguicidas altamente tóxicos, o que su aplicación precise la firma de un técnico responsable. Para comprar un psicofármaco te piden receta verde y para un producto que es mucho más peligroso –porque con dos o tres litros de agrotóxicos categoría I hacemos un destrozo– no se pide nada. Encima se fraccionan, algo que está prohibido".

Asimismo, las frutas y hortalizas se comercializan sin ningún rotulado. "Nadie se hace responsable desde el sector productor por lo que pone a la venta. Debería ser obligatorio el etiquetado donde conste quién puso qué en el mercado", dice Gemelli.

Por ahora, no hay controles ni sanciones. "El Mercado Modelo no está en una etapa fiscalista, sino educativa. Los análisis que hacemos los damos a los mayoristas y operadores de mercado para que a su vez los transmitan al productor". Por su parte, el representante de la UITA Leonardo de León opina que ha habido negligencia de los gobiernos al no evaluar a fondo los efectos de los agroquímicos autorizados en la salud y en el ambiente. "El MGAP sólo evalúa si equis plaguicida regula equis hongo, insecto o bacteria. Pero para los demás efectos, nada". A su vez, sostiene que los controles en cuanto a los residuos de plaguicidas en frutas y hortalizas "dejan mucho que desear. Como consumidores no tenemos información al respecto".

De Tóxico a Orgánico

En el 2001, mediante un grupo de extensión universitaria de la Facultad de Agronomía, asalariados rurales y pequeños productores de Bella Unión comenzaron una experiencia para reemplazar agrotóxicos por productos orgánicos. "Nosotros sabemos que todavía no estamos bien preparados para la producción orgánica. Pero con los agrotóxicos, aparte de los perjuicios en la salud, se pierde dinero en la chacrita, porque son muy caros. Salen unos 500 dólares y sólo da para dos o tres preparaciones", explica López, aunque reconoce que la producción orgánica "lleva mucho más laburo y hay que preparar mejor la tierra".

Gabriela Vaz

Diario El País

2 de marzo de 2005