Los pueblos afectados por la fumigación con agrotóxicos se esparcen por el mapa de Córdoba, tanto como las manos de cordobeses y cordobesas que desde hace un año decidieron conformar un colectivo para sumar las inquietudes y esfuerzos que se hallaban dispersos en la provincia, luchando y proyectándose contra una realidad rociada de veneno, corrupción, egoísmo y muerte. La Agencia de Noticias Biodiversidadla conversó esta semana con Gerardo, del Colectivo Paren de Fumigar, quienes han tomado la palabra para denunciar los efectos de la sojización y detener un nuevo genocidio que está siendo sembrado en el país.

-¿Cómo y cuándo surge el ‘Colectivo Paren de Fumigar Córdoba’?

- Hará unos cinco años, el Grupo de Reflexión Rural (GRR) junto con las Madres de Ituzaingó, y el Centro de Protección de la Naturaleza (CeProNat) de Santa Fe, eran las tres organizaciones que más fuertemente venían planteando las consecuencias de las fumigaciones. Las Madres de Ituzaingó fueron las primeras que iniciaron acciones legales que intentan hacer que se cumpla la 'ley de agroquímicos' a nivel de la provincia, para poder brindar soluciones al flagelo que ellas tenían, de un caso de patología relacionada a las fumigaciones por casa¹.

El Barrio Ituzaingó es como una especie de barrio peninsular que entra en toda la zona sojera de Córdoba, en la periferia. Están todas las casas rodeadas de campos de soja. Las madres empiezan a darse cuenta que había cáncer, lupo, espina bífida, que se estaba empezando a demostrar que podía llegar a haber correlación con el tema de la fumigación. Entonces, se juntan con el GRR y CeProNat y empieza esta campaña 'Paren de Fumigar'. Va pasando el tiempo y, mediáticamente, cada vez que había un caso de intoxicación se las referenciaba a las madres y se empezaba a tomar contacto con ellas para ver cuáles eran los últimos movimientos que habían tenido. Paralelamente, muchos de las otros pueblos del interior de Córdoba, de la zona de Jesús María, de Oncativo, Laguna Larga, de toda la parte de la 'Pampa gringa' cordobesa, empiezan a manifestar la misma problemática. Cuando organizaciones sociales y vecinos autoconvocados empiezan a ver cuál era el historial de lucha, se dan cuenta de que las que habían sido las primeras en denunciar esto son las madres.

Lamentablemente, muchas veces para que un pueblo tome conciencia es necesario vivir en carne propia las consecuencias de este modelo productivista. Hasta tanto a nadie le pase, nadie se va a andar preocupando de esto. Va pasando el tiempo y nos empezamos a dar cuenta de que había muchas organizaciones dispersadas que tenían actividades individuales desde su organización social o desde su pueblo individual como vecinos autoconvocados. Entonces dijimos 'bueno, entre todos tenemos que hacer algo'. Si la campaña es por ahí la que nos unifica, la que toma la problemática, que es la misma para todos, tenemos que hacer algo para ser más fuertes. Entonces, el 13 de septiembre del año pasado, decidimos juntarnos por primera vez en Colonia Caroya y ahí surge la 'Declaración Caroya' ², que es la génesis del Colectivo Paren de Fumigar Córdoba. ¿Por qué colectivo?, porque cuando nos juntamos en Colonia Caroya, primero no teníamos la intención de conformar un colectivo, pero de repente vimos que habían muchos que venían de organizaciones sociales de cada uno de los pueblos.

En Oncativo estaba la 'Cooperativa de Trabajo La Minga', que venía denunciando no sólamente esta problemática social, sino otras como la explotación en el ámbito laboral y otras cuestiones por las cuales históricamente siempre fueron señalados dentro del pueblo. En la zona de Villa Ciudad Parque Los Rearte, estaban los chicos de 'Semillas del Sur', una cooperativa de artesanos, que también trabajan en el campo de lo social generando talleres culturales. En la zona de Jesús María estaba el 'Grupo 9 de Julio', que es un grupo ecologista. En la ciudad de Córdoba estaba 'Peperina Rebelde', una especie de asamblea ambientalista que participa dentro de la UAC, la Unión de Asambleas Ciudadanas. Incluso, anteriormente a este encuentro en Colonia Caroya, 'Paren de Fumigar' participaba dentro de la UAC, pero nunca se llegaba a consolidar nada fuerte, porque el problema de las fumigaciones era contemplado como una problemática más ambiental entre tantas otras, entre la minería, entre el tema de las papeleras, entre las industrias que no tienen ni freno ni control del Estado, entonces no lográbamos consolidar una lucha constante en el tiempo.

-¿Cuál es la situación particular que están viviendo en Córdoba respecto a las fumigaciones, qué es la 'ley de agroquímicos' que mencionabas al principio?

-La ley de agroquímicos no está del todo completa. A nivel ambiental, Córdoba tiene la mejor legislación vigente, que a diferencia de otras provincias, nos permite hacer frente y utilizar esa ley para poder intentar frenar un poco. Esta realidad no está en otras provincias. La ley establece que los cultivos de soja tienen que estar sí ó sí a 500 metros si se aplican agroquímicos por 'mosquito' y a 1.500 metros si se aplica con 'avioneta fumigadora'. Esa ley no se cumplía por ningún productor. El problema de la ley es que no contempla la cuestión penal. Para cada productor, fumigar con 'mosquito' ó 'avioneta', por más que estuviera su campo de soja pegado a las viviendas, le significaba fumigar y pasar la multa como si fuera un impuesto más. En la balanza de costos de lo que le deja la soja, era irrisorio el pago. Entonces, muchos productores no se preocupaban por violar la ley, hasta que las Madres de Ituzaingó inician un juicio a un productor con el apoyo de la OPS. Después que la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, declara que Ituzaingó es un barrio contaminado y que está en una situación de emergencia, con la declaración y un fiscal, se inician las acciones para culpar legalmente a este productor. Logran que esté cinco días en la cárcel, pero ahí nomás lo liberan. Digamos que nunca se logró meter 'en cana' a un productor por haber violado la ley, porque la ley, como te decía, no contempla a las fumigaciones como un delito penal.

Una de las jurisprudencias que estamos tomando en cuenta es la del Fiscal Gómez de Tucumán, que tomó el caso de contaminación por minería (de Minera Alumbrera) como delito penal y se ha logrado culpar penalmente a empresas por haber contaminado napas de río, napas de agua potable y afluentes de agua potable. Tomando que la contaminación es un delito penal estamos viendo e instrumentándonos para poder proyectarnos al día de mañana, de acá a unos años, y que se consideren las fumigaciones como un delito penal, las fumigaciones incontroladas. Nosotros presentamos un informe y una denuncia ante (los tribunales) Comodoro Py, que estuvo a cargo de Jorge Rulli y el GRR, donde se culpa no solamente al productor sino a toda la cadena de responsabilidades que están por encima de él. Muchas veces se plantea que la más barata sería buscar un chivo expiatorio, que sería el fumigador, cuando en realidad el fumigador es una víctima más, no es un victimario.

El victimario es, por un lado, el productor, pero arriba del productor está el ingeniero agrónomo que ordenó la receta fitosanitaria ³. Nos hemos encontrado muchas veces con recetas fitosanitarias que ponen 'aplicar tantas dosis de glifosato' y le ponen 'no tóxico'. En una receta fitosanitaria están considerando al glifosato como 'no tóxico', cuando la OMS (Organización Mundial de la Salud) ya lo declaró de grado de toxicidad 2. Creo que ese agrónomo debería tener el cuidado y la precaución al momento de dar su receta. Del mismo modo que un médico al hacer una mala praxis se lo puede juzgar legalmente, el ingeniero agrónomo al dar una receta fitosanitaria está poniendo en riesgo la vida de las personas. Y por encima del ingeniero agrónomo, están las universidades públicas que tienen los laboratorios de investigación, que son los que preparan a estos ingenieros. Las universidades públicas se han convertido más en serviles a empresas privadas que en formar ingenieros al servicio de la sociedad. Vemos que los programas universitarios están direccionados a generar futuros empresarios y no un ingeniero preparado integralmente para determinar si un pesticida está haciendo daño o no. Después, por encima de las universidades, la idea es ir contra el SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria), la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, y el Ministerio de Salud. Son los tres órganos que más poder de policía podrían llegar a tener al momento de establecer las pautas de la fumigación, de cómo hacer una fumigación. Morir de nueva muerte.

-¿Crees que estas fumigaciones se pueden parar, no sólo en Córdoba sino en el resto del país?

-Yo creo que el problema es complejo. El problema principalmente radica en una política de Estado y nosotros lo que vemos es que hay una cuestión muy hipócrita, porque desde el Estado se mandó un equipo de investigación del Ministerio de Salud que se dice que se conformó para investigar y destinar fondos al caso del Barrio Ituzaingó en Córdoba. El equipo de salud no está conformado. Hablamos con Susana García, presidenta de la Asociación de Toxicología Argentina y nos comentó que el equipo no estaba conformado, pero que de acá a unos años ellos iban a ser los posibles integrantes de ese equipo. El Estado se hizo eco de esta problemática que ellos mismos generaron a través del modelo sojero.

No vale de nada tratar de frenar las fumigaciones desde el Ministerio de Salud, si desde el Estado no se plantea una reforma agraria ó un cambio en la política agropecuaria. ¿Por qué? Porque uno puede agarrar y ofrecer todo un sistema sanitario que proteja a las víctimas, pero van a seguir habiendo nuevas víctimas a medida que el modelo productivista vaya encontrando los vericuetos por donde seguir actuando.

Se pueden frenar las fumigaciones, pero conversando en muchas de las asambleas nos damos cuenta que el problema, más allá del Estado, es la idiosincracia del productor. Si al productor se le ofrece otro tipo de subsidio para fomentar cultivos orgánicos que se pueden instalar en el mercado mundial y que dejan suficiente ingreso, mucho más alto que la soja, entonces ahí sí. ¿Por qué? Porque lamentablemente cuando uno habla con un productor tiene que hablar en términos económicos, no en términos de salud. Te digo esto porque la idiosincrasia clásica del productor es que no le importa. Con esto no quiero hacer una generalidad, porque hay muchos productores que sí les interesa.

Nos ha tocado entrevistar a un productor al que le había nacido un hijo sin un bracito y le preguntamos: '¿Usted es conciente que su hijo le puede haber nacido sin un brazo por el tema de las fumigaciones?', y el productor nos respondía: 'Sí, yo sé que es por eso, pero bueno, mi hijo no tendrá un brazo pero va a tener dos palos verdes cuando sea ingeniero'. Esa idiosincrasia lamentablemente es la que está instalada en muchos de los productores nuestros, donde lo único que les interesa es acrecentar su bolsillo.

-Esto no terminaría con el problema de la concentración de la tierra. Hemos conversado en muchísimas ocasiones con campesinos que resisten a diario los atropellos y desalojos de los productores y empresarios sojeros.

-El Estado analiza la problemática de las fumigaciones desde un punto de vista muy reduccionista. Esto va más allá de la fumigación. Lo que estamos denunciando nosotros es el modelo agropecuario que estamos teniendo. Un modelo que desplaza, desaloja campesinos, a una persona que históricamente tenía su huerta ó que tenía una producción integral, naturalmente rotativa. Me refiero a que había campesinos que tenían su cabrita, sus vacas, maíz, girasol, trigo, huerta, frutales, y que con eso comía no solamente su familia, podía intercambiar el sobrante ó el remanente con otras comunidades. Eso históricamente se hizo pero nunca fue reconocido por ninguno de los estados, desde los períodos de facto hasta esta seudo-democracia que estamos teniendo ahora.

La problemática de las fumigaciones no la podemos analizar desde un punto de vista muy conductista, como que: 'Ah, se está fumigando, tenemos que frenar las fumigaciones'. El problema radica en plantear otro tipo de agricultura que es viable, porque desde el Colectivo Paren de Fumigar no es que decimos 'hay que parar las fumigaciones, no se puede fumigar más', y los productores vienen y nos plantean 'y bueno, dennos la solución'. Dentro del Colectivo Paren de Fumigar hay muchos profesionales agrónomos y biólogos que hace rato vienen peleando por una alternativa productiva.

El Estado no solamente debería considerar un equipo de salud para analizar las víctimas del modelo de las fumigaciones, sino que debería enviar un equipo para investigar los desalojos de campesinos. Las actitudes corruptas que hay entre municipios feudales y productores agropecuarios conniventemente dan vía libre al desalojo de campesinos. Debería contemplar también un equipo de alternativas en producción agropecuaria. Debería contemplar un equipo que vele por la soberanía alimentaria, y no tener un INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) que sigue desarrollando el modelo biotecnológico. El INTA, uno de los mayores responsables. En la época de Menem tuvo que tranzar con Monsanto, para no quebrar tuvo que darle el germoplasma, y Monsanto, a través del Convenio de Vinculación Tecnológica, es el que estuvo bancando al INTA.

Ahora el INTA rompió lazos con Monsanto, pero seguimos desarrollando el modelo productivista de soja transgénica. Entonces, si tampoco hay una intención desde el Estado de desarrollar una soberanía alimentaria genuina y de que nuestras semillas vuelvan a ser lo que eran antes, no experimentos genéticos, hasta que no se contemplen todos estos factores y además los factores sociales, la necesidad de que haya un reparto equitativo de las tierras, hasta que no se considere todo esto, el problema no se va a solucionar. Sin embargo, nosotros desde 'Paren de Fumigar' creemos que la cuestión de detener las fumigaciones es urgente, porque está en juego la vida de personas, porque están muriendo ya las personas. Ahora se está juzgando a los asesinos de la 'época del proceso'. Yo creo que de acá a diez años, como se viene avanzando, vamos a empezar a procesar a los asesinos de estos nuevos muertos, porque es otro tipo de genocidio y ecocidio.

En cierta forma nosotros tenemos esperanza y es por eso que también estamos en la lucha.