La Corte Suprema de Justicia de Paraguay declaró inadmisible un recurso extraordinario de casación interpuesto por la defensa de Alfredo Lautenschlager y Herman Schlender, dos empresarios rurales responsables del envenenamiento y muerte del niño Silvino Talavera.

Ahora deberán cumplir con la sentencia confirmada por el Tribunal de Apelación de Encarnación, de dos años de cárcel por producción de riesgos comunes y homicidio culposo, que fue dictada sin suspensión de la condena.

Este es el primer caso de judicialización por intoxicación y muerte debida a agrotóxicos, ya que la mayoría de ellos ocurren en el silencio de las comunidades campesinas -acorraladas por agrotóxicos y los cultivos transgénicos.

En tres años se realizaron dos juicios, y en ambos se declaró culpables a los imputados. El primer juicio fue anulado en 2003, y el segundo juicio fue apelado y nuevamente ratificada la condena por el Tribunal de Apelación de Encarnación.

La defensa de los empresarios presentó una casación ante la Corte Suprema de Justicia, con el propósito de dilatar la ejecución de la sentencia y jugar con el plazo de extinción de la causa penal, en los primeros días de diciembre de 2006. La sentencia de la Corte Suprema de Justicia ocurre entonces a pocos días de la fecha de extinción de la causa penal.

Silvino Talavera Villasboa tenía 11 años cuando fue rociado por agrotóxicos usados en los monocultivos de soja alrededor de su casa, y falleció cinco días después, el 7 de enero de 2003. Los 10 hermanos y hermanas de Silvino junto con su padre y madre también fueron intoxicados y enfermaron por esta causa.

Diversas organizaciones campesinas, de mujeres, de derechos humanos, ambientalistas y activistas de varias partes del mundo realizaron una campaña de vigilancia e incidencia pública, articulada desde la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas (CONAMURI).

De esta forma se logró presentar y seguir el caso en la justicia paraguaya, caracterizada por su lentitud, falta de transparencia y en algunos casos de corrupción directa en beneficio de los sectores dominantes, algo que se agudiza en las zonas rurales del país.