En julio de 2004 la justicia Penal paraguaya dictó una sentencia definitiva en el caso que oponía a los pobladores de Rincon-í contra representantes de la Delta & Pine de Estados Unidos, responsable de haber desechado 660 toneladas de semillas de algodón vencidas pretratadas con cuatro peligrosos agrotóxicos, sobre un predio de una hectárea ubicado dentro de esa comunidad campesina. Una lucha que fue apoyada por la Rel-UITA desde sus inicios, en 1998.

Según esa sentencia, dos de los responsables debían cumplir penas de prisión y un tercero, el estadounidense Eric Lorenz, fue declarado en rebeldía ya que se dio a la fuga poco después de consumado el delito.

En sustitución de las penas de prisión, el juez consideró la posibilidad de que los sentenciados pagaran multas que equivalen a unos 36 mil dólares, fondos que debían ser depositados en una cuenta bancaria cuya utilización requería la supervisión del Ministerio de Salud.

A pesar de que el Juzgado de Ejecución competente demoró casi un año y medio en iniciar las acciones necesarias para concretar las medidas ordenadas por la justicia Penal, finalmente esta instancia está muy próxima. Según los abogados defensores de los sentenciados, el dinero se encuentra a disposición para ser depositado. Después de un malentendido inicial, se llegó a un acuerdo entre la representante de los pobladores, Ana María Segovia, y autoridades del MSP, según el cual el dinero será enviado a una cuenta que será gestionada de forma conjunta por las víctimas y el Ministerio.

Para asegurar este procedimiento, los pobladores y la Rel-UITA se entrevistaron con el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, doctor Torres Kimce, quien aseguró conocer bien el caso, y aunque explicó que los jueces paraguayos tienen absoluta autonomía para ejercer su función dijo descontar que el proceso arribará a buen fin en poco tiempo. Por otra parte, los pobladores de Rincon-í solicitaron la intervención del Ministerio Público en la ejecución de la sentencia, encontrando una excelente disposición en la fiscal Artemisa Marchuk a quien se le entregó un escrito con ese propósito.

Asimismo, la población afectada de Rincón-í representada por Ana María Segovia concretó un proyecto para construir un dispensario de salud en su propia localidad que ya fue presentado ante el Ministerio de Salud Pública. El proyecto cuenta con el aval y el asesoramiento de la Rel-UITA y su co-responsable será el doctor Pablo Balmaceda, quien hiciera los estudios de contaminación a la población en febrero de 1999, poco después de que ocurriera el crimen ambiental.

El proyecto estipula que la comunidad utilizará parte de estos fondos para participar con un terreno adecuado, su mano de obra, el amoblamiento interior, los costos fijos de agua y luz y el mantenimiento general, y solicita que el MSP se haga cargo de los materiales para la construcción, de la disponibilidad de servicios de laboratorio, medicamentos y ciertas especialidades, y del salario de tres personas: un médico (se propone al doctor Balmaceda por su experiencia y conocimiento pormenorizado de las personas y del caso), una enfermera y una secretaría administrativa.

El proyecto de dispensario descentralizado pretende ser el inicio de una nueva etapa en la lucha de las víctimas de la basura tóxica de la Delta & Pine, ya que el estado de salud de numerosos pobladores y pobladoras es totalmente precario, especialmente de los ancianos y los niños. Hace menos de un mes, con apenas 33 años, murió otro vecino de Rincón-í aquejado por síntomas que los médicos no supieron identificar con ninguna enfermedad concreta. Muchos se encuentran débiles, con dolores óseos y musculares, con disturbios gástricos, náuseas, mareos y dolores de cabeza, entre otras afecciones.

Las próximas semanas serán sin duda muy importantes para el cierre exitoso de una etapa que llevó casi ocho años de constante lucha sostenida por los pobladores de Rincon-í, siempre impulsados por su portavoz y fiel representante Ana María Segovia. De ahí en adelante se abrirá para Rincon-í una nueva lucha en pos de adecuadas condiciones de vida, salud y reconstrucción comunitaria.

En Asunción, Carlos Amorín © Rel-UITA 17 de agosto de 2006