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Informaciones de último momento dan cuenta de que Ana María
Segovia, representante de la comunidad de Rincon’í, ha
recibido reiteradas amenazas telefónicas anónimas, y la
solicitud amigable de una asistente de la fiscal Artemisa
Marchuck de que se cuidara las espaldas, ya que “corre el
rumor en el Palacio de Justicia de que hay varios siguiendo
tus pasos”.
¿De dónde provienen las amenazas? Los hechos de los últimos
días podrían explicarlo. La fiscal Marchuck, quien ya
tuvo una positiva intervención en este caso, obtuvo
documentación del Banco Nacional de Fomento (BNF)
probando que el dinero de las multas fue retirado de la
cuenta judicial por un testaferro llamado Osmar Milcíades
Ramírez Natale, quien presentó un cheque a su nombre
firmado aparentemente por la jueza Llanes y el
actuario Escobar.
Esto fue denunciado en la prensa por Ana María Segovia
y el doctor Pablo Balmaceda. La reacción de la jueza
Llanes fue acusar a su actuario, Diego Escobar,
de haberle falsificado la firma autorizando el retiro de los
50 mil dólares de la cuenta bancaria judicial que, por
tanto, se encontraba con saldo cero. Escobar fue
separado de su cargo y ahora suspendido por decisión de la
Corte de Justicia.
Como por arte de magia, pocos días después el dinero
“reapareció” en la cuenta bancaria del BNF en la que
se registraron tres depósitos completando los 50 mil
dólares. La jueza Llanes, por su parte, ha iniciado
una sorda campaña de desacreditación personal contra Ana
María Segovia, acusándola de pretender apropiarse de ese
dinero y no representar sino a una pequeña parte de la
comunidad de Rincon’í.
Obviamente, todo esto, el descubrimiento casual de esta
“mafia de las multas” -como bautizó la prensa paraguaya a
este caso-, ha derivado en una investigación judicial
interna y en un probable juicio Penal, ya que se habría
probado la comisión de varios delitos.
La jueza Llanes, por su parte, insiste en interpretar
la sentencia de manera caprichosa y continúa negándose a
depositar definitivamente el dinero en una cuenta del MSP,
presionando a Ana María Segovia para que ella acepte
ser quien reciba los 50 mil dólares en nombre de una
“Comisión Vecinal”. El procedimiento es rechazado por Ana
María puesto que no sólo la dejaría involucrada en un
desvío de fondos, sino que iría en contra de lo establecido
en la propia sentencia judicial de 2004 que expresamente
ordena poner esa cantidad de dinero en una cuenta del MSP.
En este contexto, las amenazas contra Ana María Segovia
no se vincularían ya con el caso concreto de la
contaminación, sino con la “mafia de las multas” con la que
chocó esta lucha en su etapa final. No obstante, estas
amenazas deben ser consideradas seriamente y las autoridades
paraguayas deberán responsabilizarse por su seguridad
personal.
En este sentido, la Rel-UITA ya ha iniciado los
contactos al más alto nivel del gobierno paraguayo
solicitando atención urgente a esta situación extremadamente
preocupante. Estas gestiones están avanzando y dando sus
primeros frutos, ya que Ana María Segovia mantuvo una
entrevista con el Ministro del Interior, Rafael Filizzola,
quien le ofreció todo su apoyo, y será recibida hoy,
viernes 17, por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara
de Representantes, a la que acudirá acompañada por un alto
funcionario de esa Secretaría de Estado.
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