La vocera de la comunidad de Rincon’í, Ana María Segovia, ha recibido amenazas telefónicas para que cese de reclamar el dinero que una sentencia judicial de 2004 destinó a la atención sanitaria de los contaminados. En diálogo con Sirel, Ana analiza esta situación y detalla las gestiones que viene realizando en Asunción.

 

-¿De dónde crees que provienen las amenazas?

-Nuestra acción está dirigida a concretar la sentencia judicial de 2004 referida a nuestro caso de contaminación de Rincon’í, pero hemos dejado al descubierto sin querer lo que podría ser una red de estafadores dentro del sistema judicial paraguayo. La prensa ya la llama “la mafia de las multas”, porque parecería que se embolsaban el monto de algunas de las multas que imponían los jueces. Es probable que las amenazas hayan surgido de personas vinculadas a ese grupo, aunque no hay pruebas de ello. Quizás pensaron que estaba sola, sin apoyos, pero ahora ya vieron que no es así.

 

-¿Quieres decir que han cesado?

-Aparentemente no están interesados en continuar con eso porque ya saben que no me voy a callar, y que junto a mí hay otras personas e instituciones como la UITA, como el Paí Oliva y, además, el gobierno tomó cartas en el asunto.

 

-¿De qué manera?

-Junto a doña Lucrecia, de la comunidad de Rincon’í, y al doctor Pablo Balmaceda, fuimos recibidos por el ministro del Interior, Rafael Filizzola, quien junto a personal de su Secretaría escuchó y tomó nota de mi relato completo, no sólo la denuncia de las amenazas sino también de las irregularidades judiciales. El Ministro me ofreció custodia personal y prometió que se investigará el origen de las amenazas.

 

-¿Hubo otras reacciones en el sistema político paraguayo?

-También fuimos recibidos por la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Desirée Massi, que además es médica. Ella se mostró muy interesada en nuestro caso, y se ofreció para presentar nuestra situación ante la ministra de Salud. También nos anunció su intención de visitar Rincon’í en los próximos días, con la intención de participar en una reunión general de la comunidad. Por otra parte, la diputada Massi nos explicó que la Cámara de Representantes tiene potestades para ordenar una investigación en el Poder Judicial, y que hará uso de esa prerrogativa en este caso.

 

-¿Cuáles serán los próximos pasos?

-Ahora esperamos que se concrete la visita de la diputada Massi a la comunidad. Mientras tanto, ante la Fiscalía tuve que hacerme cargo de la denuncia de toda la manipulación judicial del dinero proveniente de las multas de nuestra sentencia, porque la ley paraguaya no admite la acción de oficio en estos casos. Además, es posible que esto genere una acción civil de nuestra parte porque el dinero estuvo en esa cuenta dos años sin que se nos informara de ello, y durante todo ese tiempo la gente siguió sufriendo sin atención médica. Por otra parte, estaremos solicitando que se libere una orden de captura internacional contra Eric Lorenz, representante de la Delta & Pine en aquel momento y principal responsable de la contaminación, que se encuentra prófugo de la justicia desde 2004. También pediremos una audiencia con el presidente Fernando Lugo, para que nos ayude a que la comunidad de Rincon’í reciba por primera vez atención del Estado paraguayo, no solamente en su salud, que es imprescindible, sino también desde el punto de vista social. Finalmente, quiero señalar, como lo hice en la última reunión de la comunidad que tuvimos la semana pasada, que no habría sido posible llegar hasta acá sin el apoyo constante de la UITA, por el cual estaremos siempre muy agradecidos, y sólo esperamos algún día poder retribuir toda la solidaridad que estamos recibiendo.