agrotóxicos

Ana María Segovia, vocera de la comunidad de Rincon'í -donde en 1998 la empresa estadounidense Delta&Pine desechó 660 toneladas de semillas de algodón vencidas y pretratadas con cuatro agrotóxicos- y Carlos Amorín, en representación de la Rel-UITA, han mantenido varias entrevistas en el Ministerio de Salud Pública reclamando una acción sanitaria urgente.

La población del lugar continúa padeciendo graves enfermedades vinculadas a los químicos derramados, sin que hasta ahora se haya recibido una mínima atención por parte de las instituciones de salud del Estado.

Asimismo, presentaron en otras dependencias del nuevo gobierno un Programa de Acción Social para Rincon'í que apunta a mitigar las consecuencias sociales y culturales de la contaminación, y de la posterior campaña de presiones y amenazas que se desató en la zona para proteger a los responsables, vinculados a los poderosos locales.

Con Ana María Segovia, de Rincon'í

Renace la esperanza

A casi diez años del criminal atentado ambiental y sanitario de la Delta&Pine en Rincon’í, a cuatro años de la sentencia judicial que condenó a dos de los culpables y declaró prófugo al estadounidense Eric Lorenz, la población del lugar padece las crueles consecuencias de la contaminación masiva que sufrió. El nuevo gobierno da señales de un cambio de actitud con respecto al caso. Sirel dialogó con Ana María Segovia, representante de la comunidad, quien detalló las gestiones y contactos que, junto a la UITA, se vienen realizando en Asunción.

-¿Cuál es la situación de salud de la población de Rincon’í?

-Muy mala. En estos años han muerto varios vecinos y vecinas de cáncer en diversos órganos, una enfermedad que antes era bastante rara en la comunidad, también hay afectados de los riñones, del estómago, enfermedades de la piel. Desgraciadamente, las previsiones sobre las consecuencias de la contaminación se vienen cumpliendo.

-¿Han recibido atención médica adecuada?

-No, en ningún momento de estos diez años el Ministerio de Salud tomó en cuenta nuestra situación. Los enfermos son atendidos en general cuando las enfermedades ya están en una etapa de gravedad y queda poco por hacer. En algunos casos, la gente ha tenido que viajar a Buenos Aires para recibir atención y tratamiento.

-¿Qué ha pasado con los culpables?

-En 2004 obtuvimos una sentencia penal favorable que condenó a penas de prisión a un empleado de la Delta&Pine, Nery Rivas, y al propietario del predio donde se desecharon las semillas tóxicas, Julio César Cháves, a quienes se les suspendió el cumplimiento de la sanción en la cárcel a cambio del pago de multas que sumaban cerca de 50 mil dólares. La sentencia establecía, además, que ese dinero debe ser destinado a la construcción de un dispensario de salud en Rincon’í, con supervisión del Ministerio de Salud y de la comunidad. Pero nunca pudimos comprobar que ese dinero se depositó, aunque suponemos que sí se hizo, porque en los últimos dos años no pudimos acceder más al expediente judicial. Ahora nos dicen en el juzgado de ejecución de sentencia que el expediente “desapareció”. Es obvio que la manipulación continúa, y hemos dado un plazo breve a solicitud del actuario Diego Escobar para que el expediente “aparezca”, de lo contrario habrá que atenerse a las consecuencias.

-¿Judicialmente el caso ha sido cerrado?

-La jueza de sentencia declaró la extinción de la pena para los condenados en función de que ya transcurrieron los plazos fijados y se cumplieron las condiciones de la suspensión. Pero el caso no está cerrado porque el estadounidense Eric Lorenz, representante de la Delta&Pine en Paraguay de aquel entonces y principal responsable de la contaminación, se fugó y está declarado en rebeldía por la justicia. En ese sentido, volveremos a reclamar que se libre una orden internacional de captura contra esta persona que no ha pagado por sus crímenes.

-¿Han mantenido contactos con las nuevas autoridades del gobierno?

-Sí, ahora, con el apoyo de la UITA, hemos iniciado una ronda de contactos a nivel gubernamental. Hasta ahora hemos encontrado una actitud positiva, nos han escuchado y pensamos que el problema será abordado con otra sensibilidad. Nos han prometido que se hará un relevamiento casa por casa por personal idóneo para establecer un diagnóstico general de todos los afectados, mientras se consiguen los fondos para el dispensario. En ese sentido, creemos que hay un cambio en el comportamiento de las autoridades sanitarias del país. Tenemos esperanza de que se cumpla con la palabra empeñada.

-¿Cómo seguirá esta lucha?

-Además de continuar el proceso judicial penal, a nivel gubernamental con el apoyo de la UITA y del doctor Pablo Balmaceda, quien estuvo vinculado a nuestra causa desde el primer momento, estamos presentado dos proyectos, uno vinculado a los aspectos sanitarios, y otro a los aspectos sociales, ya que todo este episodio ha causado mucho daño en el espíritu comunitario, se produjeron divisiones y recelos provocadas por las presiones de los poderosos involucrados en el hecho, el miedo ha calado hondo, la desconfianza también. Debemos reconstruir nuestra comunidad y volver a vincular a los jóvenes y a los niños a nuestra cultura tradicional, a nuestras raíces. Quiero subrayar que todo esto se está logrando gracias al apoyo de la UITA, a la solidaridad de los trabajadores y trabajadoras de esta organización que para nosotros representa la posibilidad de luchar por nuestros derechos.