El dolor de una madre que perdió
a un hijo no se aplaca con nada, y menos aún si la muerte
pudo haber sido evitada. Bastaba un poco de responsabilidad
y el niño Silvino Talavera Villasboa seguiría,
probablemente, vivo, disfrutando de sus cortos 11 años,
jugando, cuidando a sus herma-nitos
pequeños, vendiendo hortalizas a sus vecinos o ayudando a su
padre en la chacra. Sin embargo, la irresponsabilidad de dos
productores sojeros que fumigaron sus cultivos sin tener en
cuenta los cuidados correspondientes, acabó con la vida del
pequeño.
Este es el primer caso de muerte
por intoxicación en ser llevado a juicio oral en el
Paraguay, gracias a la valentía de la madre de Silvino,
Petrona Villasboa de Talavera, activista de una organización
social con un extenso historial de lucha por los derechos de
las mujeres campesinas e indígenas que también la apoyó con
firmeza, y del fiscal de la causa, Víctor Florentín.
A pesar de su corta edad,
Silvino se mostraba muy activo en la comunidad en que vivía.
Era hijo de Juan Talavera (50) y Petrona Villasboa de
Talavera (46) y el número 10 en una familia de 11 hermanos.
Sus vecinos lo conocían porque cada mañana salía a vender
hortalizas y frutas producidas en la chacra de su papá. Con
su bicicleta recorría las enormes distancias que separan un
vecindario y a veces iba acompañado por alguno de sus
hermanos o de su primo Gabriel Villasboa.
El 2 de enero de 2003, según
relató su madre, Petrona, se dirigía con su bicicleta hacia
su casa, en compañía de su primo, llevando en un bolso de
mandados un gran trozo de carne y un poco de fideos para la
preparación del almuerzo familiar. Cuando faltaban unos
cuantos metros para alcanzar su humilde vivienda, Silvino y
su primo Gabriel se cruzaron con el sojero Herman Schelender,
quien se encontraba fumigando sus plantaciones de soja.
Justo en el momento en que el niño cruzaba frente a la
máquina fumigadora, Schelender activó el dispositivo de la
máquina y, literalmente, bañó a Silvino con el herbicida,
así como a la carne y los fideos que portaba en su
bicicleta. Gabriel pudo esquivar el chorro y aunque también
aspiró el veneno no le ocasionó los mismos daños que a
Silvino. Una vez en su casa, la madre preparó el almuerzo
con los comestibles que había traído su hijo del pueblo.
Al cabo de unas horas, varios
miembros de la numerosa familia de Petrona comenzaron a
sentirse mal, con náuseas, vómitos y cefaleas. Pero la peor
parte se la llevó Silvino, no sólo por el hecho de haber
estado directamente expuesto a los herbicidas sino también
por haber inhalado el líquido en el momento en que fue
“fumigado” por Schelender.
Petrona, Silvino, su hermana
Sofía, por aquel entonces de 12 años, y sus hermanos Nicolás
de 19 y Justiniano de 9, entre otros más, fueron internados
en un centro materno infantil de la localidad de Pirapey, en
donde los médicos tratantes les diagnosticaron un cuadro de
intoxicación grave causada por agrotóxicos.
Al cabo de unos días, y al
comprobarse que Petrona y sus hijos mejoraron
ostensiblemente, volvieron a su casa, pero el 6 de enero,
nuevamente, el otro sojero condenado, Alfredo Laustenlager,
volvió a realizar fumigaciones de sus cultivos de soja,
localizados a escasos 15 metros de la casa de la familia
Talavera.
El debilitado organismo de
Silvino ya no pudo resistir. Nuevamente varios miembros de
la familia, incluyendo por supuesto a Silvino, fueron
ingresados al nosocomio de Pirapey. Cuando los médicos
comprobaron que el cuadro del niño empeoraba con el
transcurrir de las horas, sugirieron a Petrona trasladarlo
hasta el Hospital Regional de Encarnación, en donde al día
siguiente falleció. Otras 20 personas vecinas también fueron
gravemente afectadas por la intoxicación y tuvieron que ser
trasladadas hasta Asunción para ser tratadas.
La desolación, el dolor y la
indignación se apoderaron de la familia Talavera. Con mucha
tristeza reflejada en sus ojos, a Petrona hasta hoy le
cuesta acostumbrarse a la ausencia de Silvino. Dice que sus
hermanos menores, a quienes Silvino cuidaba, aún claman por
él. La comunidad también extraña al niño que cada mañana
salía a vender frutas y verduras a los vecinos.
Luego de superado el shock
inicial por la muerte de Silvino, Petrona decidió recurrir
hasta el local del Ministerio Público de Pirapey para
denunciar a Schelender y Laustenlager. Ese momento marcó
para la familia Talavera el inicio del largo camino hacia la
justicia. El fiscal de la zona, Víctor Florentín, decidió
llevar adelante la causa por cuenta propia y procesar a los
dos productores denunciados por la familia Talavera.
Al comprobar la iniciativa de
Florentín, Petrona resolvió apoyar firmemente el proceso
judicial. Pero ella no estaba sola: la Coordinadora Nacional
de Mujeres Rurales e Indígenas –CONAMURI–, de la que es
miembro, la acompañó desde la radicación de la denuncia ante
la Fiscalía.
Julia Franco, secretaria de
organización de CONAMURI y residente en Pirapey, comentó que
los análisis de orina realizados a todos los afectados por
la intoxicación en un laboratorio privado de Asunción
comprobaron la existencia de residuos de los agrotóxicos
glifosato y sipermetrina en sus organismos, que
habrían sido los utilizados por Laustenlager y Schelender en
el momento de las fumigaciones.
Julia señaló que estas pruebas
resultaron contundentes para que la Fiscalía decidiera
llevar a juicio oral a los imputados por el caso. Al margen,
la dirigente acusó a los sojeros imputados de estar
amparados por los poderosos productores del departamento de
Itapúa, lo que les da libertad para actuar con absoluta
impunidad a la hora de fumigar sus plantaciones, sin tener
en cuenta las condiciones climáticas para las
pulverizaciones ni el riesgo al que exponen a terceros.
La
reconstrucción y la condena
La reconstrucción de los hechos,
durante el juicio oral iniciado el 30 de marzo pasado,
permitió demostrar cómo se sucedieron los acontecimientos
que derivaron en la muerte de Silvino y el grado de
responsabilidad de los sojeros imputados. El testimonio de
Gabriel, el primo de Silvino, el único testigo presencial
durante la primera ocasión en que el niño fallecido resultó
intoxicado, permitió a los jueces conocer en profundidad los
detalles del incidente.
Otras declaraciones
fundamentales fueron las de los médicos que atendieron a
Silvino, quienes testificaron que tanto el niño como los
otros miembros de la familia Talavera internados en el
centro de salud de Pirapey y de Encarnación sufrieron un
cuadro de intoxicación por agrotóxicos. En contrapartida, el
forense contratado por la defensa alegó que el niño falleció
a causa de una deshidratación masiva y para demostrarlo
presentó los resultados de la autopsia. Pero finalmente la
contundencia de las alegaciones presentadas por el abogado
querellante marcó el veredicto.
El Tribunal, compuesto por los
jueces Manuel Aguirre Rodas, Guillermo Skanata Gamón y
Fausto Cabrera, sentenció a Alfredo Laustenlager por los
cargos de homicidio culposo y producción de riesgos comunes,
en este último caso porque la fumigación realizada no
respetó las normas de cuidado y efectuó la tarea sin guardar
una distancia adecuada de la vivienda en donde vivían 12
niños con sus padres. Schelender fue absuelto del cargo de
producción de riesgos comunes, pero condenado por el de
homicidio culposo. Los jueces alegaron haber optado por este
fallo en el caso de Schelender porque si bien se encontraba
realizando su tarea agrícola en su cultivo y alejado de toda
vivienda en el momento del hecho, sí tuvo participación no
intencional al rociar al niño en el momento en que pasaba al
lado de su máquina fumigadora.
Uno de los miembros del
tribunal, Guillermo Skanata, aclaró que esta sentencia no
está dirigida a los productores del país que emplean
agrotóxicos en la producción, sino a la falta de cuidado con
que actuaron en este caso en particular. Laustenlager y
Schelender fueron condenados a dos años de prisión o a la
sustitutiva de pagar una indemnización a la familia Talavera
de 25 millones de guaraníes cada uno (menos de 5 mil
dólares), en un plazo no mayor a 90 días.
Aunque el fallo del Tribunal
resulta histórico, por ser el primero de este tipo en
Paraguay, Julia indicó que tanto la CONAMURI como la familia
Talavera no se encuentran del todo satisfechas con la
condena. La CONAMURI dio a conocer un comunicado en el que
estima que “esta condena es una primera batalla ganada en la
dura lucha por la vida y contra la impunidad –que hemos
emprendido desde enero de 2003– porque sienta el precedente
en la justicia paraguaya de que las fumigaciones con
agrotóxicos enferman y matan. Si bien la justicia fue tibia
considerando la gravedad del caso, esta conquista nos
alienta a seguir luchando contra este modelo agroexportador
que enriquece a unos pocos y empobrece, enferma y mata a los
más humildes e indefensos de nuestro país, como lo son las
familias campesinas e indígenas".
De todas maneras, Julia Franco
rescató que el caso de Silvino servirá de ejemplo para otros
similares. Aclaró que la CONAMURI no está en contra de las
fumigaciones ni del cultivo de la soja, pero exige respeto
por la vida de los seres humanos, la de los animales y por
la preservación del medio ambiente a la hora de realizar las
pulverizaciones. "Exigimos respeto para nuestras comunidades
campesinas, que son nuestro hábitat y dentro de las cuales
desarrollamos nuestra forma de vida. No queremos que sigan
contaminado el agua que bebemos ni el suelo que cultivamos",
señaló la dirigente.
Al mismo tiempo, Petrona
confirmó que ella y su familia se encuentran analizando la
posibilidad de llevar el caso de Silvino a la instancia
civil, de forma de que vuelvan a someter a ambos productores
a un nuevo tribunal que les otorgue una condena mayor.
Además, la familia Talavera exigirá el pago de una
indemnización mucho mayor, pues tanto Petrona como sus hijos
siguen arrastrando hasta hoy las consecuencias de la
intoxicación masiva, que también les significó la
destrucción de una pequeña producción de rubros
alimenticios, la muerte de sus animales domésticos, y la
contaminación del suelo y los cauces hídricos de la zona.
Los productores condenados ya
apelaron la sentencia en su contra. Tanto Laustenlager como
Schelender cuentan con el apoyo de otros poderosos
productores sojeros de la zona, entre ellos importantes ex
colaboradores cercanos del dictador Alfredo Stroessner.
Julia y Petrona indicaron que son concientes de que se están
enfrentando a personas muy poderosas y estrechamente
relacionadas con las empresas que comercializan los
productos herbicidas, por lo que esperan poder capear el
aluvión de presiones que están seguras ejercerán los sojeros.
Rosalía Ciciolli
© Rel-UITA
20 de mayo de 2004
