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El caso de barrio Ituzaingó Anexo, en la ciudad de Córdoba,
el juicio a las fumigaciones, posee la enorme virtud no sólo
de haber puesto en el banquillo de los acusados a dos
productores sojeros y un empresario de la aeroaplicación
sindicados de ser supuestamente responsables del delito de
contaminación ambiental en los términos de la ley 24.051.
Además, ha permitido vislumbrar en toda su magnitud la
discusión sobre el actual modelo de producción
agropecuaria basado en la utilización del paquete
tecnológico compuesto por soja transgénica más productos
agrotóxicos.
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Las favorables condiciones externas y los
precios internacionales dieron lugar al pujante
negocio de la “sojización”, es decir, el proceso
de pasar de cero a 18 millones de hectáreas
cultivadas |
Este “modelo de producción” es cuestionado de manera
profunda y fundada por la sociedad civil, principalmente por
vecinos que habitan cerca de los predios rurales explotados
con cultivos de soja, organizaciones ambientales,
movimientos campesinos y pueblos originarios.
Ellos advierten y denuncian en forma enfática la aparición
inusitada de enfermedades graves –como malformaciones,
cánceres, leucemia, lupus, abortos espontáneos, fisura
palatina, etcétera– asociadas con el uso creciente e
intensivo de agrotóxicos.
Las favorables condiciones externas y los precios
internacionales dieron lugar al pujante negocio de la “sojización”,
es decir, el proceso de pasar de cero a 18 millones de
hectáreas cultivadas, de cero a 50 millones de toneladas, de
cero a 20 mil millones de dólares de exportación, y de un
consumo de cero a 200 millones de litros anuales de
glifosato.
Pero lo que resulta alarmante es la contracara de este
proceso, representada por la aparición y el incremento de
enfermedades graves asociadas con el uso intensivo y
creciente de agrotóxicos, el desmonte y la desaparición de
los bosques nativos, el despojo de campesinos y pueblos
originarios.
Todo lo cual viola derechos humanos fundamentales, como el
derecho a la salud, a la vida, a vivir en un ambiente sano y
a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que
ocupa esa gente.
Víctimas
La Red Agroforestal precisa que en el Chaco argentino se
contabilizan 11,4 millones de hectáreas en disputa, y en
todo el país existen víctimas de la violación a los derechos
territoriales, como los siguientes casos:
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La Red Agroforestal precisa que en el Chaco
argentino se contabilizan 11,4 millones de
hectáreas en disputa, y en todo el país existen
víctimas de la violación a los derechos
territoriales |
Sandra Juárez,
murió frente a una topadora el 13 de marzo de 2010, en el
paraje campesino de San Nicolás (Santiago del Estero). Tenía
33 años y dos hijos.
Javier Chocobar,
comunero diaguita de comunidad Chuschagasta (Tucumán), fue
asesinado el 12 de octubre de 2009 por ex policías y un
empresario que pretendían hacer uso de una cantera dentro
del territorio comunitario
Roberto López,
miembro de la comunidad Potae Napocna Navogoh (La Primavera,
de Formosa), fue asesinado en la represión policial del 23
de noviembre de 2010.
Cristian Ferreyra,
23 años, militante del Movimiento Campesino de Santiago del
Estero (Mocase), fue asesinado el 16 de noviembre de 2011 en
el paraje San Antonio, en el norte de esa provincia.
Barrio Ituzaingó Anexo:
más de 100 vecinos muertos por cáncer (tasa de muerte por
cáncer, 33 por ciento; en Argentina, 18 por ciento); el 80
por ciento de niños del barrio tienen agrotóxicos en la
sangre.
Por su parte, la subsecretaría de Agricultura Familiar, en
un relevamiento de apenas tres meses, constató la existencia
de “857 conflictos de tierra en todo el país, que afectan
a 63.843 familias e involucran 9,3 millones de hectáreas”.
Todos los conflictos por tierras obedecen al corrimiento de
la frontera agropecuaria en la Argentina.
Objetivo ilógico
La superficie en disputa alcanza los 11,4 millones de
hectáreas y son afectados 1,6 millón de personas. Sumado a
ello, el Plan Estratégico Agroalimentario (PEA),
presentado recientemente por el Gobierno nacional, entre
otros objetivos, se plantea aumentar la producción granaria
un 60 por ciento.
Esto es, pasar de los 100 millones de toneladas actuales a
160 millones para 2020. Reconoce la necesidad de avanzar
sobre nuevos territorios. Desmontes, uso de agrotóxicos,
conflictos territoriales y desalojos son las consecuencias
más predecibles.
Por eso nos preguntamos: ¿Cuántos hermanos más deben
morir para acabar con este modelo de producción que cada día
enferma y mata a más gente?
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En materia de fumigaciones se estima que son 12
millones de personas las que se encuentran
expuestas de modo directo, sistemático,
repetitivo y generalizado a los agrotóxicos |
Más específicamente, en materia de fumigaciones se estima
que son 12 millones de personas las que se encuentran
expuestas de modo directo, sistemático, repetitivo y
generalizado a los agrotóxicos, cuyas consecuencias en la
salud y el ambiente se están discutiendo por estos días en
sede judicial en la ciudad de Córdoba, en el marco de la
denominada “Causa de barrio Ituzaingó Anexo”.
Crímenes
Por todo ello, decimos que las consecuencias que producen
las fumigaciones sobre la salud y la vida de las personas
expuestas involuntariamente a estas prácticas poseen la
suficiente entidad como para ser calificadas como crímenes
de lesa humanidad. Ello por cuanto se trata de actos serios
de violencia que dañan a los seres humanos privándolos de lo
más esencial: su vida, su libertad, su bienestar psíquico,
su salud y/o dignidad. Son actos que, por su extensión y
gravedad, van más allá de los límites tolerables por la
comunidad internacional.
En tal sentido, podemos afirmar con claridad que los
elementos comunes a todos los crímenes de lesa humanidad
están igualmente presentes en el caso de las fumigaciones.
Ataque repetitivo, sistemático y generalizado: las
fumigaciones implican, entonces, una serie de actos,
sostenidos en el tiempo, no menos de tres por cosecha,
realizados en contra de la voluntad de ciudadanos que viven
cerca de los campos sembrados con soja. Dicha línea de
conducta afecta anualmente a miles de víctimas en el mundo,
sin distinguir raza, sexo y edad, y se lleva a cabo conforme
con la logística diseñada por organizaciones transnacionales
dedicadas al comercio de estos paquetes tecnológicos (soja
transgénica y glifosato).
Contra una población civil: las fumigaciones afectan a un
extenso grupo humano, sin distinción de credo, raza y edad.
Importa el traslado forzoso de la población civil rural,
campesina y pueblos originarios hacia centros urbanos o más
alejados de su hábitat natural, con el propósito de escapar
a estas agresiones, abandonando su centro de vida, su
cultura, etcétera, condenándolos al desarraigo más
encarnizado.
En definitiva, es
imprescindible abandonar el actual modelo de producción que
sólo persigue la maximización de las ganancias por parte de
las empresas transnacionales, empresarios sojeros y pools de
siembra, en detrimento de la salud pública de todos los
habitantes y del medio ambiente en general.
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