A cinco años de
aquel aciago día en que los pobladores de Rincón’í, una
pequeña comunidad rural localizada en el departamento de
Paraguari (a 120 kilómetros de Asunción), sufrieran la mayor
catástrofe ecológica conocida en el país, ocasionada
por la empresa
norteamericana Delta&Pine, la lucha
por alcanzar la
justicia continua firme.
Los antecedentes de este caso indican que desde el 20
de noviembre de 2003 el juez Guzmán Torres tiene en su poder
la acusación de los fiscales del crimen Hugo Ríos y Ricardo
Mello Faella, este último también especializado en delitos
ecológicos, en la que solicitaron la condena de siete años y
seis meses de prisión para Nery Guzmán Rivas, funcionario de
la Delta&Pine ya procesado, y de cinco años para Julio César
Chávez, propietario del predio donde se arrojó la basura
tóxica.
Además, los fiscales intervinientes pidieron dejar
abierta la causa para el tercer procesado, el ciudadano
estadounidense Eric Lorenz, representante de la Delta&Pine
en Paraguay, actualmente prófugo de la justicia paraguaya.
El juez Torres tenía legalmente 60 días de plazo para
pronunciarse, que ya se cumplió holgadamente, razón que
motivó a los vecinos a salir nuevamente a las calles de la
ciudad de Paraguari a manifestar su descontento por la
lentitud demostrada por el letrado en dictar sentencia para
quienes ellos consideran responsables de la contaminación de
Rincón’í.
La Rel-UITA acompañó desde un principio la lucha por
la dignidad de los pobladores de Rincón’í, con el objetivo
de que los mismos puedan recuperar su derecho a tener una
vida saludable y un ambiente protegido en el cual conservar
sus tradiciones y fuentes de vida como la tierra y el agua,
ahora inutilizadas por la contaminación. El representante de
la UITA en Paraguay, Oscar Jara, junto con la dirigente
vecinal de la zona afectada, Ana María Segovia, y
representantes de los sindicatos afiliados a la
Internacional: La Cordillerana, Tabacalera Las Palmas,
Parmalat, Pechugón, Azucarera Guarambaré, Azucarera Iturbe,
Frigorífico IPSA, Frigorífico Frigovit, y Agua Mineral
Watson, apoyaron con su presencia la marcha de los
pobladores de Rincón’í hasta el Juzgado de Paraguarí.
Una vez que estos representantes fueron recibidos en
el despacho del juez Torres, éste les expresó que se
expedirá sobre el caso luego que estudie en forma minuciosa
los 5 folios radicados en su juzgado sobre la causa.
Cuando los dirigentes gremiales le reclamaron el
vencimiento del plazo procesal de 60 días desde que los
fiscales le hicieron entrega del Auto para Sentencia, Torres
se puso a la defensiva. Expresó que la información que
manejaban era errónea y aclaró que este plazo corre sólo los
días en que él hace oficina en el Juzgado de Paraguari, que
suelen ser dos o tres a la semana, en la medida en que las
otras causas que tiene pendientes en Asunción se lo
permiten. Por tanto, aseguró que aún está dentro de los
plazos procesales normales, por lo que no ve retraso en el
dictamen de sentencia.
“Ustedes están en todo su derecho de manifestarse,
pero eso no influirá en la sentencia que dicte al respecto
de este caso. Voy a ajustarme a derecho, respetando los
procedimientos y plazos legales. Es el proceder que debo
respetar y que me respaldará en el futuro ante cualquier
instancia. Hasta el momento, estamos cumpliendo y no existe
retraso alguno en la causa”, enfatizó Torres.
Sin embargo, los representantes de los pobladores del
Rincón’í no quedaron muy satisfechos con las razones
vertidas por el Juez y expresaron a la salida de su despacho
que esperarán un tiempo más por la sentencia, pero si
consideran que Torres está dilatando el dictamen, volverán a
manifestarse por las calles de Paraguari, en un plazo menor
a tres meses.
“Nosotros exigimos que se haga justicia. Hace cinco
años que nuestra gente está luchando por esta causa, a pesar
de todas las presiones políticas existentes en contra y el
desinterés total demostrado por el gobierno nacional.
Creemos que ya es hora que el juez Torres se expida, de
manera que nosotros podamos iniciar otros trámites jurídicos
con miras a que la empresa Delta&Pine nos indemnice por los
daños y perjuicios causados a nuestra comunidad, al medio
ambiente y a la salud de los pobladores. Esa es nuestra
meta”, señaló Segovia.
Indicó por último que seguirán insistiendo porque Eric
J. Lorenz vuelva al país para ser sentenciado, ya que la
causa seguida contra él se encuentra congelada, por estar el
imputado prófugo desde 1998. Al respecto, durante una
reunión previa mantenida por los dirigentes y vecinos de
Rincón’í con el fiscal del crimen de Paraguari, Hugo Ignacio
Ríos, éste les indicó que ya tiene perfectamente
identificado el lugar en dónde se encontraría refugiado
Lorenz, y aunque no quiso revelar el sitio, aseguró que
harán todo lo jurídicamente posible para que vuelva a
Paraguay para ser sentenciado.
Rosalía Ciciolli
Asunción
© Rel-UITA
24 de marzo de 2004
