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La enorme desigualdad en términos
de distribución de la riqueza en Guatemala es evidente tanto
en los datos estadísticos sobre hambre, desnutrición crónica
infantil y pobreza como en las condiciones de vida de la
población en los cinturones precarios de la ciudad y en
miles de comunidades rurales a lo largo del territorio
nacional. El país que ocupa el cuarto lugar a nivel mundial
en producción de azúcar, con jugosas y dulces ganancias para
el agronegocio azucarero, pero a la vez ostenta el amargo
cuarto lugar mundial en mayor desnutrición crónica infantil.
Organizaciones sociales y populares tanto nacionales como a
nivel global han denunciado que el actual modelo económico
capitalista sobrepone los intereses de acumulación de
grandes corporaciones trasnacionales y empresas nacionales
sobre el derecho a la vida y alimentación de la población.
Son ya alarmantes los
anuncios de una disminución a nivel internacional de las
reservas de granos básicos para la alimentación debido a su
uso en generación de energía para automóviles y la industria
y el aumento de los precios de estos productos debido entre
otras cosas a la especulación financiera en las bolsas de
mercados a futuro.
El avance del modelo neoliberal desde mediados de la década
de los 80 del siglo pasado, con las políticas de apertura
comercial, propició que Guatemala dejará de ser
autosuficiente en la producción de maíz e iniciara a
importar cada vez más este grano vital para la vida humana y
animal.
Alrededor de un tercio de maíz que se consume en el país es
grano importado.
Ante la
anunciada crisis alimentaria que se cierne, los pasos que la
sociedad y el gobierno encaminen, deben estar orientados al
logro de la soberanía alimentaria y el desarrollo endógeno a
partir del apoyo decidido a la economía campesina y la
democratización en el uso y manejo de los recursos
naturales, principalmente la tierra.
Si bien en este momento son necesarios los planes de
emergencia que incluyen ayuda alimentaria en las áreas más
pobres y transferencia de alimentos por trabajo, es
fundamental que las políticas públicas se orienten a la
reactivación de la producción nacional de alimentos.
Cualquier política a impulsar debe hacerse desde un Estado
que por el momento, luego del feroz ataque neoliberal, se
encuentra en su punto más precario de debilidad
institucional y financiero. Una premisa de la sociedad en su
conjunto debe ser el fortalecimiento del Estado.
Recientemente, el Ministerio de Finanzas lanzó una propuesta
de reforma tributaria. El sector empresarial, organizado en
la Cámara del Agro y en el Comité Coordinador de
Asociaciones Empresariales, ya ha sentado postura negativa
frente al intento del gobierno por fortalecer el erario.
En menos de un seis meses el actual gobierno, autollamado
socialdemócrata, ha dado marcha atrás con dos iniciativas
para afrontar la crisis alimentaria: precios tope a
productos de la canasta básica y el anuncio de aplicar un
decreto legislativo de 1974 que obliga a los productores
latifundistas a destinar el 10 por ciento de la superficie
cultivada a producir granos básicos. En ambos casos la
Cámara del Agro saltó a la opinión pública indignada y de
facto veto las propuestas de gobierno a pesar de la crisis
alimentaria actual y la por venir.
Por el contrario el gobierno recién liberó la
importación de granos y otros productos de la canasta
básica, a excepción del azúcar.
Una medida que favorece a
los monopolios de comercialización de granos básicos,
protege de forma desmedida a los azucareros nacionales y que
difícilmente se traducirá en menores precios para el
consumidor final.
Por el momento el gobierno “socialdemócrata” está en deuda
con la población.
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