|
En
Nicaragua las prácticas de Comercio Justo (CJ) se
remontan a fines de los ochenta y principios de los noventa.
Para conocer que opinan los pequeños productores y sus
organizaciones involucradas en este sistema, cómo sienten su
evolución, qué impacto ha tenido o está teniendo en sus
vidas y qué creen que habría que hacer para mejorarlo,
realizamos la presente investigación durante los meses de
enero a marzo de 2010 en base a entrevistas con los gerentes
y responsables de 19 organizaciones de pequeños productores
vinculados al CJ de Nicaragua; la mayoría
certificadas por FLO (Asociación del Sello de Productos de Comercio Justo), pero
algunas también desarrollando este tipo de experiencias a
nivel local sin ninguna certificación.
El grupo de organizaciones entrevistadas aglutina a unos
13.500 pequeños productores, la mayoría de café, aunque
también hay de ajonjolí, maní y miel. Con sus experiencias y
sus apreciaciones hemos intentado construir una imagen de lo
que para ellos ha sido y es el CJ, y las cosas necesarias
para mejorarlo en el futuro, para que responda realmente a
sus intereses y necesidades.
Conclusiones
La
percepción general en las organizaciones entrevistadas, es
que el sistema de CJ es aún el que mejor representa los
intereses y las necesidades de los pequeños productores
organizados; el problema ahora es lograr que ellos sean los
dueños del sistema. ¿Cómo se puede hacer? Con su
participación activa en todas las decisiones, con
transparencia en toda la cadena productiva, con su
implicación en los procesos de certificación, con un precio
más justo para el productor y para el consumidor final que
supone reajustes en la repartición del pastel de las
ganancias. De todas formas llama mucho la atención cuatro
cosas en las que creemos que todavía hay profundizar el
trabajo:
-Que los
costos indirectos del modelo no hayan sido calculados.
-Que no
haya forma de cuantificar el impacto del premio social o de
definir a partir de qué umbrales puede tener un impacto real
en la vida y en las necesidades de los pequeños productores.
-Que el
desarrollo del CJ esté vinculado a la exportación. Que el
vínculo entre los pequeños productores que están en el
sistema de CJ y los consumidores de las ciudades sea mínimo
y no haya estrategias desarrolladas para fortalecer esta
alianza.
-Que la
transformación y la agregación de valor sea mínima o
represente volúmenes mínimos en la estrategia de ventas;
casi todas las organizaciones entrevistadas (18 de 19)
siguen siendo exportadoras de materias primas.
El otro
gran tema sobre el que hay mucha necesidad y mucha
expectativa, es sobre sistemas de crédito más justos, en
condiciones más favorables para los pequeños productores.
Una de sus necesidades más sentidas para obtener mayores
ingresos es intensificar la producción para, en la misma
área, aumentar los rendimientos de sus cosechas, algo que no
se puede lograr si no se dispone de crédito barato, en el
momento oportuno y en un plazo que no descapitalice al
productor.
El CJ es la
alternativa; pero en manos de los pequeños productores. Hay
que profundizar los alcances para que este modelo empodere
al pequeño productor y mejore de su calidad de vida.
¿Estamos logrando esto? ¿Qué cosas deberíamos cambiar para
lograrlo? ¿Quién pone qué para conseguirlo? Estas son las
cosas esenciales que hay que preguntarse…
A nivel de
comercio justo nacional, especialmente con alimentos
básicos, es un fenómeno incipiente promovido por algunas
alcaldías, organizaciones de la sociedad civil y
asociaciones de productores, con poca capacidad de cubrir
una demanda amplia, ni siquiera temporalmente, y más
enfocadas a que los productores puedan vender mejor sus
productos que a tejer una alianza campo-ciudad donde
productores y consumidores ganen. En este sentido llama la
atención que sólo haya un ejemplo en el país de tres
cooperativas asociadas a NICARAOCOOP enfocadas al consumo de
comercio justo, y que no haya uniones de cooperativas (UCAs),
ni asociaciones de consumidores que puedan ser sus
contrapartes y que permitan desarrollar alianzas amplias que
garanticen el control de toda la cadena productiva y una
mejora en los precios de venta y de compra, especialmente si
pensamos en el escaso poder adquisitivo de los salarios y en
el precio al que tienen que vender sus cosechas los
productores a los intermediarios.
También
llama la atención la fragmentación y la poca incidencia que
tienen las iniciativas que existen, que no son capaces de
abastecer más que a un número muy reducido (no se sabe
exactamente cuánto) de la población en algunas cabeceras
municipales. Con esto no se quiere decir que la
fragmentación sea mala en sí. Si en cada uno de los 153
municipios del país hubiera un mercado campesino donde el
productor pudiera llegar a vender su cosecha a precios más
favorables para el consumidor, sería un gran paso adelante y
el inicio de una alianza productor-consumidor que podría
seguir profundizándose a otros niveles. El problema es que
estos mercados a nivel municipal no llegan ni a 10 en todo
el país, lo que muestra la debilidad de este movimiento y lo
poco que ha calado en la sociedad la lógica de comercio
justo.
|
