Brasil

Brasil es uno de los pocos países de la región que ha avanzado en la institucionalización de comités nacionales de contralor de la aplicación del derecho humano a la alimentación. Desde esa posición, el gobierno y las organizaciones de la sociedad civil están aportando a la discusión mundial sobre los acuerdos internacionales que lo implican. Durante la 3ª Consulta Regional para América Latina y el Caribe FAO – Organizaciones No Gubernamentales / Organizaciones de la Sociedad Civil, pudimos dialogar con Flavio Valente, relator nacional para el Derecho Humano a la Alimentación, Agua y Tierra Rural de Brasil.

-¿Cómo ves la evolución de los derechos humanos desde la aprobación de la Declaración Universal hasta nuestros días?

-Las conquistas obtenidas por los pueblos del mundo en la esfera de los derechos humanos son el resultado de la lucha de grupos, poblaciones e individuos oprimidos y discriminados a lo largo de milenios de historia de la humanidad. Es el resultado de la lucha de esclavos, siervos, trabajadores asalariados, mujeres, homosexuales, pueblos indígenas y otros grupos excluidos y discriminados en búsqueda de equidad, dignidad, diversidad y libertad. La Declaración Universal de los Derechos Humanos representa la consolidación de estas conquistas y fue adoptada por los pueblos del mundo cuando aún estaban bajo el impacto de las atrocidades del nazismo.

En 1966 fueron aprobados dos pactos, en vez de uno como estaba previsto, que apuntaban a asegurar el respeto de los derechos previstos en la Declaración Universal: el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La Guerra Fría era el telón de fondo para esa división: los países occidentales promovían los derechos civiles y políticos y los países socialistas los derechos sociales, económicos y culturales.

El final de la Guerra Fría y el crecimiento del movimiento internacional por los derechos humanos posibilitaron que en la Conferencia de Viena de 1993 se reafirmaran sus principios fundamentales:

• Universalidad e inalienabilidad;

• indivisibilidad;

• interrelación e interdependencia;

• equidad y no discriminación;

• participación e inclusión;

• obligación de rendir cuentas y estado de derecho.

La reafirmación de su indivisibilidad reubica a los derechos económicos, sociales y culturales en el mismo nivel que los derechos civiles y políticos y obliga a priorizar la discusión sobre su materialización en cada uno de los países. El derecho humano a una alimentación adecuada había motivado un estudio del relator especial de la ONU, Asbjorn Eide, que continúa siendo la base de las elaboraciones al respecto hasta el presente.

-Específicamente en lo que refiere al respeto de ese derecho, ¿qué pasos se han dado?

-El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales elaboró, en el año 2000, el Comentario General 12, que aclara el contenido de este derecho y orienta a los gobiernos sobre los pasos que son necesarios para hacer efectiva su promoción. Esta aclaración había sido solicitada por los jefes de gobierno presentes en la Cumbre Mundial de la Alimentación (Roma, 1996).

Después de reafirmar y aclarar el concepto del derecho, el Comentario presenta una propuesta de estrategia cuyos pasos principales son:

a) Articulación de las políticas, programas y acciones públicas relevantes.

b) Definición participativa de indicadores, metas, plazos y recursos asignados.

c) Establecimiento de mecanismos de monitoreo y evaluación.

d) Consolidación de una ley orgánica de promoción del derecho a la alimentación en el contexto de la seguridad alimentaria y nutricional.

Es esencial tener en cuenta que para la promoción de los derechos humanos el proceso es tan importante como los resultados, es decir que “los fines no justifican los medios”.

Además, el Comentario remarca que los Estados tienen, junto a sus obligaciones de resultados, obligaciones de conducta. Al concretar el derecho humano a la alimentación es fundamental que se mantenga la coherencia con los principios básicos de todos los derechos: universalidad, no discriminación, indivisibilidad, etcétera. Para ello es necesario que inviertan en la capacitación de los diferentes actores implicados en el proceso, que potencien los mecanismos públicos de información y faciliten el funcionamiento de los organismos de monitoreo.

-¿Cuál es la situación actual?

-Hoy se da una agudización de la disputa política entre el paradigma de desarrollo orientado por y para el mercado y el paradigma de los derechos humanos. Esto se refleja claramente en la lucha entre el unilateralismo militarista y hegemonista del presidente de Estados Unidos, George W. Bush, y la propuesta de fortalecimiento de los mecanismos multilaterales de la ONU.

El derecho humano a la alimentación se encuentra hoy en el centro de esa disputa. A nivel de FAO se estableció un grupo de trabajo que elaboró un conjunto de directrices voluntarias para la promoción del derecho. Este grupo debe presentar su propuesta al Comité Mundial de Seguridad Alimentaria, que se reunirá en setiembre próximo.

La participación de representantes de la sociedad civil ha sido intensa durante todo este proceso y ha servido de forma significativa para la elaboración de los borradores que actualmente se están discutiendo. Este ha sido un proceso difícil por diferentes razones:

a) se trata de la primera vez que los gobiernos discuten cómo incorporar efectivamente el abordaje de los derechos humanos en la definición e implementación de políticas públicas;

b) si bien la mayoría de los países participantes han firmado el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, algunos no lo han hecho, entre ellos Estados Unidos;

c) Washington se ha parapetado detrás de una posición que no concede la misma importancia a los derechos humanos económicos, sociales y culturales que a los civiles y políticos;

A pesar de esto la movilización de las organizaciones sociales y de algunos gobiernos ha conseguido que en los borradores se establezcan puntos muy interesantes, como, por ejemplo, que se avance en la precisión del lenguaje y no se acepten fórmulas como “los países podrían” sino que se diga directamente “deben”, o la elaboración e implementación de estrategias nacionales de promoción del derecho humano a la alimentación que incluyan el diagnóstico de las causas de las violaciones; propuestas políticas integradas con metas, indicadores, plazos y definición claros de los recursos asignados, o la justiciabilidad de esos derechos, esto es el derecho a reclamar ante la justicia por su incumplimiento, sea por parte de los gobiernos como a través de los mecanismos fijados en los acuerdos internacionales de comercio.

El papel de la sociedad civil en este proceso es fundamental. Solamente con nuestra participación consciente y militante tendremos condiciones de garantizar que nuestros gobiernos efectivamente coloquen las políticas económicas y de desarrollo al servicio de los derechos humanos, o sea del respeto, protección y promoción de la dignidad humana para todos los habitantes de nuestros países y del planeta.

Ariel Celiberti

© Rel-UITA

3 de mayo de 2004