una especulación tecnocrática

En junio de 2007 la Asamblea Nacional aprobó en general la Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (SYSAN). No obstante, la votación artículo por artículo se vio trabada por la intransigencia de las bancadas liberales en la Asamblea, que se opusieron a ratificar la prohibición a la importación de alimentos conteniendo organismos genéticamente modificados (OGM) incluida en uno de los artículos

La Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, que había sido dictaminada sin mayores problemas por una Comisión especial en la pasada legislatura, con importantes aportes de organizaciones de la sociedad civil comprometidas con esa temática, fue reenviada a Comisión para ser estudiada nuevamente. Mientras tanto, diversos diputados decidieron pedir a la FAO presentar una nueva propuesta, supuestamente para fortalecer el proyecto ya existente.

El pasado 6 de noviembre la FAO organizó el “Seminario sobre Soberanía y Seguridad Alimentaria Nutricional y propuesta de fortalecimiento de la Ley de SYSAN”, en el cual presentó a los diputados una propuesta que desvirtúa el sentido más profundo del Proyecto de Ley ya aprobado en lo general.

Frente a esta situación, y a las severas críticas que están surgiendo en el seno de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan el tema de soberanía y seguridad alimentaria, Sirel dialogó con Eduardo Vallecillo, facilitador nacional del Grupo de Interés por la Soberanía y la Seguridad Alimentaria y Nutricional (GISSAN), para conocer la posición de este organismo ante esta nueva propuesta elaborada por la FAO.

-¿Qué es el GISSAN?

-Hace cuatro años la Mesa Agropecuaria y Forestal¹ comenzó a trabajar el tema de la soberanía y seguridad alimentaria, y junto a otras organizaciones decidieron conformar GISSAN. Actualmente estamos conformados por 73 organizaciones nacionales y 25 ONG europeas que nos apoyan en esta lucha. Comenzamos un largo proceso de discusión y consulta con numerosos grupos y organizaciones campesinas del país, y logramos introducir nuestra propuesta de ley en la Asamblea Nacional. Esta propuesta fue dictaminada por una Comisión especial y finalmente fue aprobada en lo general por los diputados.

-Sabemos que no se pudo lograr su aprobación en lo particular y que ahora la FAO acaba de presentar una nueva propuesta. ¿Cómo evalúa esta actitud?

-Tengo entendido que a algunos funcionarios de la FAO no les gusta el tema de la soberanía alimentaria. En primer lugar, tienen la orientación, sobre todo a nivel latinoamericano, de promover un marco jurídico específico referido a la alimentación y hasta hay gruesos libros que contienen diferentes directrices alrededor de cómo debe ser una ley de seguridad alimentaria. Hay uno que se llama “Directrices voluntarias para establecer el marco jurídico al derecho a la alimentación”, prácticamente un formato que la FAO ya tiene establecido. Hablar de soberanía alimentaria es un concepto que va mucho más allá de un modelo establecido, y es algo muy novedoso que tiene que ver con la dignidad de los pueblos. Hemos propuesto introducir ese tema no como un concepto aislado, sino como modelo de intervención. Cuando se habla de seguridad alimentaria se dice que si se cumplen sus cuatros pilares la persona no va a padecer de inseguridad alimentaria. Pero el problema es cómo lograrlo, y aquí entra en juego el concepto de soberanía alimentaria y su dimensión local.

-¿Qué papel juega el nivel local?

-Es fundamental, porque localmente es más fácil ver los problemas e intervenir en una dimensión más pequeña, con fondos menores, y se puede establecer un modelo de intervención donde todos asuman responsabilidades. Esta es nuestra propuesta.

-¿En que se diferencia la propuesta de la FAO  con el proyecto que ustedes presentaron?

-Primero hay que decir que la FAO está presentando y manejando su propuesta como algo secreto, y eso nos parece incorrecto, porque es algo que involucra a todos los nicaragüenses. En un afán de presentar una propuesta técnica y no política, cuando el problema del hambre es político, deciden hacer un documento secreto. Otro punto es que el principio de precaución no está realmente abordado, y la consecuencia es que en Nicaragua va a seguir entrando ayuda alimentaria con transgénicos y no hay un mecanismo que proteja a la gente. Todo lo que tiene que ver con transgénicos la FAO dice que debe ser reglamentado en otras leyes, pero ellas todavía no están aprobadas. La propuesta de la FAO dice también que muchas de las cosas que eliminaron de nuestra propuesta tienen que ser incluidas en un “Reglamento”, y las experiencias pasadas, como por ejemplo en Guatemala, nos dicen que es algo antojadizo y que  muchas veces este instrumento impide una verdadera aplicación del concepto de soberanía y seguridad alimentaria.

Lo que queremos es una ley que sustente programas que realmente van a llegar a la gente. Tenemos, por ejemplo, el caso de los frijoles. En el municipio de Santa Lucía de Boaco la producción anual de frijoles es de aproximadamente 45 mil quintales² y está casi totalmente financiada por salvadoreños. Quisimos hacer una prueba, tratando de comprar una cierta cantidad y fue imposible. Todo estaba ya comprometido aparentemente para la exportación, y esta situación la encontramos en todo el territorio nacional. ¿Con qué ley se va a parar esto?

-¿Qué es lo que más les preocupa de esta propuesta?

-Es muy técnica y es posible que este elemento sea algo que haya faltado a nuestra propuesta, sin embargo, si hubiésemos podido contar con la participación de la misma FAO, seguramente hubiese salido mejor, pero a ellos nunca les interesó. Lo que queremos es una ley que tenga un verdadero impacto en la gente que padece hambre, y en la que está proponiendo la FAO no hay nada de eso. En todo esto es fundamental la dimensión local, con una intervención directa de las municipalidades, es decir un programa nacional que se traslade a los municipios y programas propios de los municipios que incidan en la realidad local. Esto es lo que propone nuestro proyecto y que desaparece en la propuesta de la FAO.

Creemos que una ley debe ser discutida por todos y no puede ser creada y presentada como algo secreto, desde un escritorio y sin consultar a nadie. Esta situación es aún más preocupante cuando se constata la ignorancia que hay alrededor del tema por parte de muchos diputados que asistieron al seminario promovido por la FAO.

-¿Qué opinas sobre la posición del representante de la FAO acerca de los transgénicos, que dijo no estar a favor ni en contra?

-Es hipócrita, porque la FAO tiene su departamento de investigaciones y tiene también una posición definida, porque si así no fuera el PMA no traería transgénicos en la ayuda alimentaría, como lo hizo en Nicaragua.

-¿Cuáles serán los próximos pasos?

-El grupo de animadores de GISSAN se va a reunir y vamos a tomar decisiones. Me reuní con la representante de la FAO en Nicaragua, Laura de Clementi, y su posición fue muy dura. Me dijo solamente que la honorable Asamblea Nacional solicitó a la FAO una asesoría técnica, y  que se le respondió con una propuesta técnica. Agregó también que no podía consultar esta propuesta con otras organizaciones, porque sería una posición política y la FAO no puede hacer esto. ¿Será posible solucionar un problema que es político con una ley técnica? Creo que no, y vamos a hacer todo lo posible para que no se apruebe.