Con el investigador Peter O’Driscoll

“Las grandes multinacionales de la alimentación deben ser enfrentadas a nivel global”

Iniciativa para la Responsabilidad es el nombre de un proyecto que este investigador* coordina actualmente en el Center of Concern, un instituto de análisis social y económico basado en Estados Unidos. Objetivo del proyecto: reunir a productores, trabajadores del campo y del sector de procesamiento, ambientalistas y consumidores para enfrentar el poder de las grandes empresas mundiales de la alimentación.

 

-¿Cuál es su formación?

-Estudié Economía del Desarrollo hasta el nivel de maestría, pero diría que mi formación ha sido sobre todo de campo. Viví en El Salvador durante siete años, trabajando muy de cerca con la población rural y con refugiados y desplazados por el conflicto civil de los 80. Durante el período de reconstrucción tratamos, junto a las comunidades locales, de recomponer la economía rural, cosa que fue prácticamente imposible porque el comercio había destruido el mercado del maíz, y como los campesinos dependían de esa producción la mayoría tuvo que emigrar a Estados Unidos. Esta experiencia despertó mi interés por las relaciones entre el mercado, las políticas de comercio que nacen de ese poder y los impactos en las comunidades.

 

En un principio fui a El Salvador por dos motivos. Por un lado, porque en el gobierno de Estados Unidos estaba influyendo demasiado un conflicto interno, una guerra civil y muchos ciudadanos norteamericanos atribuíamos responsabilidad en él al gobierno de nuestro país. Y por otro lado, por un sentimiento de solidaridad con la comunidad que sufría. Fue precisamente en El Salvador que surgió mi interés por la economía, especialmente por la macroeconomía, al haber visto sus resultados concretos.

 

-El modelo agropecuario es parte de esa macroeconomía. ¿Puede haber posibilidades de desarrollo de países o de regiones en ese marco?

-Francamente creo que no. He tenido la oportunidad de viajar mucho. Durante 3 años fui encargado para América Latina de una institución que promovía el desarrollo social. Visité un montón de países y examiné gran cantidad de proyectos, y me convencí de que con las actuales políticas macroeconómicas no hay posibilidades de desarrollo. Por supuesto que siempre habrá comunidades creativas y heroicas que saldrán adelante, pero los paradigmas vigentes actualmente no están pensados para promover el bienestar de las comunidades, en especial las de bajos recursos. Estoy abierto a que personas con mayor experiencia actual de campo que yo –la mía fue hace 10 años– me planteen alternativas concretas que se puedan llevar a cabo dentro del contexto del modelo, pero de todas maneras creo que, si existen, en todo caso van a ser más la excepción que la norma. En el plano de las relaciones comerciales, lo que está en juego no es la legitimidad de instituciones como la OMC, sino su democratización. Se trata de instituciones que hace largos años han sido capturadas por intereses económicos y que ahora hay que democratizar.

 

-¿En qué consistiría el cambio de paradigma que usted preconiza?

-El problema fundamental es garantizar tres principios en el manejo de la economía: crear mecanismos para que en la discusión sobre políticas económicas intervengan todos los afectados; que los poderes que surjan de los procesos democráticos de participación deban rendir cuentas a las bases que los eligieron, evitando que los gobiernos o las instituciones oficiales tomen decisiones a puertas cerradas; tender a la transparencia: que todos los habitantes de un determinado país puedan tener acceso a la información que se maneja al más alto nivel, para poder hacer evaluaciones. En el modelo actual esos tres principios son sistemáticamente violados. En un paradigma alternativo lo importante no será establecer normas sobre cuánto comercio pueda haber, o qué tipo de productos se podrá comercializar sino manejarse con esos tres principios, para que la toma de decisiones sobre qué tipo de comercio, qué tipo de inversión pública, qué tipo de acceso al crédito se fomentará, esté sujeta a un debate auténtico y democrático en el que tomen parte las poblaciones afectadas. Lo básico es que surjan soluciones a las necesidades, adecuadas a cada realidad.

 

-Observando el mapa, ¿dónde piensa usted que existan hoy mejores condiciones para desarrollar más rápidamente procesos de ese tipo?

-Hace dos años habría dicho que en Brasil, tras la llegada al gobierno de Lula, pero se evolucionó en un sentido diferente. En Uruguay ahora se vislumbra una posibilidad de que haya mayor participación de la gente. De todas maneras, aunque algunos gobiernos nacionales tengan efectivamente la voluntad de experimentar, de probar otras maneras de conducir la política, pienso que están sujetos a las normas internacionales y carecen de la capacidad de salirse de instituciones como la OMC o los organismos financieros. Tienen que estar allí, y bien sabemos que las condiciones en que les son otorgados los préstamos los obligan a imponer políticas que no van en favor de procesos más abiertos, más democráticos en la economía.

 

Resulta muy difícil para cualquier país apartarse de ese sistema. Por eso es que lo fundamental es llevar a cabo un trabajo sistemático de cambio a nivel internacional, por ejemplo promoviendo el comercio justo, para intentar garantizar un ingreso adecuado a los productores. Hay muchas experiencias interesantes a nivel local o regional que podrían ser consideradas como modelos alternativos, pero tienden a quedarse a nivel micro, precisamente porque la capacidad de hacerlas crecer se enfrenta a las normas del sistema actual. A mí me encantaría que alguien me dijera que eso no es así, pero...

 

-Los cambios que usted pregona no van a producirse entonces a corto plazo...

-Pienso que el sistema actual puede llegar a sucumbir víctima de sus propias contradicciones. Me anima mucho que la gente a nivel local y regional siga experimentando, pero lo importante es coordinar esas formas alternativas con esfuerzos de cambio estructural. Si creemos realmente en el proceso de participación, las experiencias que suceden a nivel de las comunidades concretas deberían servir de insumos a la hora de definir qué tipo de reglas deberían gobernar ese nuevo sistema. Para mí no se trata de decir mercado sí o no, comercio sí o no, sino de fijar los límites de los mercados y del comercio. En El Salvador fomentábamos procesos de desarrollo local tratando de formar promotores económicos de las propias comunidades, para que pudieran sistematizar la información que recibían de su gente e intentar formular planes de desarrollo para sus comunidades.

 

En esos ámbitos de discusión un campesino nos dijo: “no entiendo por qué después de sembrar yo me voy al pueblo en Tzalatenango, voy al distribuidor, compro mis insumos, desde plaguicidas a fertilizantes, él me pone el precio y me dice cuánto. Luego cosecho y vuelvo al mismo distribuidor con mi cosecha y él me dice cuánto me va a dar por mi producto. ¿Cómo es posible? Quien tiene el producto debería poner el precio. ¿Por qué es posible que ese señor ponga los dos precios?”. Ese es un ejemplo micro de cómo funciona básicamente el sistema agrícola a nivel mundial. Cuando existe esa integración vertical entre los proveedores de insumos, los procesadores de cosechas e incluso los fabricantes de comida y la distribución, si todo ese sistema está en manos de los mismos intereses pueden imponer los precios a los agricultores y además influir no sólo en el precio sino en la calidad y el contenido de los alimentos. Quienes trabajen directamente con las comunidades deben pensar en aquello que dijo el campesino salvadoreño y tratar de comparar las realidades de esas comunidades y la forma de actuar de los actores que ellos conocen con las de los actores macro que manejan el sistema a nivel mundial.

 

-¿Cómo están comunicando este proceso los organismos de investigación y de transferencia de tecnología?

-Los investigadores pueden realizar dos tipos de aportes: por un lado, están los de los agrónomos y de otras personas que manejan técnicas específicas para mejorar la producción, no solamente la cantidad de cosecha sino la sustentabilidad. Y por otro, están los investigadores de las instituciones, que tratan de estudiar el funcionamiento del sistema. Hay muchos buenos investigadores que están dándole más transparencia al sistema, por ejemplo sobre cómo se están decidiendo los precios, los contenidos y la calidad de los productos.

 

En nuestra iniciativa tenemos tres polos: el primero tiene que ver con cómo nosotros podemos ayudar a vincular entre ellos a los investigadores que estudian la estructura del sistema. Hoy hay 15, 20 empresas que dominan el sistema agroalimentario mundial, desde la semilla hasta el plato del consumidor. ¿Cuáles son y en qué países operan? ¿Qué porcentaje de mercado controlan? ¿Cuáles son los impactos de esa grave concentración? ¿Quiénes son los otros actores, sean trabajadores, agricultores, consumidores? Para responder a esas preguntas, y que a través de nuestro sitio web (www.coc.org) todo el mundo pueda ver “el mapa del sistema”, la investigación es fundamental.

 

El segundo polo está integrado también por expertos, pero en materia legal, institucional. Son juristas e investigadores académicos de estructuras que nos ayudan a responder interrogantes como cuáles son las legislaciones nacionales e internacionales que se aplican a estas empresas, cómo podemos hacer para que las respeten e incluso proponer nuevas leyes. El tercer polo, quizás el más importante, lo constituyen los movimientos sociales. Para cambiar este sistema es importantísimo sumar la fuerza y la legitimidad de los cuatro movimientos a mi modo de ver más relevantes: los agricultores; los trabajadores (en este plano me encanta la relación que se está estableciendo con UITA, por su alcance a nivel mundial no solamente al agrupar a los trabajadores de campo y a los asalariados en la producción sino también en materia de procesamiento y elaboración de ideas); los consumidores, que pueden tener mucho poder si logramos concientizarlos y que vayan tomando opciones en base no solamente al precio sino también a las condiciones laborales y de producción, medioambientales, etcétera; los ambientalistas, que desde hace años luchan contra los efectos perjudiciales de la agroindustria, el uso de agrotóxicos, la amenaza de los organismos genéticamente modificados.

 

Si logramos reunir a nivel mundial a esos movimientos, y los reforzamos con las iglesias y las comunidades de fe y con las agencias de desarrollo, pienso que de ahí alguna solución debería salir. Puede ser una propuesta alternativa, pero también una voluntad mancomunada de lucha contra las estructuras actuales, que están acaparando los recursos del sistema agroalimentario y dejando a los actores más importantes con las manos vacías. Nuestro papel en este proceso no es aparecer como los expertos que dicen “hagamos tal cosa” sino favorecer procesos. Apostamos a la capacidad y la representatividad de los movimientos sociales, para que si conseguimos facilitar los procesos las respuestas a corto y a largo plazo sean legítimas. Estamos tratando de modelar una forma de democracia de participación transparente, que debería existir en la conducción de las economías pero que no existe. Deseo poder facilitar y fomentar ese proceso de encuentro para que surja una legítima, válida y efectiva respuesta al poder monopólico.

 

-¿Que tipo de participación deberían tener los poderes públicos en este proceso de cambio de paradigma?

-En los últimos 20 años la inversión pública en el desarrollo local, especialmente en el agro, sobre todo comunitario, cayó estrepitosamente como consecuencia de los programas de ajuste estructural que se han aplicado. Si bien es cierto que se debe modificar las políticas de comercio y de subsidio también hay que lograr que el Estado vuelva a promover el desarrollo a nivel rural a través de la inversión y la creación de oportunidades. Por otra parte, si antes mencionaba la importancia de que los gobiernos rindan cuentas de sus acciones ante los ciudadanos de sus respectivos países, también las ONG deben rendir cuentas a sus propias bases sobre lo que están haciendo: nuestras propuestas, ¿las hacemos a partir de lo que plantean las personas afectadas o simplemente se trata de construcciones intelectuales, tal vez muy buenas pero que no nacen de la gente? A mí me interesa sobre todo la creación de un espacio en el cual las organizaciones que deberían estar representando a los diversos actores sociales se relacionen entre sí y debatan.

 

-En diversos foros internacionales organizaciones sociales han acusado a algunas ONG de intentar suplantarlas...

-Hay que corregir esas actitudes, pero también reconozcamos que es imprescindible que haya instituciones representativas, porque de otra manera no se puede dialogar. No es factible juntar a 10 mil campesinos de Uruguay con 10 mil de México y hacer un plenario en un estadio de fútbol. A lo largo de la historia humana la lucha para garantizar el buen funcionamiento de las instancias representativas ha sido una constante.

 

 

Leonardo de León

© Rel-UITA

27 de abril de 2005

 

 

* De origen británico, hoy ciudadano estadounidense.

 

 

 

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