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El
Encuentro Nacional por la Defensa de la Soberanía
Alimentaria y la Producción Campesina y Agropecuaria, se
realizó el 18 y 19 de mayo en Riosucio, Caldas.
Las
organizaciones presentes en el encuentro realizado en el
Centro del Pensamiento del Resguardo Indígena de San
Lorenzo, luego de los informes presentados y de un riguroso
análisis de la situación del agro colombiano fijan su
posición frente a la política oficial agraria y acuerdan
elevar ante el gobierno nacional el siguiente memorial de
exigencias y programa de lucha:
Rechazamos
la política agraria de producción empresarial de
agrocombustibles, caracterizada por el modelo Carimagua,
en donde se privilegia a la oligarquía rural vinculada al
capital financiero.
Repudiamos
rotundamente la importación de alimentos, semillas y
materias primas susceptibles de producir en Colombia
porque constituyen
un atentado contra la soberanía y la seguridad alimentaria
de los colombianos.
Denunciamos
las innumerables normas expedidas con pretextos sanitarios
para eliminar la pequeña y mediana producción,
transformación y comercialización de cárnicos, lácteos, aves
y panela y en ese sentido defendemos la permanencia de las
plazas de mercado públicas que abaratan los precios al
consumidor y permiten una participación activa de la
producción campesina en el mercado en contraposición a los
almacenes de grandes superficies en manos de las
multinacionales.
Convocamos
a los municipios de Colombia a oponerse de manera decidida al desarrollo de
megaproyectos de las multinacionales y los intermediarios
criollos que se toman los recursos estratégicos, desplazan a
las comunidades, privatizan los recursos y destruyen el
equilibrio ambiental de las regiones en donde se asientan.
Apoyamos la
reivindicación de las comunidades indígenas y
afrodescendientes por el respeto a su cultura, su
organización social, sus valores, sus saberes y su reclamo
por el territorio, las semillas y el respeto a la
biodiversidad.
Exigimos
1. El cese
definitivo de las negociaciones de los tratados del Libre
Comercio (TLC) y la expedición de todo tipo de normas que
pretenden adecuar al país al interés de las multinacionales.
2.
Discusión democrática de una legislación de desarrollo rural
que privilegie a los productores y la producción nacional y
la dote de instrumentos como crédito oportuno, suficiente y
barato, investigación que genere tecnologías propias y
pertinentes, comercialización que garantice precios
rentables al productor y al consumidor y que modifique la
muy injusta distribución de la tierra existente.
3. El cese
inmediato de las importaciones de alimentos, semillas y
materias primas y la promoción de la producción nacional
para el abastecimiento autónomo del mercado nacional.
4. La
derogatoria de los decretos 616, 2838, 0012, 2964,
relacionadas con la cadena láctea, el decreto 4287 para los
avicultores; el decreto 779 para la producción panelera y el
decreto 1500 para los mataderos. Al mismo tiempo exigimos la
aplicación de recursos gubernamentales para que los procesos
de acondicionamiento de la infraestructura que garantice la
inocuidad, sean una responsabilidad del Estado y no de los
particulares.
5. Optar
como criterio decisorio la opinión de las comunidades cuyas
zonas se puedan ver afectadas por el desarrollo de los
megaproyectos sobre la base de que siempre se privilegie el
interés nacional; en ese sentido exigimos la expulsión de la
Anglo Gold Ashantti
de Colombia.
6.
Destinación de recursos del Estado para la construcción
adecuación y dotación de las plazas de mercado.
7.
Condonación definitiva de las 30 mil obligaciones del PRAN.
8. Se abran
los mataderos cerrados y se garantice su existencia en los
municipios, inspecciones y centros poblados de la geografía
nacional y se acepten métodos alternativos para la
conservación de las carnes rojas de tradición campesina
diferentes a la cadena de frío.
9. Se
permita a los pequeños y medianos productores avícolas el
sacrificio en finca y la comercialización en el mercado
local y no se condicione la devolución del IVA, por la
compra de concentrados.
10. Que el
gobierno nacional acoja las normas de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) para el manejo, transporte,
procesamiento y comercialización de la leche cruda que
validan el consumo de leche hervida.
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