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Mañana
16 de octubre se celebra el Día Mundial de la Alimentación y
hay que reflexionar sobre las causas del hambre: la
exclusión de pueblos enteros; la injusta distribución de los
recursos; las políticas agrarias y comerciales que anteponen
los intereses comerciales a la las necesidades del ser
humano; y a la devaluación del derecho a la alimentación
como derecho humano fundamental.
En un mundo en el que se producen alimentos para el doble de
personas que lo habitan, cerca de 900 millones de personas
pasan hambre y están desnutridas. Y tres de cada cuatro de
esas personas que pasan hambre son pequeños agricultores,
pescadores o pastores, productores de alimentos que, sin
embargo, no tienen acceso a los recursos necesarios para
producir el sustento que necesitan para llevar una vida
plena y digna.
Esta paradoja es la manifestación más evidente de que las
raíces del hambre del siglo XXI hay que buscarlas en la
exclusión y en la marginación de pueblos enteros; en una
injusta distribución de los recursos; en políticas agrarias
y comerciales internacionales que anteponen los intereses de
los grandes mercados a la satisfacción de las necesidades
más básicas del ser humano; y en la devaluación del derecho
a la alimentación como derecho humano fundamental,
proclamado en la Declaración Universal de Derechos Humanos y
que, como tal, entraña obligaciones, hoy no cumplidas, para
todos los gobiernos, además de una responsabilidad colectiva
para la sociedad en su conjunto.
Hay varias preguntas que deberían realizarse gobiernos y
sociedades. La primera es por qué las políticas
agropecuarias se fundamentan, principalmente, en parámetros
de productividad y no incorporan el respeto al medio
ambiente y el enfoque de soberanía alimentaria que
permitiría a las personas ejercer el derecho a definir sus
propias estrategias sostenibles de producción, distribución
y consumo de alimentos, además de fomentar el carácter
multifuncional de la agricultura. O por qué es la
Organización Mundial del Comercio u otros organismos
relacionados con el mercadeo, y no la FAO, quienes
están asumiendo el liderazgo en las grandes cuestiones que
condicionan la agricultura. O por qué se ha limitado la no
realización de este derecho humano fundamental a la lucha
contra el hambre, enfoque asistencialista y en el que son
los ricos los que ayudan a los pobres sin analizar las
causas que generan el hambre.
Para acabar con el hambre se precisa una restauración de las
prioridades. Para la campaña “Derecho a la alimentación.
Urgente”, en la que trabajan desde 2003 varias
organizaciones como Prosalus, Cáritas, Veterinarios Sin
Fronteras e Ingeniería Sin Fronteras, es necesario disponer
de marcos legales específicos que garanticen el derecho
humano a la alimentación y protejan a las personas de
posibles abusos y vulneraciones realizadas por los Estados o
empresas.
Las políticas agrarias deben ser diseñadas en función de las
necesidades de la población y con la participación de los
agricultores, respetuosas con el medio ambiente y que no
tengan por objetivo principal el comercio sino la
realización del derecho a la alimentación de las personas.
Los Estados deben trabajar en aras de la coherencia de
políticas velando para que la protección y garantía de los
derechos humanos se anteponga a otros intereses como los
comerciales aunque se trate de intereses legítimos.
El gobierno español, por ejemplo, ha incorporado ya el
derecho a la alimentación como una prioridad dentro de su
política de cooperación al desarrollo, aunque esta prioridad
no debe contemplarse de manera aislada sino que es tan
importante o más que el enfoque de derechos sea transversal
en todas las políticas de Estado, incluidas las comerciales.
Si el compromiso del gobierno español es real, España
debe asumir un papel de liderazgo o de promotor de la
coherencia de políticas en el seno de la Unión
Europea, velando para que no tengan impacto negativo en
la realización del derecho a la alimentación.
Toda estrategia de lucha contra el hambre debe fundamentarse
en la realización del derecho humano a la alimentación en el
marco de una política de soberanía alimentaria, contar con
acceso regular a una cantidad suficiente de alimentos
adecuados desde el punto de vista nutricional y que sean
culturalmente aceptables para desarrollar una vida sana y
activa. El derecho a poder alimentarse de forma digna y
autónoma, más que el derecho a ser.
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