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Durante el pasado mes de julio, en el Parlamento Europeo se
escucharon posiciones mayoritarias para legislar –que ese es
su trabajo– en favor de la salud de las personas y del medio
ambiente. O en cualquier caso, en favor de un paso previo
fundamental: el principio de precaución.
Mientras
las normativas para la aprobación de nuevos alimentos se
flexibilizan y se hacen más sencillos los pasos para la
aprobación de nuevos cultivos transgénicos, en su opinión y
por el momento, el Parlamento Europeo (no así la Comisión y
el Consejo) considera que deben existir mecanismos que
eviten el consumo de dos tipos de supuestos nuevos
alimentos. Nuevos y extravagantes.
Por un
lado, el Parlamento Europeo deja claro que en la elaboración
de alimentos a partir de animales clonados y su descendencia
debe aplicarse una moratoria para su comercialización. Como
explica la ponente en este asunto, la diputada holandesa
Kartika Liotard, una mayoría clara en el Parlamento
Europeo apoya las objeciones éticas a la producción
industrial de carne clonada. Los animales clonados sufren
altos índices de enfermedades, malformaciones y muerte
prematura, y los diputados han pedido que haya una
regulación apropiada. Es hora de que la Comisión escuche al
Parlamento Europeo y a los ciudadanos.
El
Parlamento Europeo también se ha pronunciado sobre los
alimentos producidos mediante nanotecnologías. Su postura
defiende que no se puedan incluir en la lista europea de
nuevos alimentos hasta que una evaluación de riesgos
demuestre que su uso es seguro. Pero ellos y ellas saben que
las nanotecnologías ya se han empezado a utilizar en la
alimentación y en los envases alimentarios, por eso insisten
en que cualquier nano-ingrediente debe estar indicado en la
etiqueta del alimento. Y aquí enlazamos por parte de la
Eurocámara y de muchos grupos ecologistas y movimientos
campesinos, con la histórica reclamación de obligar a que
los productos elaborados a partir de animales alimentados
con forrajes modificados genéticamente sean etiquetados con
claridad: Producido a partir de animales a los que
administran piensos modificados genéticamente. Reclamación
sustentada en el derecho de los consumidores a elegir una
alimentación libre de transgénicos. Reclamación que en
Europa sigue en la lista de espera, mientras toda la
carne, leche y huevos que se consumen provenientes de
ganadería no ecológica ha sido alimentada con ingredientes
transgénicos.
Por último,
y también tiene que ver con el derecho a la información, en
España, el pasado 12 de julio, unos actos de protesta
ambiental concluyeron con la siega de dos campos de
experimentación con transgénicos propiedad de Syngenta
(la tercera empresa de semillas del mundo después de
Monsanto y Dupont). Mientras que países como
Reino Unido, Portugal o Alemania hacen
pública la situación de los ensayos en parcelas con nuevas
modalidades de cultivos transgénicos (son pasos obligatorios
previos a su posible aprobación), en España esa
información ha sido mantenida en secreto. Hasta que tras
años de solicitudes y reclamaciones ante el defensor del
pueblo, una sentencia favorable del Tribunal Europeo de
Justicia de febrero de 2009 ha permitido a la organización
Amigos de la Tierra disponer de dicha información. Amigos de
la Tierra, en defensa de los derechos de los consumidores y
consumidoras, así como de los agricultores y agricultoras
que pueden ser afectados por contaminaciones de dichos
campos, ha hecho pública la localización exacta, a nivel de
parcela, de cada uno de esos campos experimentales.
Ante la
siega de dos de esos campos, la industria biotecnológica ya
ha acusado a los movimientos sociales y ecologistas de
irresponsables y vandálicos por facilitar la información y
por llevar a cabo la protesta. Pero, mientras la legislación
sigue su lento caminar, mientras los gobernantes no toman
posturas claras y decididas, estos actos son una voz de
alerta para que sus argumentos resuenen con fuerza, sobre
todo en España, donde la situación con los cultivos
transgénicos es especialmente grave: Por el momento, la
legislación no ampara a los agricultores y agricultoras para
protegerse de la contaminación, imposibilitando que se
puedan denunciar los daños producidos; España es el
único país de la UE que cultiva transgénicos a gran
escala (con 76 mil hectáreas de maíz cultivadas en 2009, que
representa 80 por ciento de las superficie sembrada con
estos productos en toda Europa), mientras otras
naciones los prohíben con base en sus impactos ambientales,
incertidumbres para la salud e imposibilidad de evitar la
contaminación de la agricultura convencional y ecológica.
Finalmente, este país también acoge 42 por ciento de todos
los experimentos con transgénicos al aire libre que se
realizan en la Unión Europea, gracias al oscurantismo
deliberado del gobierno.
Mientras en
España hay una clara apuesta por la agricultura
transgénica y otras modernidades que nos situarán en la
punta de lanza de la industria biotecnológica –sueñan sus
promotores–, como dice David Sánchez, de Amigos de la
Tierra, no se puede permitir que nos hagan falsas
acusaciones ni se criminalice el movimiento de oposición a
los transgénicos. El debate importante no son estas
acciones, sino el contexto de imposición e indefensión
jurídica frente a los transgénicos. Si alguien quiere buscar
responsables, sería mejor buscarlos en el gobierno y en la
industria.
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